Buenaventura– El ejido Benito Juárez vivió horas de alta tensión política y social previas a la asamblea decisiva convocada para mañana para aprobar o no un proyecto minero.
En ella, más de 200 ejidatarios y propietarios de la tierra deliberarán mediante voto si revocan la moratoria a la actividad minera instaurada hace más de 10 años, abriendo así paso a la transnacional canadiense Apollo Silver Corporation y el proyecto “Cinco de Mayo”.
La votación no representa un mero trámite administrativo, sino un plebiscito sobre el modelo de supervivencia que adoptará la comunidad. Por un lado, está la promesa de una inyección financiera superior a los 800 millones de dólares (más de 13 mil millones de pesos), por el otro, la generación de empleos fijos amenazan con romper años de paralización económica.
Por el otro, el fantasma del desabasto hídrico en un acuífero mermado, junto al recuerdo del violento conflicto que costó la vida a los activistas Ismael Solorio y Manuela Solís en el pasado, mantienen en pie de lucha a defensores de la tierra.
Entre los productores agrícolas y habitantes alineados con el rechazo, la preocupación principal no radica en la llegada de capitales, sino en las consecuencias ecológicas irreversibles que la minería de gran escala puede ocasionar en una región predominantemente semidesértica.
En la acera opuesta, la asfixia económica ha impulsado a cientos de habitantes y familias sin tierra a manifestarse pacíficamente a favor de la reapertura.
El reciente cierre de plantas maquiladoras como Yazaki, sumado al inminente riesgo de cierre de otros centros de trabajo en la región, dejó a Benito Juárez sin alternativas laborales.
De acuerdo con lo expresado por Tom Peregoodoff, presidente ejecutivo de Apollo Silver Corporation, la empresa ha adecuado su postura alineándose con los lineamientos del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de tratar el agua como un derecho humano primordial.
La minera sostiene que, al tratarse de una operación subterránea, el líquido extraído mediante el proceso de desatascamiento de galerías será canalizada y puesta a disposición de los agricultores y el consumo del pueblo.
“Se entiende la gran preocupación de los ejidatarios por el agua, porque es lo más valioso [...] pero también vemos la realidad: no hay empleo, no hay de dónde salir adelante. La mina sería una oportunidad grande si imponen condiciones claras desde el principio: que arreglen los pozos del pueblo, que inviertan en agua y que se vigile con estudios serios. No tiene por qué ser todo o nada”, expresó una habitante de la localidad en redes sociales.
Por su parte, los productores agrícolas sostienen que las promesas corporativas se diluyen cuando los mantos freáticos se agotan. “Por experiencia en otros lugares, estas empresas gastan demasiado volumen y al final no cumplen. ¿De qué le sirve al ejidatario que le prometan obras si el acuífero queda sobreexplotado y las tierras contaminadas? Los únicos que deciden son los dueños de la tierra”, concluyó un productor.
