Desde que los agentes de inmigración comenzaron a llevar a cabo una serie de redadas masivas y agresivas el año pasado, los grupos de derechos civiles han argumentado que la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump se ha caracterizado por un descarado perfilamiento racial.

Ahora, imágenes de cámaras corporales, mensajes de texto y otros documentos que han salido a la luz a partir de demandas en todo el país revelan cómo la raza y la etnia han influido en las redadas desplegadas en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos.

En varios casos documentados en expedientes judiciales, los agentes federales se refirieron a los objetivos como “tonks”, un término despectivo utilizado habitualmente para referirse a los inmigrantes mexicanos y con el que se pretende imitar el sonido de las linternas de los agentes al golpear sus cabezas.

A los migrantes sospechosos de estar en el país de forma ilegal se les describía como “wet” (mojados), una abreviatura del insulto wetback (espalda mojada). Y un agente que dirigió una operación en el Sur de California describió más tarde la apariencia de los individuos que consideraba sospechosos como: “hombres hispanos mayores”.

Sin embargo, a pesar de que han salido a la luz pruebas de perfilamiento racial, lo que parecía una ley bien asentada –que los agentes del orden no podían interrogar ni detener a alguien basándose únicamente en su raza o etnia– ha resultado ser una cuestión mucho más abierta en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración.

El año pasado, la Corte Suprema dio un paso hacia la alteración de medio siglo de jurisprudencia cuando el juez Brett Kavanaugh dio un respaldo provisional a dicho perfilamiento racial por parte de agentes que buscaban a inmigrantes sin un estatus legal permanente. El Gobierno ha sostenido que sus operaciones son constitucionales.

La demanda que dio lugar a la decisión temporal del tribunal y otras querellas similares aún se abren paso en tribunales inferiores, y podrían pasar meses antes de que se resuelvan y años antes de que la Corte Suprema tenga la oportunidad de pronunciarse más a fondo.

Mientras tanto, los abogados de derechos civiles siguen acumulando lo que esperan sea un valioso tesoro de pruebas de que el perfilamiento racial por parte de los agentes de inmigración es frecuente y de que, tal como se está llevando a cabo hoy en día, resulta inconstitucional.

En 1975, la Corte Suprema allanó el camino para cierto grado de perfilamiento racial en la aplicación de las leyes de inmigración cuando los jueces permitieron que la raza y la etnia fueran uno de los factores –pero no el único– utilizados por los agentes a la hora de decidir cuándo detener un vehículo por la sospecha de que entre sus ocupantes hubiera inmigrantes indocumentados.

Jennifer M. Chacón, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford que estudia el derecho migratorio, señaló que la ola actual de casos y la reciente orden de la Corte Suprema abordan la cuestión de si la decisión de 1975, en el caso Estados Unidos v. Brignoni-Ponce, sigue estando vigente.

“¿Sigue siendo esto una buena jurisprudencia? Y, aunque lo sea, ¿cuándo la conducta del organismo cruza la línea de lo permitido?”, planteó Chacón.

El lote más reciente de declaraciones juradas, videos y registros de vigilancia en Los Ángeles, del que informaron por primera vez CalMatters y Los Angeles Times, muestra que los agentes de inmigración estaban enfocados en buscar “jornaleros”.

Sin embargo, los grupos de derechos civiles argumentan que sus explicaciones vagas y variables sobre a quién buscaban a menudo se reducían, por defecto, a cualquiera que pareciera latino, tuviera la piel más oscura o hablara inglés con acento. Sostienen que esa dependencia de la percepción de la raza y la etnia también terminó arrastrando e involucrando de forma ilegal a ciudadanos estadounidenses.

En una declaración jurada, el conductor de un vehículo detenido en San Bernardino, California, afirmó que un agente le dijo que lo habían parado “porque parecía un 'paisa'”, un término coloquial para referirse a un compatriota mexicano o a un inmigrante recién llegado.

En otra declaración, Angel Santiago Tafolla, un ciudadano estadounidense de Anaheim, California, relató que los agentes lo persiguieron a él –un hombre latino de piel oscura– mientras ignoraban a sus compañeros de trabajo de piel clara en el carwash del Condado de Orange donde trabajaba. Un agente descargó una pistola taser, creando un arco eléctrico frente a Tafolla, cuya ropa estaba mojada por su trabajo. Fue esposado e introducido en una furgoneta, según el documento.

“No paraba de decir 'soy estadounidense', pero ellos sólo me decían que era latino, que mis documentos eran falsos y que me callara”, declaró.

Este tipo de percances no se limitaron a California. En más de una docena de demandas presentadas en tribunales de todo el país, incluidos Alabama, Illinois, Oregon y Minnesota, los abogados de derechos civiles sostienen que residentes, predominantemente afros y latinos, fueron objeto de persecuciones erróneas debido a su apariencia; específicamente por su color de piel, su presunta etnia, sus acentos y su ropa de trabajo.

Se describió que al menos 65 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, interrogados o arrestados, y dado que todos ellos fueron finalmente puestos en libertad, pudieron facilitar a los abogados relatos detallados de sus encuentros con los agentes de inmigración.

Algunos afirmaron que los agentes se negaron a aceptar sus pasaportes o licencias de conducir válidas como prueba de ciudadanía. Varios fueron amenazados con pistolas taser, tacleados y esposados. Unos pocos permanecieron retenidos durante horas antes de ser liberados, según los expedientes judiciales.

Muchos de los documentos describen a los agentes federales trabajando bajo una presión abrumadora para cumplir con una nueva cuota nacional que, durante un tiempo, llegó a ser de hasta 3,000 arrestos migratorios diarios.

El incremento –que supuso casi triplicar en mayo de 2025 la cifra de referencia anterior– obligó a los agentes a pasar de investigaciones individualizadas a redadas callejeras destinadas a acorralar a la mayor cantidad de gente posible. Equipos móviles de agentes en vehículos SUV sin distintivos convergieron de forma reiterada en barrios y negocios latinos, incluidos lavaderos de autos, estacionamientos de Home Depot, obras de construcción y zonas comerciales, según consta en los registros judiciales.

Los abogados del Gobierno sostienen en los expedientes judiciales que las operaciones de inmigración han sido muy dirigidas y que los ejemplos aislados de lenguaje despectivo o inflamatorio no son prueba de una política o intención de toda la agencia.

También argumentan que los agentes tienen amplias facultades para interrogar a personas que consideran que no son ciudadanas de los Estados Unidos, en particular cuando sólo detienen brevemente a alguien para investigar su estatus legal y no necesariamente para realizar un arresto.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Katherine Currie, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, no respondió a las preguntas sobre el uso de insultos por parte de los agentes. Tildó las acusaciones de que los agentes federales incurrían en perfilamiento racial de “repugnantes, temerarias y categóricamente falsas”.

“Lo que convierte a alguien en objetivo de la aplicación de las leyes de inmigración es estar ilegalmente en Estados Unidos, no el color de su piel, su raza o su etnia”, afirmó Currie.

Durante más de 50 años, los tribunales han interpretado la Cuarta y la Quinta Enmienda, junto con el fallo de la Corte Suprema de 1975, en el sentido de que los agentes de inmigración no pueden detener o arrestar a personas sin una base fáctica y específica para creer que se encuentran en el país de forma ilegal, y que la raza o la etnia no pueden ser el único factor para fijar como objetivo a alguien.

La ley federal ha otorgado a los agentes de inmigración un margen de maniobra mucho mayor en los puntos de control fronterizos y dentro de un radio de 100 millas de cualquiera de las fronteras del país. Sin embargo, los grupos de derechos civiles sostienen que los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado ejerciendo esos poderes en zonas profundas del interior del país.

Ahora, a medida que los casos avanzan en los tribunales, los fallos determinarán si los agentes federales confían exclusivamente en la raza y la etnia para detener, interrogar y arrestar a personas por infracciones de inmigración, y si los límites que prohíben tales tácticas se mantendrán vigentes.

Kevin R. Johnson, experto en derecho de inmigración y profesor de la Universidad de California en Davis, señaló que la orden más reciente de la Corte Suprema y la opinión complementaria de Kavanaugh habían envalentonado a los agentes federales a recurrir al perfilamiento racial en todo el país.

No obstante, advirtió de que la orden de emergencia no era la última palabra. Las imágenes más recientes, tomadas desde el interior de los vehículos de patrulla en Chicago y Los Ángeles, podrían plantear nuevas preocupaciones a los magistrados cuando la demanda de fondo regrese, casi con toda seguridad, a la Corte Suprema para su plena consideración, afirmó.

“Los insultos raciales son preocupantes y, sumados a la reciente racha de latinos muertos en paradas de tráfico y centros de detención, es probable que hagan reflexionar a los jueces sobre lo que está ocurriendo aquí de una manera que no lo habían hecho antes”, concluyó Johnson, ex decano de la Facultad de Derecho de UC Davis.