Durante la última década, los distritos escolares de todo Texas han tratado que las aulas sean más seguras aumentando el número de agentes de Policía en los recintos escolares y adoptando una postura más dura ante las malas conductas.
Pero esta campaña de represión ha tenido una consecuencia inesperada: ha llevado a decenas de miles de alumnos de primaria y secundaria a comparecer ante el sistema judicial.
A las afueras de Austin, un niño de 11 años chocó con un orientador escolar. En Victoria, un niño de 10 años dijo que había visto a alguien en el recinto escolar con un arma, pero más tarde admitió que había inventado la historia. En El Paso, un niño de 10 años le dio una patada a un subdirector después de que le quitaran el celular.
Los tres acabaron en el sistema judicial.
Según un análisis realizado por el Times y The San Antonio Express-News, desde 2014 se ha remitido a procesamiento penal a niños de entre 10 y 13 años tras incidentes en los colegios en más de 47,000 ocasiones.
Sólo durante el curso académico 2024-25 –el último para el que se dispone de datos– se remitieron a la justicia unos 4,800 alumnos de ese grupo de edad. Esta cifra supone un tercio más que la registrada una década antes.
La mayoría de los alumnos fueron acusados de delitos menores, como proferir amenazas, consumir cannabis mediante vaporizadores o arremeter contra compañeros de clase o profesores. Pocos causaron daños físicos serios.
Aunque el caso contra el niño de El Paso fue desestimado dos meses después del incidente, según muestran los expedientes judiciales, las consecuencias para su familia fueron enormes. Su madre, Grace Lee-Vázquez, afirmó que tuvo que hacer frente a miles de dólares en gastos legales. El niño, que padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y aún le cuesta hacer el doble nudo en los cordones de los zapatos, empezó a sentir ansiedad por ir al colegio. Sus notas se desplomaron.
Funcionarios del Distrito no respondieron a las preguntas sobre el incidente, pero escribieron en un comunicado que estaban “comprometidos con mantener entornos de aprendizaje seguros e inclusivos para todos los alumnos”.
Esta dura experiencia, según Lee-Vázquez, “nos llevó a la quiebra”. En junio, se mudó con su familia a otro estado para empezar de cero.
En contadas ocasiones, se ha acusado a niños de 13 años o menos de delitos graves. El año pasado, por ejemplo, un niño de 11 años de la Harris Middle School de San Antonio fue acusado de portar un arma en un lugar prohibido después de que los responsables del centro encontraran una pistola en su mochila.
Sin embargo, William Shaw, juez de menores en San Antonio, señaló que muchos de los casos que llegaron a su despacho podrían haber sido gestionados por el director del centro educativo.
“A veces los niños no se llevan bien”, declaró en una entrevista. “Pueden acabar empujándose, quizá incluso peleándose. Eso puede considerarse un comportamiento propio de la adolescencia. No es necesario arrestarlos”.
The New York Times y The Express-News informaron este año que la inversión multimillonaria de Texas en la presencia policial en los centros educativos había transformado la disciplina, sometiendo a miles de alumnos a fuerza física, en ocasiones por faltas aparentemente menores. A algunos se les derribó, se les cegó con spray de pimienta o se les aplicaron descargas con pistolas taser.
Para este nuevo análisis, nuestros periodistas examinaron los datos recopilados por el Departamento de Justicia Juvenil de Texas, identificando decenas de miles de casos desde el curso académico 2014-15 en los que menores fueron remitidos al sistema judicial tras un incidente en el colegio.
Estas remisiones, como se les denomina, suelen producirse después de que un agente detenga a un menor. La edad mínima a la que un menor puede ser remitido en Texas es de 10 años; los alumnos de 17 años o más se consideran adultos.
A algunos de los menores remitidos se les exigió comparecer ante un juez y se les impusieron servicios comunitarios, asesoramiento o supervisión judicial. En los casos más graves, fueron internados en centros estatales penitenciarios juveniles.
Pero incluso cuando los menores eran puestos en libertad con una simple advertencia, a menudo eran sacados del colegio esposados, separados de sus padres durante horas y sometidos a los trámites del sistema de menores; todo ello, según muestran las investigaciones, puede perjudicar el rendimiento académico y está relacionado con futuros contactos con las fuerzas del orden, lo que alimenta el llamado “camino de la escuela a la cárcel”.
Los encuentros entre agentes de Policía y estudiantes escolares no han pasado desapercibidos. En julio, The Texas Observer utilizó registros policiales para documentar miles de detenciones y citaciones penales que afectaban a pre-adolescentes en unos 200 de los 1,200 distritos escolares de Texas durante un período de cuatro años.
El análisis realizado por el Times y The Express-News examinó las remisiones en todo el estado. Reveló que las remisiones de niños de entre 10 y 13 años habían aumentado en un porcentaje mayor que las de los alumnos de más edad. Aumentaron para los niños pequeños de todas las razas, aunque los niños afroamericanos fueron remitidos aproximadamente el doble de veces que los niños blancos o hispanos.
Tras la pandemia de Covid-19, cuando los alumnos volvieron a las clases presenciales, los centros educativos notificaron más peleas, según muestran los datos estatales. Sin embargo, las remisiones de niños de entre 10 y 13 años crecieron mucho más rápido.
Este aumento superó al de la población estudiantil, echando por tierra años de trabajo de los grupos de defensa y los responsables políticos para poner fin al “camino de la escuela a la cárcel”.
Los datos muestran que algunos de los distritos escolares más grandes del estado, entre ellos los de Houston y Dallas, han reducido el número de remisiones en los últimos años.
El aumento a nivel estatal se debió a unos 60 distritos, que representan aproximadamente una cuarta parte de los alumnos de Texas. Según los registros, muchos de ellos incorporaron agentes de Policía a sus colegios de primaria y secundaria durante el período analizado, o adoptaron un enfoque más agresivo en la vigilancia de los alumnos.
Las autoridades de algunos de esos distritos afirmaron que consideraban que las remisiones representaban un avance hacia unos recintos escolares más seguros, una prioridad máxima desde el tiroteo escolar de 2022 en la Escuela Primaria Robb de Uvalde.
El representante Joe Moody, demócrata por El Paso, copatrocinó una ley estatal de 2023 que exige la presencia de un agente de Policía en cada colegio público. Al mostrarle nuestro análisis, afirmó que el aumento de las denuncias entre los niños pequeños era alarmante y que presionaría para que se impusieran límites más estrictos a la presencia policial en los colegios cuando la Legislatura estatal se reúna en enero.
“Nadie debería querer eso como resultado de lo que hicimos”, afirmó.
‘Simplemente se rindió’
Laquital Thompson sabía que la transición de su hija a la escuela Secundaria Central de Galveston podría resultar difícil.
Como a muchas niñas de 12 años, a la niña le gustaba grabar videos para TikTok y probar diferentes peinados. También le gustaba el colegio, sobre todo las Matemáticas y las Ciencias. Pero se había estado portando mal en clase, según explicó Thompson, y el Distrito Escolar había identificado un trastorno de conducta que la llevaba a desafiar a la autoridad. (The New York Times y The Express-News no revelan los nombres de los niños en este artículo para proteger su privacidad).
Según los registros, una semana después de comenzar las clases en agosto de 2024, la niña fue enviada al despacho del director por “alterar el orden”. Las autoridades escolares la suspendieron y le dijeron que esperara a su madre en el vestíbulo. Pero la niña se negó a ir allí.
Finalmente, se llamó a un agente de Policía Escolar, Vincent Ramírez. Cuando llegó, varios empleados del colegio se encontraban merodeando por allí.
En una conversación captada por la cámara corporal del agente, una autoridad del colegio afirmó que la madre de la niña había dado su consentimiento para que se le pusieran esposas a su hija. Otro advirtió de que la niña podría ser detenida si no iba a donde se le indicaba.
El agente Ramírez se dirigió a la niña. “Tienes cuatro segundos para ir hasta allí”, le dijo. “Si no, te voy a esposar y te voy a dar un paseo en el auto”.
Ella no se movió.
“Bien, se acabó”, dijo el agente Ramírez. Le quitó la mochila rosa a la niña y le esposó las muñecas a la espalda.
Las imágenes de su cámara corporal muestran la secuencia.
En una entrevista reciente, la niña contó a nuestros periodistas que se sintió desconcertada cuando el agente la detuvo. “No sabía muy bien por qué estaba pasando”, explicó. “¿Por qué iban a esposarme?”.
El agente la llevó en coche a la comisaría de la Policía Escolar, situada en un campus cercano, donde ella siguió ignorando las instrucciones. Cuando se negó a poner la mano en el escáner de huellas dactilares, los agentes le retorcieron el brazo contrario a la espalda hasta que gritó y obedeció, según las imágenes de la cámara corporal.
Más tarde, mientras la joven sollozaba y gritaba improperios, la jefa de Policía del Distrito Escolar, Josette Rivas, levantó un celular y, al parecer, empezó a grabarla, según muestran las imágenes de la cámara corporal. Le dijo a la joven que era para Facebook.
“¿Ven cómo se está comportando?”, dijo Rivas mientras sostenía el teléfono.
La jefa Rivas y el agente Ramírez se negaron a hacer declaraciones para este artículo. El superintendente del Distrito Escolar de Galveston, Matthew Neighbors, escribió en un correo electrónico que los agentes “se habían mantenido tranquilos y respetuosos”. Cuando se le preguntó si se había publicado en Internet el video de la joven grabado con el celular, respondió que no.
Los registros muestran que la niña fue acusada de allanamiento. Dos antiguos jefes de Policía del Distrito Escolar que revisaron el caso a petición nuestra afirmaron que la detención y la remisión del caso habían sido innecesarias.
Amenazar con publicar el video de la niña resultaba especialmente preocupante, añadió Bryon G. Gustafson, que anteriormente fue jefe de Policía del Distrito Escolar de Stockton, California y ahora imparte clases en la Universidad de Virginia. “Que un jefe de Policía haga algo así me resulta simplemente inconcebible”, afirmó.
La niña se declaró culpable y se le impuso un año de libertad condicional, explicó Thompson. A partir de entonces, le costó aún más prestar atención en clase.
“Simplemente se rindió”, añadió su madre.
Thompson explicó que había aceptado que le pusieran las esposas porque, en ese momento, no quería cuestionar el criterio del director. Pero, tras enterarse de lo que había sucedido, se preguntó por qué se había llamado al agente policial para que se ocupara de la situación.
“¿Por qué no pudieron simplemente dejarla en el pasillo, callada, esperando a que yo llegara?”, dijo.
‘Los policías van a hacer lo que hacen los policías’
En el pasado, los directores y los profesores solían ocuparse ellos mismos de las faltas de conducta leves. Ahora, dado que cada vez más colegios, como el Central Middle, cuentan con policías en sus pasillos, los educadores pueden recurrir a las fuerzas del orden cuando los alumnos desobedecen, incluso si los niños son pequeños o suponen una amenaza mínima.
Según la legislación estatal, los agentes escolares deben mantenerse al margen de la “disciplina rutinaria de los alumnos”. Sin embargo, la ley no define el término ni detalla las consecuencias en caso de incumplimiento.
“Se supone que los policías están ahí para proteger a los niños de los tiradores”, afirmó Phillip Lyons, decano de la Facultad de Justicia Penal de la Universidad Estatal Sam Houston en Huntsville y ex detective de Policía que se ocupaba de casos de menores. “Si no hay tiradores, los policías van a hacer lo que hacen los policías, y eso es arrestar”.
En la Escuela Secundaria Walsh, en el Distrito de Round Rock, cerca de Austin, un subdirector remitió a una madre a los agentes de Policía del centro cuando su hija, una alumna de sexto grado, contó que tres chicos le habían golpeado en la cabeza con los puños y con un teléfono. Los chicos, de 11 y 12 años, dieron versiones diferentes de lo ocurrido aquella tarde, según muestran los registros; dos afirmaron que habían estado jugando y otro dijo que había golpeado accidentalmente a la niña con un mono de peluche.
Los tres fueron acusados de un delito menor de agresión, según muestran los expedientes.
“Pensé que nos sentaríamos a hablar, se disculparía y que él tendría que cumplir con un castigo a la hora del almuerzo”, dijo Kimmy Lueders, madre de uno de los niños.
El superintendente del Distrito, Hafedh Azaiez, afirmó en una entrevista que el director del colegio debería haber intentado gestionar la situación antes de recurrir a las fuerzas del orden. “No es algo de lo que nos sintamos orgullosos”, dijo.
En algunos distritos, la ampliación de la presencia policial ha ido acompañada de un enfoque más duro ante los comportamientos violentos. Los agentes han detenido a más alumnos por insinuar que podrían hacer daño a alguien.
Durante la última década, el número de alumnos de entre 10 y 13 años denunciados por realizar una “amenaza terrorista” se triplicó en todo el estado, hasta superar los 600 al año.
En ocasiones, la intervención de los agentes ha frustrado posibles tiroteos en colegios. El año pasado, la Policía detuvo a un joven de 13 años que, según afirmaron, estaba planeando un ataque contra su secundaria en San Antonio.
Pero las simples fanfarronadas de patio o amenazas realizadas aparentemente en broma también pueden llamar la atención de la Policía.
En el Distrito Escolar de Wylie, cerca de Dallas, las autoridades del distrito indicaron a los profesores que advirtieran a los alumnos de tercero y cuarto de primaria que, una vez cumplidos los 10 años, podrían ser acusados de un delito por proferir una amenaza sin intención.
En el Distrito Escolar de Hays, a las afueras de Austin, las autoridades distribuyeron un cartel en el que aparecía una fila de chicos con monos naranjas instando a los alumnos a no “tener que arrepentirse de sus amenazas”.
Las amenazas no siempre implicaban violencia masiva. En febrero de 2025, un niño de 12 años con discapacidad intelectual y autismo sufrió una crisis emocional después de que una asistente de su escuela secundaria de Lubbock desenchufara un teléfono del aula que él quería utilizar, según muestran los registros. “Respétame o estás muerta”, le dijo el niño a la asistente.
Un agente de Policía Escolar llegó a detenerlo. Cuando el niño no obedeció las órdenes del agente, apareció un segundo agente. Los dos tiraron del niño al suelo agarrándolo por la sudadera y lo esposaron, según muestran los informes policiales. Después, el niño quedó aterrorizado por la Policía, según contó su madre, Colette James. Evitaba ir a la iglesia a la que acudía su familia porque ésta había contratado a agentes para reforzar la seguridad. Durante un tiempo, durmió en la cama de sus padres.
Los funcionarios del Distrito Escolar de Lubbock-Cooper se negaron a hacer comentarios, alegando las leyes de protección de la privacidad de los alumnos. La asistente, Jennifer Huckabee, declaró a un periodista que se había sentido amenazada porque el chico era más grande que ella.
En otro caso, en Corpus Christi, un niño de 13 años fue remitido a un centro de menores tras gritar “los voy a matar” a unos compañeros que le habían dado una paliza, según contó su madre. Permaneció recluido en un centro de detención juvenil del Condado durante casi dos semanas. El juez de menores del Condado, Timothy J. McCoy, a veces mantiene recluidos a los menores que profieren amenazas para que reciban asesoramiento y para asegurarse de que no lleven a cabo sus amenazas, explicó.
En una entrevista en su celda, el chico dijo que no había querido lanzar la amenaza literalmente. “Estaba enfadado”, dijo. “No debería haberlo dicho”.
De las docenas de menores que había en el centro aquel día, el más joven tenía 11 años. Algunos de ellos estaban sentados en mesas de cuatro en una zona común, leyendo, trabajando con sus computadoras portátiles o descansando con la cabeza sobre los brazos. Cuando un periodista les preguntó cuántos de ellos estaban allí por incidentes en el colegio, aproximadamente la mitad levantó la mano.
Una oportunidad para aprender
En algunos distritos donde aumentaron las remisiones, estos incrementos reflejan lo que las autoridades consideran un enfoque de amor duro.
En una entrevista el año pasado, Kirby Warnke, jefe del Departamento del Distrito Escolar de Corpus Christi y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de los Distritos Escolares de Texas, afirmó que creía que el sistema de justicia juvenil del estado ofrecía a los niños la oportunidad de aprender de sus errores.
“Es un momento de aprendizaje para ellos”, dijo Warnke.
Las remisiones de niños pequeños en su distrito se han más que duplicado en la última década, según muestran los datos estatales. Alcanzaron un máximo histórico de 171 en el curso escolar 2022-23, más que en los distritos de Houston y Dallas, cada uno de los cuales tiene más de cuatro veces tantos alumnos como Corpus Christi.
El Distrito Escolar de Forney, al Este de Dallas, tomó medidas drásticas contra el comportamiento violento y las amenazas cuando creó su propio Departamento de Policía en 2020, según explicó Joseph Sanders, que en ese momento era el jefe del departamento. El año escolar siguiente, la Policía Escolar remitió a 42 alumnos de entre 10 y 13 años, más de los que se habían remitido en los seis años anteriores juntos.
“Simplemente marcamos la pauta y la marcamos temprano”, afirmó Sanders, que dejó el distrito en 2024 y ahora entrena a responsables de las fuerzas del orden.
Sin embargo, en otros lugares, los responsables, preocupados por este repunte, tomaron medidas para revertirlo.
Donny Lee, superintendente del Distrito Escolar de Wichita Falls, en el Norte de Texas, dijo que, antes de que lo contrataran en 2022, los agentes escolares “primero detenían a los niños y después preguntaban”.
“Se estaban presentando cargos contra nuestros alumnos de primaria”, señaló.
Contrató a un nuevo jefe que coincidía con él en que las detenciones debían ser el último recurso, y sustituyeron a la mayoría de los agentes. Lee también convocó reuniones periódicas para revisar los datos de las fuerzas del orden.
Los datos muestran que las remisiones se redujeron para los alumnos de todas las edades. En el caso de los menores de 13 años, la cifra anual se redujo a más de la mitad, pasando de unos 100 a 44.
Lee afirmó que el Distrito había logrado esos resultados sin ser “blandos” en materia de disciplina. A los alumnos que infringían las normas se les imponían suspensiones dentro del centro o servicios comunitarios y se les ofrecía asesoramiento.
“No nos dedicamos a la gestión del delito y el castigo”, dijo. “Nos dedicamos a la educación”.
