Chihuahua.- El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, reclamó a las autoridades federales por las complicaciones administrativas que enfrentan productores agrícolas para acceder a la tarifa eléctrica preferencial, advirtiendo que la falta de coordinación institucional podría derivar en una crisis en el sector.

El edil señaló que dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han respondido de manera eficiente, a pesar de que el plazo para regularizar los trámites vence el próximo 28 de abril.

“Es un problema estructural que no se ha atendido. Los productores están enfrentando una carga burocrática excesiva sin acompañamiento de las autoridades”, acusó.

Valenciano advirtió que, a pocos días de que concluya el periodo, los agricultores deben cumplir con requisitos complejos como la generación de nuevos contratos eléctricos, la elaboración de proyectos técnicos, la obtención de certificaciones y la acreditación de concesiones de agua, procesos que implican costos adicionales y tiempos que ya no son viables.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es la falta de coincidencia entre la propiedad de los predios, las concesiones de agua y los contratos de energía eléctrica, situación frecuente en zonas rurales debido a herencias no formalizadas.

El alcalde alertó que esta problemática pone en riesgo la viabilidad económica de múltiples unidades productivas, particularmente del sector lechero, uno de los pilares económicos de la región. “Estamos hablando de miles de empleos que dependen de estas actividades. Sin la tarifa eléctrica agrícola, muchos ranchos simplemente no podrán sostenerse”, advirtió.

Asimismo, criticó la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal, al señalar que han transcurrido más de tres meses sin soluciones concretas ni diálogo efectivo con los productores afectados.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para intervenir de inmediato y evitar afectaciones mayores. “Está en juego la economía de miles de familias chihuahuenses. No es un tema menor ni puede seguir postergándose”, concluyó.