Chihuahua.- Ante la acusación de peculado que pesa en su contra, el exgobernador Javier Corral aseguró que la reestructura de la deuda, por la que contrató de forma presuntamente irregular a un despacho privado por 98.6 millones de pesos, dejó ahorros de siete mil millones de pesos a Hacienda de Chihuahua.

Sin embargo, el mismo despacho beneficiado durante su administracióndenominado López Elías Finanzas Públicas S.C.- afirmó que los ahorros serían de tres mil 500 millones de pesos, lo que muestra una contradicción con las cifras que enunció el exgobernador sobre los resultados del proceso de refinanciamiento.

Sin embargo, estas dos cifras también son contradictorias con el registro oficial de la totalidad de obligaciones que componen la deuda pública estatal, el cual muestra un incremento de dos mil 500 millones de pesos entre el comienzo y el final de la administración de Corral Jurado.

La orden de aprehensión que la Fiscalía Anticorrupción intentó ejecutar a Javier Corral el pasado miércoles por la noche en la Ciudad de México derivó de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la revisión forense al estado de la deuda pública estatal, hacia el final de la gestión 20162021.

En la auditoría practicada detectaron diversas irregularidades, entre ellas que no había evidencia del trabajo supuestamente realizado por el despacho contratado para apoyar en la reestructura de los pasivos, denominado López Elías Finanzas Públicas S.C.

La única evidencia de supuesto apoyo a los trabajos de refinanciamiento estaba fechada antes de la firma del contrato; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, éste también fue irregular porque el despacho no estaba en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y no emitieron el correspondiente acuerdo de suficiencia presupuestal que debe hacerse ante cualquier erogación de recursos públicos.

Además, la auditoría encontró que la Ley de Adquisiciones del Estado había sido burlada por la Secretaría de Hacienda en este proceso, dado que fue constituido un fideicomiso expresamente prohibido en la norma, para evitar ciertas disposiciones legales orientadas a manejar de forma discrecional los recursos públicos.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda tenía la capacidad técnica para realizar el proceso de reestructuración y no era necesario contratar a un tercero que apoyara en el proceso.

Pese a la irregular contratación, fueron entregados dos pagos a López Elías Finanzas Públicas por un monto total de 98 millones 600 mil pesos, lo que dio pie a la investigación penal que desde mayo de 2023 requirió al exsecretario de Hacienda del gobierno de Corral, Arturo F. V., considerado prófugo de la justicia desde esa fecha.

Posteriormente, la misma causa involucró al exgobernador, quien pudo evitar la detención en la capital del país, por la intervención del fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien impidió a los agentes de Chihuahua cumplir la orden de aprehensión obsequiada por un juez de control penal de la justicia estatal, después de ello, Corral Jurado logró la suspensión provisional mediante una demanda de amparo.

Contradicciones entre Corral y López Elías

Tras el intento de aprehensión, el fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, consideró a Corral Jurado prófugo de la justicia y reiteró las acusaciones que pretende fincarle la instancia investigadora al exgobernador Corral y al exsecretario de Hacienda, por posible peculado agravado, dada la distracción de casi 100 millones de pesos en una contratación de la que no existe evidencia de su utilidad.

Por su parte, el exgobernador, además de recurrir al amparo, dirigió un escrito a la opinión pública mediante sus redes sociales, en el que se quejó de que en el expediente abierto por la ASE, le han impedido a exfuncionarios de su gobierno y al despacho López Elías, la presentación de evidencias que desacreditan los supuestos hallazgos.

“Porque en este caso no interesa la verdad ni la justicia, sino que prevalece un ánimo de venganza de María Eugenia Campos ante el combate a la corrupción que mi administración llevó a cabo, de la cual ella fue beneficiaria y por lo cual fue vinculada a proceso penal”, asentó.

Según Corral, el trabajo realizado por el despacho beneficiado con casi 100 millones de pesos, “está soportado en 23 tomos con más de 14 mil 500 hojas que detallan las actividades realizadas y debidamente registrado en las actas de entrega-recepción, así como en más de 4 mil 500 comunicaciones electrónicas entre el Gobierno del Estado y las instituciones financieras participantes, calificadoras de valores, y el despacho asesor, y en las respuestas a las más de 400 preguntas que las instituciones financieras formularon durante el proceso”.

Esa supuesta evidencia no fue encontrada en la auditoría forense practicada, a pesar de que fue realizada la revisión en una parte de la misma administración de Corral Jurado.

“Decir que no existió el trabajo realizado o imputarme responsabilidades en dicho proceso, sólo confirma que la mentira sigue siendo la divisa de la actual administración estatal”, señaló Corral, quien acusó “un linchamiento mediático” y aseguró que el proceso vulnera el debido proceso y su presunción de inocencia.

“La reestructura de la deuda trajo importantes beneficios: reducción de la tasa de interés, liberación de recursos y ahorros por más de 7 mil millones de pesos, que nos permitió sanear en parte las finanzas, hacer obra pública, soportar coyunturas complejas”, aseveró.

Esta cifra de ahorros por siete mil millones de pesos contrasta con lo que el despacho López Elías publicitó en julio de 2019, cuando obtuvo el millonario contrato del gobierno de Corral. Sobre el proceso irregular para contratar al despacho, Corral no hizo referencia alguna.

“El despacho López Elías ha participado de la mano de su director Pedro López Elías para asesorar a la administración del gobernador Javier Corral en tan relevante proceso”, asentó la entidad privada de forma institucional, en un comunicado emitido el dos de julio de 2019.

“Mediante el proceso (de reestructura) se logró una reducción de la sobretasa de 50%, lo que se estima traerá ahorros de hasta 3 mil 500 millones de pesos para destinarlos a inversión productiva”.

La diferencia de tres mil 500 millones de pesos entre lo expresado por Corral Jurado y la estimación de López Elías pone en duda la veracidad de ambas cifras.

Fracasó Corral también con la deuda

Independiente de las irregularidades, en el gobierno de Corral hubo intento para reestructurar la deuda pública y un segundo proceso de refinanciamiento, pero ninguno dio resultados, lo que puede verse reflejado en el saldo de todos los compromisos y obligaciones de la entidad.

Los registros de la deuda subnacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tienen como componente principal las obligaciones directas del Ejecutivo en el caso de Chihuahua, asientan que en el año 2014 los compromisos financieros del estado sumaban 41 mil 894 millones de pesos, lo que entonces representaba un 9.2 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) y también un 86.2 por ciento de los Ingresos Totales (IT) de la entidad; la deuda por habitante era de 11 mil 404 pesos.

Para el año 2016, último de la gestión de César Duarte y comienzo de la de Corral Jurado, la deuda había crecido a 49 mil 408 millones de pesos; per cápita era de 13 mil 188 y representaba un 82 por ciento de los IT y un 9.7 por ciento del PIBE.

Para el año 2019, a poco más de la mitad de la gestión corralista, la deuda creció hasta los 52 mil 239 millones de pesos; la per cápita también alcanzó uno de sus más altos registros, con 13 mil 567 pesos por habitante.

Al finalizar la gestión de Corral en 2021, el pasivo total estatal mostró una reducción porque el refinanciamiento únicamente amplió los plazos de pago, pero los gastos se mantuvieron al alza. Cerró el quinquenio en 51 mil 890 millones de pesos, una baja en relación al año anterior, pero muy por encima de los 49 mil 408 recibidos de la administración anterior.

Los supuestos ahorros de siete mil millones de pesos o de tres mil 500 millones de pesos en la reestructura de la deuda pública no tienen sustento documental en la evolución de los pasivos, pues la información fiscal disponible únicamente muestra que, resultado del proceso de reestructura, únicamente se renegociaron los plazos de vencimiento de los pagos, algunos hasta el año 2030.

En la actualidad, aunque el registro directo del Ejecutivo muestra variaciones a la baja, la deuda subnacional correspondiente a Chihuahua se ubica en 52 mil 139 millones de pesos, según el reporte al primer trimestre de 2024, contenido en el listado de Financiamientos y obligaciones de entidades federativas y sus entes públicos, también consignados en publicaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.