El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció el lunes encarcelar a los criminales convictos deportados por Estados Unidos, una medida que recibió elogios del secretario de Estado, Marco Rubio, a pesar de las preguntas sobre si es legal o incluso posible.

“Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario”, escribió Bukele en X , y dijo que su gobierno estaba dispuesto a recibir a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa. “La tarifa sería relativamente baja para los EE. UU., pero significativa para nosotros, lo que haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El Salvador fue la segunda escala del primer viaje al exterior de Rubio como secretario de Estado. Tras reunirse con Bukele el lunes, Rubio dijo que había informado al presidente Trump sobre la oferta, que calificó de inédita.

Rubio dijo que El Salvador había propuesto encarcelar a los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por delitos y deportados de Estados Unidos. El secretario dijo que Bukele había ofrecido también aceptar a delincuentes convictos que actualmente estén cumpliendo sus condenas en Estados Unidos, “incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

El Departamento de Estado agregó más tarde que Bukele había acordado recibir a inmigrantes indocumentados de cualquier país, no solo de El Salvador, que hayan sido condenados por delitos, incluidos miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua.

A pesar del amplio alcance de la oferta, que Rubio describió como “un acto de amistad extraordinaria”, deportar a ciudadanos estadounidenses iría en contra de las protecciones que la hacen ilegal en todos los casos, salvo en los más raros.

Si bien aún no se conocen los detalles del plan, es otro ejemplo de cómo la administración Trump está rápidamente demostrando a los gobiernos de la región que son aliados o enemigos en función de su voluntad de apoyarlo, especialmente en la migración ilegal, el tráfico de fentanilo y la restricción de la influencia china.

Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de librar a su país de las drogas y las pandillas, y desde entonces se ha ganado la admiración de toda América Latina por reducir la delincuencia en su país. Al mismo tiempo, ha utilizado poderes de emergencia para ordenar detenciones masivas que, según sus críticos, han pisoteado los derechos humanos y el estado de derecho, atrapando a miles de personas inocentes.

Bukele dijo el lunes que los criminales deportados por Estados Unidos irán al Centro de Reclusión del Terrorismo, una prisión construida para albergar a 40.000 personas. Grupos de derechos humanos han documentado el hacinamiento extremo en las cárceles de El Salvador y denuncias de torturas por parte de guardias.

El Salvador firmó en 2019 un acuerdo similar para recibir a los no salvadoreños detenidos en Estados Unidos, conocido como acuerdo de “tercer país seguro”. Ese acuerdo nunca se implementó debido a la pandemia de COVID-19. Bukele se refirió a él el lunes y dijo que su nueva propuesta era “más importante y de un alcance mucho más amplio que los acuerdos alcanzados en 2019”.