Ana Carmen Sosa Cravioto, hija del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue detenida en un aeropuerto de la provincia de Mendoza, Argentina, por una alerta roja de Interpol relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero.

La hija del ex diputado del PRI se encontraba en el aeropuerto Francisco Gabrielli de Mendoza, a punto de abordar un vuelo a Chile, cuando su pasaporte activó una alerta roja de Interpol al pasar por el control migratorio y fue detenida por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hace 15 días, de acuerdo con el diario local El Sol.

Según ese medio, Ana Carmen había llegado a Mendoza en diciembre de 2025 y durante tres audiencias dijo dedicarse a la exportación de vino a México. El Sol también reportó que Sosa Castelán viajó a esa provincia después de conocer la detención de su hija y que se instaló el rumor de que habría intentado influir en el proceso judicial, aunque el medio no aporta pruebas de ello.

Junto con su hermana Adriana, Sosa Cravioto es investigada por autoridades mexicanas desde 2020, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambas son señaladas por presuntamente haber recibido depósitos provenientes de una red de empresas que, según la investigación de la Fiscalía, habría sido utilizada para triangular recursos entre 2011 y 2018.

Sosa Cravioto quedó inicialmente detenida en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal, por disposición de la jueza federal María Paula Marisi. Posteriormente, el titular de la Cámara Federal de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, resolvió que cumpliera prisión domiciliaria mientras se tramita el pedido de extradición a México.

La medida fue cuestionada por la Embajada de México, que presentó una queja formal. De acuerdo con El Sol, la representación diplomática argumentó que Sosa Cravioto había mostrado poca disposición a someterse a la Justicia mexicana y que salió del País para evadir el proceso en su contra.

La prisión domiciliaria se mantiene con vigilancia policial mientras se tramita la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo. El pedido de extradición continúa en los tribunales federales de Mendoza.

En el caso de su padre, Gerardo Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México y procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

En septiembre de 2024, un juez federal sobreseyó parcialmente el proceso en su contra, pero en marzo de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó esa resolución y ordenó que continuara el proceso penal. También restableció medidas cautelares y dispuso que el caso siguiera ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Sosa Castelán permaneció en prisión preventiva desde su detención hasta febrero de 2022, cuando obtuvo prisión domiciliaria por motivos de salud. En mayo de 2024 esa medida fue modificada y continuó el proceso en libertad con un brazalete electrónico, pero tras la resolución de 2025 se restablecieron las medidas cautelares.

Según la investigación de la FGR, entre 2011 y 2018 la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. habría recibido 58 millones 245 mil 948 pesos de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la UAEH, y posteriormente habría triangulado los recursos en beneficio de Sosa Castelán, sus familiares y allegados