Ciudad Juárez.-En la realidad, como en las películas hollywoodenses, basta una decisión para que cambie el papel de héroe a villano. Pero en Chihuahua el giro no depende de un guion: exige esclarecer quién autorizó la presencia de agentes de la CIA y bajo qué reglas.
La investigación de The New York Times describe a Guillermo Zuany Portillo, entonces fiscal y excomandante policial, como enlace entre la agencia estadounidense y unidades estatales. Según funcionarios citados por el diario, los agentes participaron en entrenamientos y operativos.
El accidente que mató a dos agentes de la CIA y dos mexicanos hizo imposible mantener esa relación en las sombras. La investigación oficial lo consideró accidental; las versiones sobre el manejo posterior de la presencia estadounidense, en cambio, forman parte de las acusaciones y deben probarse. Zuany está prófugo y niega haber actuado de manera indebida. Su exjefe, César Jáuregui, fue detenido.
La pregunta de fondo no es solo si Zuany cruzó la línea, sino quién permitió que esa línea quedara sin vigilancia. Si funcionarios estatales podían integrar agentes extranjeros a operativos, ¿qué mecanismos federales fallaron? Y si hubo advertencias sobre el historial del excomandante, ¿por qué se mantuvo la colaboración?
La caída de un funcionario puede satisfacer la demanda inmediata de responsabilidades, pero no resuelve el riesgo institucional. Sin una investigación transparente sobre autorizaciones, cadena de mando y controles, el caso puede convertirse en una disputa política: cada nivel culpa al otro y la ciudadanía queda sin saber quién protegió —o puso en peligro— al país.
