Chihuahua.- Al menos cuatro mil 600 personas han sido desplazadas de sus comunidades en Chihuahua durante los últimos dos años, de acuerdo con cifras de prensa citadas por integrantes de la Misión Civil de Observación para el Desplazamiento Forzado, quienes señalaron que el fenómeno está en varios municipios de la Sierra Tarahumara y requiere una respuesta coordinada de los gobiernos estatal y federal.

Diana Villalobos y Karina Baltazares, representantes de Consultoría Técnica Comunitaria e integrantes de la Misión, anunciaron la realización del primer foro del ciclo “Diálogos de Resistencia”, el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas en la Sala Erasmo Palma de la Biblioteca Carlos Montemayor, con la participación de personas desplazadas, organizaciones civiles, acompañantes, asesoras legales y funcionarias públicas.

Baltazares explicó que el ciclo contempla tres foros para presentar los hallazgos de la Misión y propiciar un diálogo con autoridades estatales y federales sobre las acciones de prevención, atención y no repetición del Desplazamiento Forzado Interno (DFI).

El primer encuentro estará enfocado en la atención integral; los siguientes abordarán acciones para la construcción de paz en los territorios y el retorno seguro de quienes fueron obligados a abandonar sus comunidades. Las fechas y sedes de los dos últimos todavía están por definirse.

Las representantes señalaron que no existe un censo oficial que permita establecer con precisión el número de personas desplazadas en Chihuahua. Sin embargo, indicaron que la Comisión de Desplazamiento del Gobierno del Estado ha informado sobre la entrega de alrededor de cinco mil apoyos, mientras que cifras publicadas por medios de comunicación ubican en cuatro mil 600 el número de personas desplazadas durante los últimos dos años.

De ese registro, más de mil personas corresponden a Guadalupe y Calvo, identificado como uno de los principales focos del fenómeno. También señalaron casos de Madera, Moris, Ocampo, Bocoyna, Urique y Uruachi.

Villalobos señaló que el desplazamiento forzado ha cambiado en los últimos años, pues pasó de presentarse como un fenómeno gradual a incluir en algunos casos el abandono de localidades completas. Entre las causas mencionó violencia, reclutamiento forzado, violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como falta de servicios de salud y educación.

También mencionó casos de familias desplazadas después del asesinato o desaparición de alguno de sus integrantes. Por ello, sostuvo que la atención no debe limitarse a quienes ya abandonaron sus comunidades, sino atender las causas que originan el desplazamiento.

Sobre los apoyos otorgados por las autoridades, Baltazares reconoció que representan una ayuda necesaria, pero sostuvo que resultan insuficientes. Explicó que algunas personas llegan sin vivienda, empleo o recursos para cubrir gastos básicos, además de enfrentar afectaciones emocionales derivadas de la violencia.

Las representantes también señalaron falta de coordinación entre autoridades de los distintos niveles de Gobierno, por lo que plantearon un trabajo conjunto que incluya atención emergente e integral, prevención y alternativas para las personas que no pueden regresar a sus comunidades.

Otro obstáculo está relacionado con las denuncias. Baltazares explicó que algunas personas desplazadas no denuncian por temor, lo que puede impedirles obtener el reconocimiento como víctimas y acceder a determinados mecanismos de atención.

El ciclo “Diálogos de Resistencia” busca que las personas desplazadas y quienes las acompañan participen en el análisis de las respuestas institucionales. Las propuestas serán contrastadas con las estrategias de las autoridades a partir de los principios rectores internacionales sobre desplazamiento forzado interno, con el objetivo de identificar acciones de prevención, atención y reparación.