Con una precisión mortífera, el gobierno de Donald Trump ha desplegado decenas de ataques contra pequeñas embarcaciones en aguas sudamericanas, una campaña en la que casi 200 personas han muerto y que, según funcionarios estadounidenses, busca detener el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos.

Pero casi nueve meses después del inicio de la operación, epidemiólogos, científicos especializados en adicciones y expertos en salud pública afirman que la cocaína, por mucho la principal droga traficada desde Sudamérica, es tan fácil de conseguir en gran parte de Estados Unidos como antes de que comenzaran los ataques.

Las conclusiones —basadas en evaluaciones de los precios en las calles, las sobredosis letales, la pureza de las muestras y las incautaciones de droga en las fronteras estadounidenses— plantean dudas sobre la eficacia del mayor despliegue militar estadounidense en América Latina en décadas.

Los costos de estas operaciones militares han ascendido a 4700 millones de dólares, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, que han incluido el despliegue de aviones AC-130J Ghostrider, cazas F-35 y destructores de misiles guiados, así como unos 15.000 miembros del personal militar estadounidense.

La campaña se ha extendido desde el mar Caribe hasta abarcar ataques en el este del Pacífico, la captura del expresidente de Venezuela para que se enfrente a cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y ataques terrestres en Ecuador.

El presidente Trump ha dicho que puede ordenar legalmente al ejército que mate sumariamente a personas acusadas de tráfico de drogas, algo que ha sido objeto de críticas generalizadas. Los expertos en leyes que abordan el uso letal de la fuerza han denunciado que los ataques son ilegales porque el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no sean una amenaza de violencia inminente, aunque estén cometiendo un delito.

Pero, para consternación de muchos especialistas en adicciones y expertos en narcotráfico, los funcionarios del gobierno de Trump han intensificado discretamente los ataques contra pequeñas embarcaciones en las últimas semanas con aviones de ataque fijos secretos y drones armados MQ-9 Reaper, lo que ha puesto a estos ataques en el núcleo de una guerra contra las drogas reformulada, que ha pasado de la interdicción tradicional a una estrategia de acción militar directa.

“La cocaína sigue estando muy disponible, extendida y es relativamente barata”, dijo Carl Latkin, profesor de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, quien en gran medida monitorea el consumo de cocaína en Baltimore, tradicionalmente uno de los principales puntos de entrada en el este de Estados Unidos de la cocaína que se trafica a través del Caribe.

Latkin se encuentra entre los expertos en consumo de sustancias de Estados Unidos que coinciden en que la campaña del gobierno de Trump no solo es ilegal, sino también ineficaz.

“Además de ser moralmente aborrecible, este método tiene tantas probabilidades de éxito como bombardear un puñado de McDonald’s en Dallas, Texas, y decir que hiciste que Estados Unidos volviera a ser saludable”, dijo Latkin.

Pese a ello, el gobierno de Trump ha insistido en que la campaña está funcionando. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha arremetido contra los críticos y dijo en las redes sociales que los ataques a las embarcaciones eran “muy eficaces” para detener el flujo de drogas letales.

Las autoridades estadounidenses dijeron que los ataques han interrumpido algunas rutas marítimas de narcotráfico y derivado en un aumento de las incautaciones de cocaína por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, que alcanzaron más de 230.000 kilogramos en 2025, más del triple del promedio anual del servicio.

Pero aunque se trata de una cantidad enorme, palidece en comparación con el auge masivo de la producción de cocaína en Sudamérica, sobre todo en Colombia, la mayor fuente mundial de esa droga. Solo en Colombia, Naciones Unidas estima que la producción anual de cocaína ronda los 2,5 millones de kilogramos, unas 11 veces la cantidad incautada por la Guardia Costera.

También están apareciendo indicios de que los narcotraficantes simplemente están adoptando otros métodos para el contrabando de cocaína, como el viraje a rutas terrestres a través de Centroamérica o transportar cocaína en buques portacontenedores, mientras absorben la pérdida ocasional de cargamentos en pequeñas embarcaciones.

En una investigación realizada este año en Ecuador se encontró cocaína oculta en contenedores refrigerados de fruta; otro gran cargamento de cocaína se halló en un buque portacontenedores cerca del puerto de Santa Marta, en Colombia.

Si los ataques a embarcaciones detuvieran el flujo de cocaína a Estados Unidos, los investigadores de salud pública dicen que una consecuencia sería un aumento de los precios.

Pero los precios de la cocaína en la calle siguen estando entre 60 y 100 dólares por gramo en muchas ciudades estadounidenses, más o menos igual que antes de que empezaran los ataques de embarcaciones, según Nabarun Dasgupta, científico especializado en adicciones de la Universidad de Carolina del Norte y destacado experto en epidemiología de las drogas callejeras en Estados Unidos.

Del mismo modo, los epidemiólogos afirman que se podría esperar que la pureza de la cocaína a la venta en Estados Unidos disminuyera si los ataques marítimos realmente perjudicaran a los cárteles del narcotráfico. Los traficantes, en un intento de exprimir lo más posible los suministros restringidos, probablemente diluirían su producto con más adulterantes, como el levamisol, un medicamento utilizado para tratar las infecciones por gusanos parásitos que puede parecerse físicamente a la cocaína, o la lidocaína, un anestésico local.

Sin embargo, en promedio, el número de esas sustancias en las muestras de cocaína oscila entre 1,3 y 1,5 en 2026, después de que comenzaran los ataques a embarcaciones, en comparación con un rango de entre 1,4 a 1,6 durante gran parte de 2025, dijo Dasgupta.

Esta coherencia sugiere que el inicio de los ataques marítimos en septiembre no fue un punto de inflexión que limitara el suministro de cocaína en Estados Unidos, dijo Dasgupta.

“Está claro que no va en la dirección esperada”, dijo Dasgupta.

Del mismo modo, las grandes incautaciones de cocaína en las fronteras estadounidenses por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) muestran que los traficantes siguen encontrando formas de introducir la droga en Estados Unidos. Aunque inicialmente las incautaciones masivas pueden parecer una señal de que las fuerzas del orden están deteniendo con éxito el flujo de drogas, los investigadores consideran las incautaciones como un indicador indirecto del volumen total del tráfico. Si los agentes fronterizos encontraran mucha menos cocaína, eso podría implicar que entra menos cocaína a Estados Unidos.

Pero eso no está ocurriendo. En cambio, la CBP incautó 21.685 kilogramos de cocaína en los ocho meses transcurridos desde el inicio de los ataques, más que los 19.607 kilogramos que la agencia incautó en el periodo de ocho meses anterior a la campaña, según datos oficiales.

“No están cambiando las cosas en absoluto”, dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de investigación. “¿Merece la pena matar a toda esta gente?”.

El general Francis L. Donovan, quien supervisa la campaña de ataques como jefe del Comando Sur del ejército, dijo que los ataques habían obligado a los grupos de traficantes de América Latina a cambiar sus pautas operativas.

Sin embargo, en un testimonio reciente ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Donovan también dijo que los ataques mortíferos no eran una solución a largo plazo, y que había empezado a confeccionar un enfoque más global, trabajando con aliados regionales como Ecuador.

“Los ataques a embarcaciones serán una de las principales herramientas, y probablemente no la más eficaz”, dijo Donovan.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han realizado 59 ataques a embarcaciones en los que han muerto 196 personas, que se ha caracterizado por mensajes contradictorios y exageraciones. Aunque los oficiales han afirmado que las embarcaciones transportaban drogas ilícitas, no han aportado pruebas que respalden sus afirmaciones.

Al inicio, los funcionarios estadounidenses dijeron que el objetivo era acabar con el tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos, aunque Venezuela es un productor marginal de drogas y los traficantes la utilizan principalmente como centro de tránsito para enviar drogas a Europa y África.

Trump también afirmó reiteradamente que todos los barcos destruidos en los ataques transportaban suficiente fentanilo y otras drogas para matar a 25.000 estadounidenses. Pero Venezuela y otros países sudamericanos no producen fentanilo; los cárteles mexicanos dominan ese sector, y en gran parte producen el opioide con sustancias químicas que proceden de Asia.

Incluso cuando el gobierno de Trump estaba haciendo esas afirmaciones, Estados Unidos ya había experimentado un descenso significativo de las muertes por sobredosis. Después de alcanzar un máximo de casi 110.000 en 2022, se produjeron unas 68.000 muertes por sobredosis entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

En la gran mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos está implicada más de una droga, incluidos opioides como el fentanilo, y la cocaína sola se considera menos letal, según los expertos en consumo de sustancias. Según un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, solo el 6,3 por ciento de las muertes relacionadas con la cocaína en un periodo de tres años no incluían otras drogas.

En general, los expertos en adicciones atribuyen el descenso de las sobredosis letales a una variedad de factores, como la mayor disponibilidad de medicamentos que revierten con rapidez las sobredosis de opiáceos y los cambios en la forma en que algunas personas consumen opiáceos, que han pasado de inyectárselos a fumarlos, lo que reduce el riesgo de sobredosis mortal.

Pero el ritmo de este descenso general está perdiendo impulso, según los CDC, y ha surgido un contraste: las muertes por sobredosis de fentanilo han disminuido con mayor rapidez que las muertes por sobredosis solo de cocaína desde principios de 2025.

Alrededor del momento en que empezaron los ataques a embarcaciones en septiembre, el ritmo de descenso de las muertes por sobredosis de cocaína se estancó en los meses siguientes, según el centro.

Restringir el suministro de cocaína en Estados Unidos puede tener un impacto significativo en las muertes por sobredosis de cocaína, dijo Lori Ann Post, directora del Instituto de Salud Pública y Medicina de la Universidad Northwestern.

Sin embargo, añadió, “todavía no veo pruebas de un impacto en el suministro de cocaína que se refleje en las muertes por sobredosis”.