Ciudad Juárez.-En Juárez, Garduño acumuló un profundo rechazo. A su responsabilidad institucional se sumó una actitud que muchos percibieron como arrogante, distante del sufrimiento de las familias y de una ciudad que contempló horrorizada la muerte de 40 personas encerradas.
Con pancartas y consignas, manifestantes exigieron este martes justicia por los 40 migrantes que murieron durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Frente al Centro de Justicia Penal Federal, recordaron que las víctimas siguen esperando justicia.
La protesta coincidió con la audiencia en la que un juez revisa si Francisco Garduño, excomisionado del INM, cumplió las condiciones para cerrar su proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público. Entre las consignas apareció una que resume el sentimiento de los inconformes. “Garduño, Juárez no olvida”.
Garduño representa una de las herencias más dolorosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su permanencia al frente de Migración después de aquella tragedia dejó una pregunta que todavía persigue al expresidente. ¿Por qué sostuvo en el cargo a un funcionario bajo cuya responsabilidad ocurrió semejante desastre?
López Obrador lo mantuvo en su administración y defendió su permanencia mientras avanzaba el proceso judicial. Aquella protección política alimentó la percepción de que la lealtad al presidente pesaba demasiado frente a la exigencia de rendir cuentas.
El caso exhibe las consecuencias de una estructura gubernamental donde los altos funcionarios pueden conservar respaldo político incluso después de una tragedia. La responsabilidad administrativa y la penal deben esclarecerse conforme a las pruebas.
Para las familias, la justicia sigue siendo una deuda. Y para Juárez, Garduño permanece asociado a una tragedia que dejó al descubierto el costo humano de las decisiones del poder.
