Costa Rica dijo el lunes que aceptó recibir hasta 25 deportados semanales de Estados Unidos, en un momento en que el país centroamericano busca una alianza más cercana con el gobierno de Donald Trump.
El acuerdo forma parte de los esfuerzos del presidente Trump por encontrar países dispuestos a acoger a los migrantes que han sido detenidos en Estados Unidos. Muchas de las personas que ya han sido deportadas proceden de países de África, Europa Oriental y Asia, donde las autoridades estadounidenses no pueden devolverlas fácilmente. Muchos migrantes tampoco pueden ser devueltos de manera legal a sus países de origen por temor a sufrir persecución o abusos.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem firmaron el acuerdo. Noem visitó el país como enviada especial de Trump para la coalición Escudo de las Américas contra el narcotráfico, tras su reciente destitución como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Chaves dijo que el acuerdo es voluntario y no vinculante, y permite a Costa Rica decidir qué deportados acepta o rechaza, incluida la elección de nacionalidades concretas. En virtud del acuerdo, el gobierno estadounidense proporciona ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones, organismo de las Naciones Unidas, sufraga los costos de alojamiento y manutención de los deportados, dijo la oficina del presidente costarricense en un comunicado.
La Organización Internacional para las Migraciones y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se ocupa de las expulsiones, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El martes, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien sucederá a Chaves en mayo, dijo a la prensa que el acuerdo era un gesto de reciprocidad hacia el gobierno de Trump, al que Chaves ha intentado cortejar mediante una serie de concesiones sin precedentes.
“Nosotros tenemos una alianza”, dijo Fernández, y añadió que el gobierno estadounidense ha ejecutado operaciones de seguridad conjuntas con Costa Rica y ha proporcionado equipamiento y formación a la policía del país, entre otras acciones encaminadas a debilitar a los grupos delictivos. “Y cuando usted está en una alianza, se entiende que usted recibe y también da apoyo a su aliado”.
Aunque el acuerdo establece que solo se trasladarán 25 personas deportadas por semana, ese límite puede ser ajustado por Costa Rica, según el comunicado. Las autoridades no facilitaron copia del acuerdo.
El gobierno costarricense dijo que los migrantes serán procesados conforme a su ley de inmigración y que se les concederá un estatuto jurídico temporal mientras se decide su situación a largo plazo. En virtud de esta misma política, el año pasado el gobierno permitió a los migrantes deportados solicitar asilo, abandonar Costa Rica o vivir con un estatuto especial designado, aunque solo después de haberlos tenido recluidos durante meses.
“Esas personas deportadas ingresarían al país en contra de su voluntad, traídas por autoridades oficiales, sin haber cometido ninguna infracción en Costa Rica”, dijo Mauricio Herrera, exministro costarricense que presentó el año pasado una solicitud de habeas corpus para impugnar las detenciones.
“Si Costa Rica acepta traerlos”, dijo, “los migrantes deben ser puestos en libertad en cuanto toquen territorio nacional”. Las autoridades también deben proporcionar servicios de traducción, alimentos, atención médica y educación para los niños, añadió.
El año pasado, el gobierno costarricense aceptó recibir a 200 deportados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños, que habían llegado de lugares tan lejanos como China, Afganistán, Rusia y Azerbaiyán.
Ese grupo viajó en autobuses durante varias horas hasta un refugio temporal ubicado cerca de la frontera con Panamá. Allí, los guardias recogieron sus pasaportes y los hacinaron en barracones, con hasta cinco familias por habitación, según relataron varios deportados a The New York Times a principios de febrero. La atención médica era irregular, incluso cuando la gente adelgazaba y enfermaba, dijeron dos familias que aún vivían en Costa Rica.
Omer Badilla, director de la autoridad de migración de Costa Rica, rebatió las afirmaciones, algunas de las cuales fueron documentadas por grupos de derechos humanos.
“Se les ofreció un país al cual pudieran acceder y disfrutar los extremos de nuestro país”, dijo en una entrevista el mes pasado, “para que formaran parte de nosotros”.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica emitió un informe mordaz y crítico sobre el trato dado a los deportados. Posteriormente, la Sala Constitucional consideró que su detención era arbitraria e ilegal. Las autoridades costarricenses liberaron a los migrantes y les dieron la opción de quedarse o marcharse.
De los 200 migrantes expulsados a Costa Rica, 110 regresaron a sus países de origen y 34 solicitaron asilo allí, dijo Badilla. El resto recibió un estatus migratorio especial, que les permitía encontrar trabajo y moverse libremente por Costa Rica.
Pero Badilla reconoció que el gobierno había perdido la pista de casi todos los migrantes que no habían regresado inmediatamente a sus países de origen, lo que sugería que algunos podían haber abandonado el país.
Algunos críticos pidieron al gobierno que pusiera fin al acuerdo.
“Nuestro llamado para el gobierno es que revise esta decisión y que no la implemente”, dijo Marcia Aguiluz Soto, abogada costarricense de derechos humanos del American Friends Service Committee, quien asistió a algunas de las familias deportadas.
“Es una concesión que parte de una política transaccional”, añadió, “que no beneficia al país, a nuestra imagen, a la ciudadanía o a las personas que llegan a Costa Rica”.
