El recién designado secretario de Seguridad Pública en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio, fue comisionado de Seguridad en Chihuahua durante casi cinco años, en los cuales fueron registradas más de 14 mil ejecuciones, en un nuevo periodo de alzas de la violencia criminal en el estado.

La entonces Policía Federal, hoy

Guardia Nacional, lo comisionó al gobierno de Javier Corral como jefe de la Policía Estatal, desde finales de 2016 hasta mediados de 2020, año en los que hubo incrementos de 25 a 50 por ciento en los homicidios dolosos, que durante los años previos habían registrado una tendencia a la baja.

Unas semanas después de comenzar su gobierno en octubre de 2016, Corral Jurado designó a Aparicio Avendaño como nuevo jefe de la Policía Estatal Única, que posteriormente cambió a Comisión Estatal de Seguridad (CES), bajo el mando de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de César Augusto Peniche.

En ese entonces, Corral explicó que la designación de Aparicio se realizó bajo un esquema de licencia de la Policía Federal, acordado con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

En el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016) existía la Policía Estatal Única (PEU), que estaba al mando del general retirado Julián Rivera Bretón, quien fue el primer director y su función era la prevención.

Posteriormente el general fue sustituido en el 2011 por el comisionado Raúl Ávila Ibarra y en el 2014 quedó en la titularidad Pablo Ernesto Rocha, hasta el fin de ese sexenio.

A la llegada de Corral se estableció el modelo de la Comisión Estatal de Seguridad que, años más tarde, fue desvinculada totalmente de la FGE por decreto del Congreso local a iniciativa del entonces gobernador, y pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) que encabezó Emilio García Ruiz en la parte final del quinquenio.

Modelo fracasado

Según declaraciones que hizo el comisionado Óscar Alberto Aparicio el 6 de diciembre de 2017, cuando fue ratificado en el cargo por el gobernador Corral, esa Comisión de Seguridad fue creada “para potencializar la parte táctica y operativa de la seguridad en beneficio de los chihuahuenses”.

Para su operación, contó con las divisiones de Policía Vial, Inteligencia, Operaciones Especiales, Fuerzas Estatales, Fuerzas Rurales y Policía Bancaria; esa estructura de prevención estatal tendría independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, al paso del tiempo resultó un fracaso.

Ni como jefe de la Policía Estatal ni como comisionado de Seguridad, Aparicio Avendaño logró mejorar los indicadores delictivos en el estado. En particular, su estrategia no pudo contener un repunte de las ejecuciones entre bandas del crimen organizado.

El estado venía de años de violencia como 2010 y 2011, cuando los homicidios dolosos alcanzaron, respectivamente, seis mil 407 y cuatro mil 400 casos, pero luego entraron en una tendencia a la baja con el modelo de una Fiscalía General con el mando de la policía preventiva.

De acuerdo con los datos anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), aportados por cada fiscalía estatal, Chihuahua se mantuvo entre los primeros cinco lugares en homicidios dolosos del país, lo que hasta la fecha no ha cambiado, pero con incidencia que casi duplicaba a la de los años recientes.

El indicador de homicidios dolosos generalmente es un referencial del resto de los delitos, entre más alto uno son más elevados los demás, tanto los cometidos por el crimen organizado como los atribuidos a la delincuencia común.

Así, en 2015, el total de asesinatos en Chihuahua cerró en mil 540 casos y se elevó a mil 788 en el año 2016, de los que tres meses corresponden a la gestión de Corral Jurado. En este año la tendencia bajista se rompió, luego de los decensos de 2012, 2013, 2014 y 2015.

En 2017, el primer año completo de Aparicio como jefe de las fuerzas preventivas estatales y de Peniche Espejel como fiscal general, los homicidios dolosos aumentaron hasta los dos mil 248; en 2018, crecieron hasta dos mil 978.

En 2019, ya en funciones la CES como tal, la incidencia se mantuvo estable, con dos mil 936 casos de asesinatos oficialmente reportados, la mayoría consideradas ejecuciones o ajustes de cuentas entre los grupos del crimen organizado.

El 2020 tuvo su mayor alza hasta los tres mil 468 casos y para 2021 -el quinquenio de Corral terminó en septiembre de éste últimola cifra de asesinatos se contrajo hasta los dos mil 739 casos.

Pero Aparicio dejó la administración de Corral en 2020, durante el mes de mayo, con la justificación de que asumiría un cargo más alto en la Guardia Nacional, donde semanas después fue designado como titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana.

Aparicio Avendaño renunció en medio de otra transformación que, justo en ese año 2020, llegó al Gobierno del Estado, pues la CES fue elevada a nivel de Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo primer titular fue Emilio García Ruiz, uno de los cuadros de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el periodo de Felipe Calderón como presidente y Genaro García Luna -sentenciado este año en Estados Unidos por narcotráfico- como titular del ramo.

La dimisión de Aparicio fue también en medio de supuestos conflictos con García Ruiz, ante quien debía subordinarse, después de haber actuado durante 2017, 2018 y 2019, de forma independiente incluso del fiscal general de entonces.

Tras su renuncia, quedó al frente de la CES uno de los hombres de confianza de Aparicio, Álvaro Serrano, quien en agosto de 2021, casi al terminar la gestión corralista, huyó de Chihuahua, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) intentó ejecutarle una orden de aprehensión.

Así, durante la gestión del extitular de la CES se acumularon 11 mil 630 ejecuciones y otras 2 mil 739 al siguiente año de haber dejado el cargo, para sumar 14 mil 369 durante el quinquenio de Corral Jurado.

¿Tendencia a la baja?

En Chihuahua, tras la acumulación de muertes violentas en las calles de años pasados, el 2022 cerró con dos mil 157 casos, que bajaron a dos mil 120 en 2023; en este año, hasta el corte del mes de noviembre, se acumulan mil 593 ejecuciones en el estado, en una aparente tendencia a la baja.

En tanto, el exjefe de la Policía Estatal, después de asumir en 2020 un alto cargo en la Guardia Nacional, fue comisionado en 2022 a la Dirección General de Seguridad y Tránsito de Tulum, Quintana Roo, donde apenas duró unos cuantos meses.

En ese mismo año, el gobernador de Tamaulipas recién electo, Américo Villarreal, lo anunció como su próximo secretario de Seguridad Pública, pero el nombramiento fue

VIOLENCIA EN CUU:

Tendencia anterior:

Año 2015 2016

En Gobierno de Corral

2017 2018 2019 2020 2021

Asesinatos 1,540 1,788

2,248 2,978 2,936 3,468 2,739 14,369

Administración estatal actual:

2022 2023 2024 *Hasta el mes de noviembre

2,157 2,120 1,593* cancelado por supuestas presiones de la Defensa Nacional, que no validó su perfil para dicho cargo.

Posteriormente, pudo conocerse que Aparicio Avendaño había sido nombrado como subsecretario de Operación Policial de Zacatecas, en la gestión del gobernador David Monreal, hasta el pasado viernes, cuando renunció para asumir como secretario del ramo en su tierra natal, Chiapas, a invitación del mandatario electo, Eduardo Ramírez Aguilar, quien entra en funciones este próximo ocho de diciembre.

“La reciente designación de Óscar Aparicio Avendaño como futuro secretario de Seguridad de Chiapas ha encendido alarmas debido a su polémica trayectoria en otros estados como Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua”, publicó al respecto del nombramiento La Verdad de Tamaulipas.

“Aparicio, quien renunció este domingo a su cargo en la Subsecretaría de Operación Policial de Zacatecas, tiene un historial de acusaciones graves de corrupción y vínculos con grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización a la que protege y permite su ingreso en los estados donde ha desempeñado cargos en seguridad pública”.

De acuerdo con ese medio de comunicación, durante su tiempo al frente de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, fue señalado por permitir el ingreso de grupos armados y de tener acuerdos con un cártel.