El gobierno de Donald Trump impondrá el viernes aranceles de alrededor del 10 por ciento a bienes de más de 80 países, en su más reciente esfuerzo por implementar una amplia política proteccionista que ha sido impugnada repetidamente en los tribunales.

Los aranceles oscilarán entre el 10 y el 12,5 por ciento y entrarán en vigor a las 12:01 a. m. del viernes, reemplazando un arancel global del 10 por ciento programado para expirar a la misma hora. Trump emitió ese arancel anterior en febrero, luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles que impuso el año pasado.

La medida proporciona nueva evidencia de la intención de Trump de transformar el comercio mundial, a pesar de las numerosas impugnaciones judiciales y de las protestas de consumidores y empresas estadounidenses que han tenido que soportar recibos de impuestos más altos. Durante los últimos 17 meses, el gobierno de Trump ha recurrido a una ley comercial tras otra mientras intenta construir un sistema para proteger la economía estadounidense de la competencia extranjera.

Los aranceles se emitirán en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles a países extranjeros que incurran en prácticas comerciales irrazonables o discriminatorias. El gobierno ha citado el hecho de que los países extranjeros no han aprobado ni hecho cumplir leyes que prohíban la importación a sus propios países de bienes elaborados con trabajo forzado, diciendo que esto pone en desventaja a las empresas estadounidenses que sí cumplen dichas leyes.

Canadá, que estará sujeto a un arancel del 10 por ciento bajo esta disposición, ya prohíbe la importación de bienes elaborados con trabajo forzado. La Unión Europea, también con un 10 por ciento, tiene una prohibición programada para entrar en vigor en diciembre de 2027. Pero los funcionarios de Trump dicen que esos gobiernos no han hecho cumplir efectivamente dichas leyes.

Podría decirse que Estados Unidos tiene las restricciones más estrictas de cualquier país sobre las importaciones hechas con trabajo forzado. Ha prohibido la importación de bienes producidos con trabajo esclavo durante casi un siglo, aunque todavía permite el trabajo penitenciario bajo condiciones que las organizaciones laborales consideran coercitivas. En 2021, Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe las importaciones de una región de China donde había descubierto que el trabajo forzado era generalizado.

El gobierno de Trump también presionó a Canadá y México para que adoptaran una prohibición a las importaciones hechas con trabajo forzado como parte de negociaciones comerciales previas, y otros 10 países se han comprometido a implementar prohibiciones como parte de acuerdos comerciales negociados en el último año, afirmó un alto funcionario del gobierno.

Pero los críticos dicen que Estados Unidos también tiene deficiencias en sus protecciones laborales. Y algunos dicen que el gobierno se ha aprovechado del tema del trabajo forzado simplemente como la manera más conveniente de volver a imponer los aranceles anulados por la Corte Suprema.

Peter Harrell, académico invitado en la Facultad de Derecho de Georgetown y exfuncionario del gobierno de Biden, dijo que el pequeño diferencial en los aranceles entre Canadá y la Unión Europea por un lado y China por el otro “solo deja claro que el USTR está utilizando esta investigación sobre el trabajo forzado como un pretexto para imponer los aranceles que Trump quiere imponer por sus propias teorías y preferencias económicas”.

“En realidad no se trata de trabajo forzado”, agregó.

Si bien Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, y otros funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que no pueden prejuzgar el resultado de las investigaciones comerciales, funcionarios del gobierno han asegurado en privado a diversos gobiernos extranjeros que sus tasas arancelarias terminarán siendo las mismas que en los acuerdos negociados el año pasado, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

“El próximo plan comercial de Trump es ordenarle al USTR que reconstruya sus aranceles globales ilegales bajo el pretexto de abordar el trabajo forzado”, dijo el senador Ron Wyden, demócrata por Oregon, en una audiencia del Congreso el miércoles. “Si el gobierno quiere tomarse en serio el trabajo forzado, el primer paso es observar su propio historial de aplicación de la ley”.

Los nuevos aranceles eximirán el petróleo, el gas y ciertos recursos nacionales, así como los bienes ya cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o por los aranceles relacionados con la seguridad nacional que Trump ha impuesto a los automóviles, el acero y otros bienes.

Es probable que más aranceles estén en camino después de eso. El gobierno ha propuesto otro lote de aranceles, también bajo la Sección 301, a 15 países y la Unión Europea para contrarrestar lo que la Casa Blanca califica de prácticas desleales en sus sectores manufactureros. Un funcionario del gobierno dijo el jueves que una investigación continuaba en curso.

Trump ha sostenido por mucho tiempo que los aranceles estadounidenses a las importaciones eran injustamente bajos, y llegó al cargo con la intención de transformar ese sistema. Pero sus esfuerzos se han enfrentado a numerosos obstáculos, avances y retrocesos, lo que refleja el hecho de que la autoridad legal de un presidente sobre la política arancelaria es, en cierto modo, limitada.

La Constitución otorga el poder sobre el comercio al Congreso, pero los legisladores han redactado numerosas leyes que permiten al presidente imponer aranceles en ciertas circunstancias. Sin embargo, por lo general, esas leyes están diseñadas para ayudar al presidente a solucionar prácticas comerciales desleales en ciertos países o industrias, no para reemplazar por completo el sistema arancelario de Estados Unidos.

Harrell dijo que el uso que hizo Trump de la Sección 301 fue mucho más amplio de lo que pretendía la ley, y que probablemente sería impugnado en los tribunales. Aunque se suponía que la Sección 301 debía utilizarse para generar influencia para presionar a un país para que buscara remediar una práctica comercial desleal, dijo: “Trump está reinterpretando la ley para intentar imponer aranceles perpetuos a casi todas las importaciones”.

“Están demostrando que, en materia de aranceles, en cierto modo pueden avanzar más rápido que los tribunales, y van a obligar a los tribunales a seguir tratando de seguir el ritmo”, agregó.

En febrero, la Corte Suprema invalidó una de las herramientas legales favoritas de Trump, cuando dictaminó que su uso de una ley de emergencia internacional para imponer aranceles era ilegal y ordenó el reembolso de aproximadamente 160 millardos de dólares en ingresos arancelarios. Trump había usado esa ley para anunciar sus aranceles del “Día de la Liberación” a países extranjeros, y para penalizar a Canadá, México y China por su papel real o presunto en la canalización de fentanilo hacia Estados Unidos.

Después de la decisión de la Corte Suprema, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como una medida provisional. La ley permite a los presidentes imponer un arancel para abordar problemas de balanza de pagos, pero tiene un límite de tiempo de 150 días que está programado para expirar el viernes por la madrugada.

El uso que Trump hizo de la Sección 122 también ha enfrentado desafíos legales. Un grupo de pequeñas empresas y una coalición de estados demandaron por separado al gobierno, con el argumento de que el gobierno no cumplió con los estrictos criterios de la ley. En mayo, una mayoría de jueces de un tribunal federal de comercio estuvo de acuerdo, lo que supuso la segunda gran derrota arancelaria contra Trump.

El gobierno apeló la decisión, y los tribunales han permitido que este continúe recaudando el impuesto del 10 por ciento a las importaciones a medida que avanza la apelación.

La disposición a la que el gobierno recurrirá ahora, la Sección 301, está más probada en la práctica. Trump la usó para imponer aranceles a China en su primer mandato, y su uso ha sobrevivido a distintos desafíos en los tribunales. Pero nunca antes se había utilizado de una forma tan amplia, para imponer aranceles a decenas de países de forma simultánea.

El gobierno también recurrió a otra ley comercial poco conocida a principios de esta semana, cuando Trump firmó órdenes para imponer un arancel del 50 por ciento a miles de millones de dólares en exportaciones canadienses. Dicha ley, la Ley de Aranceles de 1930, también conocida como la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, fue redactada por el Congreso para proteger a las empresas estadounidenses durante el inicio de la Gran Depresión, aunque muchos historiadores creen que en realidad profundizó la crisis. La disposición de la Sección 338 de la ley que el gobierno utilizó esta semana nunca se había utilizado para imponer aranceles.

Al testificar ante el Congreso el miércoles, Greer dijo que el gobierno aún tenía la intención de imponer aranceles, independientemente del enfoque legal.

“Las facultades específicas que utiliza este gobierno han cambiado, pero la estrategia comercial no lo ha hecho”, dijo Greer. “Estamos comprometidos a seguir utilizando los aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses y aumentar sus salarios, y reducir nuestro déficit comercial”.