Dallas, EU.- La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas informó que una mujer se convirtió en la primera ciudadana mexicana acusada en Estados Unidos de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
De acuerdo con documentos judiciales, María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, conspiró para suministrar granadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), recientemente designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global.
La mujer también está acusada de traficar armas, dinero y personas en beneficio del cártel.
La acusación fue revelada el jueves y vincula a otros dos coacusados: Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, acusado de tráfico de personas, compras falsas de armas y contrabando de armamento; y Gustavo Castro-Medina, de 28, imputado por conspirar para distribuir drogas, tráfico de armas y compras ilegales.
Navarro Sánchez fue detenida el pasado 5 de mayo en el Municipio de Magdalena, Jalisco, junto a otro hombre identificado como Moisés Navarro Orozco, en un operativo conjunto con autoridades estadounidenses, informó el Departamento de Justicia.
Navarro Sánchez era buscada por autoridades de Estados Unidos por tráfico de armas, drogas y personas, además de lavado de dinero y distribución de metanfetaminas y fentanilo en la frontera entre ambos países, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La mujer y su acompañante fueron detenidos mientras portaban un arma de fuego larga, otra corta, dosis de droga y equipos de telecomunicación.
"Maria del Rosario, vinculada a un grupo delictivo cuenta con una orden de captura por conspirar y coordinar la entrega de droga desde México a Estados Unidos", indicaron las autoridades mexicanas.
El CJNG, con presencia en casi todo México y decenas de países, es señalado por tráfico de fentanilo, lavado de dinero, sobornos, extorsión a migrantes y ataques armados contra fuerzas de seguridad mexicanas, incluidos el uso de drones con explosivos y atentados contra funcionarios.
"Esta designación permite imputaciones más severas para proteger nuestras fronteras", declaró la vocera de la Fiscalía texana.
