Así que, fue sorpresivo cuando un analista veterano del FBI reveló que en el 2009, cuando la administración Obama estaba planeando enjuiciar a los hombres en una corte civil, la fiscalía federal decidió no ofrecer las declaraciones como evidencia.
La revelación es contraria a la decisión que tomaron los fiscales militares para construir su caso alrededor de las interrogaciones del FBI de testigos, considerando ese posible testimonio como una evidencia “mayormente crítica”.
También deja de manifiesto la manera en que esa decisión abrió la puerta a años de litigio y contribuyó a un largo retraso para llegar al juicio.
Durante una audiencia a puerta cerrada realizada el 6 de marzo, Kimberly Waltz, analista de inteligencia del FBI que trabaja con el equipo de proceso de Guantánamo, reveló que la fiscalía civil decidió que esas declaraciones eran innecesarias.
En el 2009, cuando ayudó al equipo de fiscales civiles a evaluar la evidencia, la fiscalía federal rechazó utilizar las confesiones en el juicio, de acuerdo a una transcripción de la audiencia que recientemente fue dada a conocer por el gobierno.
También salió a la luz otra fuente de declaraciones incriminatorias de los acusados: el gobierno secretamente escuchó conversaciones en el patio de la prisión en Guantánamo, en donde los prisioneros hablaron acerca del complot.
El gobierno dio a conocer una traducción de una conversación en árabe que ocurrió en el patio de la prisión en el 2009, en la que otro acusado, Ammar al-Baluchi dijo a uno de sus compañeros: “Tres cuartas partes del dinero del operativo fue enviado a través de mí”.
Esas grabaciones y otra evidencia disponible al parecer persuadieron a la fiscalía civil de que tenía suficiente para ganar las condenas sin confesiones.
La evidencia adicional que se ofreció para el juicio en Guantánamo incluye registros bancarios, videos y llamadas telefónicas interceptadas.
La fiscalía militar ha destinado años a defender la evidencia que la fiscalía federal planea no utilizar.
