En Ciudad Juárez la extorsión suele caminar en silencio. Pocas víctimas hablan públicamente, muchas denuncias nunca llegan a conocerse y detrás de cada cobro criminal puede quedar una familia viviendo con miedo, un comerciante que modifica sus horarios o un pequeño empresario que termina cerrando para protegerse.
El problema llegó a la Cámara de Diputados, donde se advirtió que durante 2024 las familias mexicanas habrían perdido 91 mil 800 millones de pesos por pagos relacionados con extorsiones. El impacto puede alcanzar hasta uno por ciento del Producto Interno Bruto y afecta actividades comerciales, productivas, agrícolas y de construcción.
El dinero explica solamente una parte del daño, porque una amenaza telefónica, la llegada de personas a exigir una cuota o el temor de que un negocio sea atacado dejan ansiedad, miedo y una sensación permanente de vulnerabilidad. El trauma alcanza también a trabajadores y familiares que aprenden a vivir pendientes de cualquier movimiento extraño.
Juárez conoce bien esa historia. Durante los últimos meses se han registrado incendios en negocios, yonkes y hasta puestos móviles de comida. No todos los casos han sido relacionados oficialmente con extorsiones y sería incorrecto atribuirlos automáticamente a ese delito, aunque forman parte de un escenario que despierta viejos temores.
Entre 2008 y 2011, durante los años más duros de la llamada Guerra contra el Narco, miles de juarenses abandonaron la frontera. Comerciantes y empresarios estuvieron entre quienes cerraron establecimientos o se marcharon ante la violencia y las amenazas.
La extorsión actual no alcanza aquellas dimensiones, pero su capacidad para instalar miedo permanece. Por eso medirla únicamente en denuncias deja fuera una parte fundamental del problema, la de quienes pagan, callan, cierran y continúan viviendo con temor.
