Ciudad Juárez.- La presunta líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes, con operaciones entre Guatemala, México y Estados Unidos, enfrenta en Ciudad Juárez un proceso penal junto con otras cuatro personas, entre ellas su madre, su hermana y un policía municipal de Tapachula, Chiapas.

Jumilca Sandivel H.P., Eva P. U., Reina H. P., Ernesto G. C. y Éric G. C. fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión y presentados este sábado ante un juez federal. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) los acusó de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas migrantes, dentro de la causa penal 631/2026.

Durante la audiencia, la Fiscalía identificó a los cinco como integrantes del llamado Cártel López, al que describió como una organización criminal transnacional que obtenía ganancias mediante el traslado de personas, principalmente de origen guatemalteco. Según la acusación, Jumilca era una de las coordinadoras y tenía a su cargo parte de la operación y el movimiento de los migrantes hacia la frontera norte.

La investigación presentada ante el juez describe una ruta que comenzaba en Guatemala. Los migrantes eran recogidos en el puente fronterizo Talismán, en Chiapas, trasladados en vehículos hasta lugares donde Eva presuntamente les daba alojamiento, y posteriormente enviados en autobús de la empresa ADO desde Tapachula hasta la Central de Autobuses del Poniente (TAPO), en la Ciudad de México. De ahí continuaban en avión hasta Ciudad Juárez.

En conjunto con ‘La Línea’

Una vez en esta frontera, el objetivo era que los migrantes fueran entregados a otros operadores presuntamente de “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, para intentar cruzarlos hacia El Paso, Texas.

La conexión de Jumilca con esta estructura criminal ya había sido señalada por autoridades estadounidenses. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó y la identificó como una integrante clave de la Organización Centroamericana de Tráfico de Personas López, a la que describió como una organización criminal transnacional con sede en Guatemala dedicada al tráfico de miles de migrantes desde ese país, a través de México y hacia EU. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló, además, que Jumilca había coordinado actividades con integrantes de “La Línea”.

El Departamento de Justicia estadounidense había informado previamente que un gran jurado federal de Nuevo México acusó formalmente a Jumilca en julio de 2024 por su presunta participación en una conspiración para transportar y albergar migrantes. La acusación estadounidense también la ubicó junto con un integrante de “La Línea” identificado como “Chikis”, “Chiquis”, “Enano” o “Chicken”, dentro de la operación para trasladar personas desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

La Fiscalía mexicana expuso que la organización cobraba entre 12 mil y 16 mil dólares por persona y que los pagos podían realizarse en partes. De acuerdo con la imputación, a los migrantes se les proporcionaban documentos falsos para aparentar una estancia legal en México y se les preparaba mediante llamadas y ensayos para responder preguntas de las autoridades.

Los integrantes de la organización, según la acusación, construían para cada migrante una historia ficticia que incluía supuestos hijos y esposas en México. Durante las llamadas les preguntaban datos que debían memorizar y se referían a ellos mediante claves como “Xawi 1”, “Xawi 2” y sucesivas.

La Fiscalía atribuyó a cada uno de los detenidos funciones específicas: a Eva le señaló la tarea de proporcionar alojamiento a los migrantes y explicarles qué debían responder si eran entrevistados por autoridades. Reina habría participado en la coordinación de los traslados, mientras que Ernesto presuntamente proporcionaba documentación falsa, entre ella actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y documentos destinados a aparentar una estancia legal en el país.

Éric, quien se desempeñaba como policía municipal en Tapachula, habría utilizado su posición para obtener información sobre investigaciones y movimientos de autoridades que pudieran afectar a Jumilca. La Fiscalía sostuvo que también intervenía en transacciones y que mantenía comunicación con ella sobre las actividades de la organización.

Como parte de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervino comunicaciones telefónicas de Jumilca y Éric.

Según los informes expuestos durante la audiencia, en las llamadas se hablaba de traslados desde Guatemala, cobros de hasta 16 mil dólares, compra de inmuebles y movimientos de dinero.

Cuentas bancarias congeladas

La Fiscalía también presentó información financiera de Jumilca. Señaló que tenía hasta 16 cuentas bancarias en instituciones como Banco Azteca, Santander y BBVA, a través de las cuales habría movido desde 2022 cantidades que iban de decenas de miles de pesos hasta operaciones de uno y dos millones de pesos.

De acuerdo con la acusación, esos movimientos no correspondían con sus ingresos, pues Jumilca dejó de estar registrada ante el IMSS desde 2022. Las autoridades informaron durante la audiencia que las cuentas relacionadas con ella fueron congeladas.

La dimensión financiera también aparece en las investigaciones estadounidenses. El Departamento del Tesoro estimó que la “organización López” habría generado entre 104 y 416 millones de dólares en ganancias ilícitas entre septiembre de 2020 y 2023, con cobros de entre 13 mil y 16 mil dólares por migrante. Estados Unidos también documentó el uso de instituciones financieras y transferencias para mover recursos derivados del tráfico de personas.

La Fiscalía mexicana sostuvo que Jumilca era la principal integrante del grupo y que contaba, además, con acusaciones formales en EU. El Departamento de Justicia de ese país informó en 2024 que la “organización López” operaba en Guatemala, México y Estados Unidos y que entre sus colaboradores mexicanos se encontraba Jumilca.

Después de conocer la imputación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez Javier Antonio Mena Quintana determinó que la situación jurídica de los cinco detenidos se resolverá el 29 de septiembre a las 18:00 horas.

Al finalizar la audiencia, algunos de los detenidos manifestaron tener problemas de salud y dijeron que no estaban recibiendo sus medicamentos en los centros penitenciarios de Ciudad Juárez. El juez señaló que la atención de esas situaciones corresponde a la autoridad penitenciaria.

Mientras el proceso continúa en México, la acusación estadounidense contra Jumilca permanece como un antecedente judicial independiente.