Carolina del Norte.- Dentro de dos edificios bajos de ladrillo enclavados en las Montañas Blue Ridge, docenas de empleados producen paracaídas para soldados estadounidenses.

Cortar y coser la tela es un trabajo minucioso con poco margen de error. Fabricar la campana principal del MC-6, un paracaídas utilizado principalmente por el Ejército y los Marines de EU, requiere 27 pasos. Una sola puntada saltada, entre miles, es considerado un defecto grave.

Muchos de los empleados tienen años trabajando con estas máquinas de coser. Aproximadamente una cuarta parte del personal es inmigrante, quienes viven y trabajan bajo protecciones legales temporales que han sido criticadas por la Administración Trump. El 19 de mayo, la Suprema Corte autorizó al Gobierno a despojar de dichas protecciones a unos 350 mil venezolanos que viven en Estados Unidos.

John Oswald, director ejecutivo de Mills Manufacturing, tiene docenas de trabajadores de Ucrania, Nicaragua y otros países que corren el riesgo de perder su estatus legal. La empresa, de 90 años de antigüedad, es una de las dos únicas compañías que quedan calificadas para fabricar el MC-6 y el T-11, los principales paracaídas de personal del Ejército estadounidense.

"Si perdemos a estos trabajadores, sería devastador para nuestro negocio", declaró Oswald. "Eso pone en riesgo al resto de la fuerza laboral".

Mills fabrica miles de paracaídas al año. La fabricación de una campana principal requiere 22 personas y más de 350 mil puntadas.

Aproximadamente 1.8 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos con estatus legal temporal corren el riesgo de perder sus protecciones contra la deportación y sus autorizaciones de trabajo, afirma el Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios no partidista. Muchos ingresaron bajo el programa de libertad condicional humanitaria, un programa de la era Biden. Otros tienen estatus de protección temporal (TPS), o ingresaron con libertad condicional en la frontera.

Estos trabajadores son una pieza clave en el ajustado mercado laboral, donde el desempleo ronda mínimos históricos. Trabajan en Amazon.com, GE Appliances y Marriott, y en empresas más pequeñas como Eli's Cheesecake en Chicago y Goodwin Living, operador de residencias para personas mayores en el norte de Virginia y Washington, D.C.

La Administración Trump afirma que los programas de TPS y Libertad Condicional Humanitaria siempre fueron concebidos para ser efímeros y que la Administración Biden los utilizó de forma demasiado amplia para proteger a los inmigrantes de la deportación. Se han entablado demandas contra las acciones, dejando a estos trabajadores y a sus patrones en un limbo.

Durante décadas, Mills ha contratado a una combinación de trabajadores estadounidenses y extranjeros para coser y cortar en turnos de 10 horas. Los trabajadores pueden ganar hasta 20 dólares por hora, más horas extras, incluyendo aumentos salariales por dominar habilidades adicionales. Oswald paga a los empleados bonos por un total de 500 dólares cuando recomiendan a alguien que termina contratado.

En Mills, un tercio de los trabajadores es latino y otro tercio proviene de Europa Oriental. Los letreros están escritos en cuatro idiomas: inglés, español, moldavo y ruso. Un grupo grande se reúne cada viernes para una clase de inglés de dos horas.

Los inmigrantes que llegan de zonas de peligro han resultado particularmente importantes dada la reciente escasez de mano de obra. "Estas personas que han llegado han llenado un enorme vacío, no sólo para Mills, sino para muchas empresas", dijo Oswald.

Entre los trabajadores que podrían perder su estatus laboral legal: Alisa Kapustyanskaja, una inmigrante ucraniana de 24 años que inspecciona componentes de paracaídas. Creció en Sumy, que sufrió un ataque con misiles rusos que mató a 35 personas a mediados de abril, y lleva más de dos años trabajando para Mills.

Jack Lantz, de 65 años, su jefe, dijo que corría el riesgo de perder a tres miembros de su equipo de control de calidad, compuesto por nueve personas.

William González, de 33 años, no tenía experiencia en costura cuando llegó a Mills hace 8 meses tras dejar Nicaragua, donde trabajaba en una procesadora de café. Cuatro familiares ya trabajaban para el fabricante de paracaídas.

Su tarea consiste en coser correas, solapas y bolsillos de nailon, una labor que involucra telas más gruesas y requiere más fuerza. Espera después pasar a un puesto de mecánico en Mills.

"El mayor reto es el idioma", dijo María Galván, de 49 años, supervisora de producción nacida en México, que usa el traductor de Google para hablar con colegas moldavos, rusos y ucranianos. Recurre a un miembro del personal para traducir conversaciones más serias y técnicas.

Alrededor del 30% del equipo de 56 personas de Galván podría perder su estatus laboral legal.

"Si todo termina y tienen que irse, va a ser difícil, emotivo, y va a ser difícil para la empresa", indicó.

Mills comenzó en 1935 en Nueva York, se trasladó a Carolina del Norte en 1952 y hoy produce unos 5 mil paracaídas al año.

Dmytro Sierhiei, un ucraniano de 29 años, se incorporó a Mills en el 2023 con experiencia en ingeniería de maquinaria industrial. Al principio, mantuvo una actitud reservada porque a sus jefes en Ucrania no les gustaba escuchar sugerencias de los trabajadores, pero ahora ofrece con regularidad maneras de mejorar la operación de corte y establece el horario diario.

"Los inmigrantes son muy trabajadores", destacó Iryna Yelenets, de 49 años, una capacitadora que llegó a Estados Unidos de Ucrania teniendo 27 años y lleva 16 años trabajando en Mills. "Se esfuerzan mucho. Valoran el trabajo. Son puntuales".

Elba Lozano, otra capacitadora, cruzó la frontera mexicana con su madre a los 12 años y se incorporó a Mills como inspectora hace casi 20 años. Lozano, ahora de 45 años y ciudadana estadounidense, dijo estar de acuerdo con la deportación de inmigrantes si son delincuentes, "pero si son personas trabajadoras, que pagan impuestos y tienen un historial limpio, hay que darles una oportunidad".

Los inmigrantes con estatus temporal comenzaron a llegar a medida que Mills buscaba aumentar su personal en respuesta al aumento en pedidos gubernamentales en un mercado laboral ajustado. Oswald, el director ejecutivo, había planeado incorporar 24 empleados en el 2020, pero la plantilla se redujo en seis.

Si Mills pierde a los trabajadores inmigrantes, la empresa tendría que preguntar a los funcionarios gubernamentales qué pedidos priorizar. "No tendría suficiente personal para fabricar los productos que necesitamos enviar", señaló Oswald. "Dejaría un hueco importante en nuestra empresa". (Ruth Simon / THE WALL STREET JOURNAL)