Chihuahua.- Únicamente el excoordinador de Comunicación Social del gobierno de Javier Corral, Antonio Pinedo Cornejo, está recluido en prisión bajo acusaciones de corrupción. El resto de los integrantes de su administración que han sido señalados por varios delitos, enfrentan causas penales o investigaciones en libertad, mientras el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, sigue prófugo.

Por presuntos actos de corrupción y otros ilícitos que habrían sido cometidos durante la administración de Corral Jurado, han sido señalados 18 exfuncionarios: los extitulares de Comunicación, Salud, Hacienda y Desarrollo Rural; un exfiscal de segundo nivel y nueve de sus colaboradores; así como una subdirectora, dos particulares y el exdirector de un organismo descentralizado.

Una decena de los señalados corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) que estuvieron a cargo de la unidad especial del Ministerio Público que fue conocida como “Operación Justicia para Chihuahua”, a cargo de investigar y procesar a los exfuncionarios de la administración de César Duarte (2010-2016).

Otros cuatro casos de colaboradores de la administración corralista (2016-2021) corresponden a un escándalo de corrupción en Comunicación Social, observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó contratos irregulares en la dependencia para favorecer a una empresa por parte del titular del área y una colaboradora, en un entramado en el que se vieron involucrados dos particulares.

Además, existen procesos iniciados por desvíos en el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), en contra del que fuera su titular, Juan Pedro Santa Rosa González y en la Secretaría de Desarrollo Rural, durante la gestión de René Almeida Grajeda.

Asimismo, tienen procesos abiertos el titular de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Corral Jurado, Eduardo Fernández Herrera, quien también fue subsecretario de Egresos y director de Administración de la Fiscalía General del Estado; y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien huyó de Chihuahua desde hace poco más de un año.

Pese a todos los señalamientos, sólo el excoordinador de Comunicación y dos de sus presuntas cómplices; el exsecretario de Salud y el que fuera coordinador de la unidad especial de la Fiscalía dedicada a procesar a los duartistas, Francisco González Arredondo, han pisado la prisión en algún momento, aunque únicamente el primero permanece recluido en el penal de Aquiles Serdán.

LAS PRIMERAS DETENCIONES DE CORRALISTAS

El 16 de noviembre de 2022 fue la primera detención de una exfuncionaria corralista, la que fuera directora administrativa de Comunicación Social del Estado, Paulina del Rocío Licón Atilano, quien fue liberada días después para enfrentar el proceso penal en libertad.

La exadministradora estaba acusada, junto con el que fungiera como coordinador de Comunicación Social, de participar en la asignación de un contrato por 9.3 millones de pesos durante el año 2019 a la empresa Xtreme Sports, donde laboraba su hermana, Abril Susana Licón, quien mantenía una relación sentimental con Jesús Antonio Pinedo Cornejo.

Dicha empresa era dirigida por Efraín Alonso Maldonado Delgado, quien tenía relación sentimental con la entonces funcionaria Licón Atilano, razón por la que fueron imputados los cuatro vinculados: el socio de la empresa y el jefe de Comunicación Social, además de las dos hermanas.

Abril Susana fue detenida hasta el 18 de abril de 2023 y también logró enfrentar el proceso en libertad, mientras que Maldonado Delgado logró el amparo durante algunos meses y la Fiscalía Anticorrupción no ha informado si mantiene el proceso en su contra.

En cambio, el exfuncionario de primer nivel de la gestión de Corral Jurado, fue detenido el 15 de marzo de 2023 en un café de Ciudad Juárez por agentes estatales, y vinculado a proceso días después por uso ilegal de atribuciones, por la supuesta simulación de servicios prestados a la administración estatal para cobrar la suma millonaria a favor de la empresa.

En medio de ese proceso, el 21 de marzo de este año, la Fiscalía Anticorrupción le fincó una segunda causa penal por peculado agravado, acusándolo de cobrar una bonificación indebida de 160 mil pesos, autorizada por el entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, después de haber sido destituido por Corral Jurado en diciembre del año 2018.

Por ambas causas penales, Pinedo Cornejo ha permanecido preso durante más de un año, pero la instancia investigadora estatal no ha informado con certeza el estatus de cada imputación.

TORTURA, LO QUE LLEVÓ A PRISIÓN AL EXFISCAL

Francisco González Arredondo comenzó el gobierno de Corral como agente del MP a cargo de la llamada “Operación Justicia”, diseñada para procesar a los duartistas, pero al final de la administración fue ascendido al cargo de fiscal de Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El exfuncionario renunció al comienzo de la administración actual y el 21 de noviembre de 2022, en la ciudad de Delicias, fue detenido por agentes de la misma FGE, por una orden de aprehensión librada en su contra, a raíz de una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que consideraba necesario procesarlo por presuntos actos de tortura.

Cinco exfuncionarios duartistas habían acusado a González Arredondo de presionarlos de forma ilegal para que declararan en contra de otros o se autoincriminaran; de esa queja surgió la decisión del organismo derechohumanista y posteriormente la acción penal en su contra.

En medio de señalamientos de que era una venganza política por su actividad como fiscal contra el duartismo, González Arredondo logró que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) a mediados de diciembre de 2022. Así, el ocho de marzo de 2023, la justicia federal, sin oposición de la FGR, le permitió al exagente del MP llevar su proceso en libertad.

Hasta la semana pasada, el proceso contra González Arredondo en los tribunales federales estaba estancado, más de un año después del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad restringida, que supuestamente le impedía salir del estado de Chihuahua.

Mientras era procesado el exfuncionario, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que estaban siendo investigados los exagentes del Ministerio Público que colaboraron con él en la unidad especial, algunos también señalados por tortura por parte de otros acusados.

Los que formaron el equipo de González Arredondo fueron identificados, en su momento, como Elisa P. Y, Estefanía A., Martha P., Priscila N., Francisco Javier F., Beatriz Adriana A., Claudia R., Ricardo R. N., y Eduardo Ch., todos fuera de la FGE desde principios de la actual administración estatal.

Los resultados de la unidad especial a cargo de la Operación Justicia son, hasta la fecha, que los 34 detenidos e imputados por delitos, incluido el exgobernador César Duarte, ya se encuentran en libertad, algunos por resoluciones judiciales que los exoneraron de cualquier acusación o por faltas al debido proceso y otros por las penas mínimas impuestas por la justicia estatal.

OTRO ACUSADO Y UN PRÓFUGO

El exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, enfrenta un cargo de peculado por 98 millones de pesos y otro por uso ilegal de facultades, pero es considerado prófugo de la justicia desde el nueve de mayo de 2023, cuando el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó de las causas penales contra el que fuera responsable de las finanzas estatales durante el régimen de Corral Jurado.

En calidad de prófugo ha cumplido 13 meses, después de buscar amparos para evitar comparecer ante un juzgado penal en Chihuahua.

La imputación contra Fuentes Vélez surgió tras una revisión financiera los años 2019 y 2020, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), instancia que detectó dos pagos por 49 millones 300 mil pesos cada uno, a un despacho de la Ciudad de México, que asesoraría al Gobierno del Estado en la reestructuración de la deuda pública. Un pago fue realizado el tres de diciembre de 2019 y otro el cinco de agosto de 2020, sin que fuera encontrado el soporte documental del supuesto trabajo realizado por dicho despacho especializado en finanzas públicas.

Ello dio pie a una denuncia penal por parte de la ASE y fue la Fiscalía Anticorrupción la que procedió por esa vía contra el exfuncionario por presunto uso indebido de atribuciones, a lo cual la instancia investigadora determinó añadir el posible peculado agravado, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente.

Además, el exresponsable de las finanzas estatales enfrenta señalamientos no judicializados por no transferir, entre los años 2020 y 2021, recursos a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y a la Cruz Roja, por más de 450 millones de pesos.

Dichos montos son producto de la recaudación fiscal estatal mediante contribuciones extraordinarias que tienen definido su destino para inversión social mediante las asociaciones civiles, pero no ha sido determinada la responsabilidad del exsecretario en su desvío a otros rubros presupuestales.

Otro exfuncionario de primer nivel, Eduardo Fernández Herrera, enfrenta una causa penal iniciada por la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2023 por la contratación indebida, con la simulación de otro procedimiento, de un crédito por más de 401 millones de pesos, que comprometió las finanzas del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

El exsecretario de Salud, exdirector de Administración de la Fiscalía del Estado y exsubsecretario de Egresos durante el gobierno de Corral Jurado, fue acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades, por lo cual fue detenido el 14 de mayo de 2023 y vinculado a proceso, pero con el beneficio de enfrentar en libertad las acusaciones, debido a que el delito no obliga a la medida cautelar de la prisión preventiva.

Hasta la fecha su proceso sigue abierto, sin fecha para la resolución de su situación, después de que, desde el año pasado, circularan versiones extraoficiales de que podría recibir criterios de oportunidad, figura contemplada en el Código Penal para beneficiar a imputados con penas mínimas, a cambio de que aporten información de otras investigaciones más graves.

MOLESTIAS MÍNIMAS PARA OTROS CORRALISTAS

En otro caso por corrupción durante el gobierno de Corral Jurado, fue procesado y sentenciado por la vía administrativa el exdirector del Instituto del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa.

El 16 de febrero de 2023, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó al exfuncionario por tres meses para ocupar cargos públicos, tras un juicio de responsabilidad por haber creado una empresa, denominada LBE Chihuahua, la cual recibió contratos de la dependencia a su cargo por un millón 360 mil pesos, el Juicio de Responsabilidad Administrativa identificado como E 034/2022-2, se inició tras la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, luego de revisar la cuenta de la dependencia correspondiente al año 2020.

Por este mismo motivo, la Fiscalía Anticorrupción procedió por la vía penal y logró, el 28 de febrero de 2024, la vinculación a proceso de Santa Rosa González, por el delito de peculado agravado. El juez de control ante el que compareció el exfuncionario permitió llevar el proceso en libertad y dio seis meses para el cierre de la investigación. Por otra parte, otra denuncia penal de la Auditoría Superior señala irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural en el año 2021, último año de la gestión corralista en el que la dependencia estuvo encabezada por René Almeida Grajeda.

El exfuncionario no ha sido imputado ni señalado como posible responsable, pero de acuerdo a los resultados de una auditoría de cumplimiento financiero, la dependencia pagó indemnizaciones a beneficiarios del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, de los cuales se detectó que la documentación que integra el expediente de varios de ellos, no fue reconocida como expedida por parte de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic; así como también, se reconoció por parte de algunos beneficiarios el no haber recibido el apoyo económico y/o no haber realizado trámite alguno ante el municipio correspondiente para que le fuera extendida una constancia de acreditación de propiedad.

Al respecto, la Fiscalía no ha dado a conocer avances en torno a la integración de la investigación contra el exfuncionario estatal, ni ha sido llamado a comparecer ante un juzgado.

Así, hasta la fecha es sólo uno de los 18 exfuncionarios corralistas el que es mantenido recluido en prisión, mientras que el resto de los que han sido señalados o investigados, enfrentan en libertad las imputaciones o no han sido formalmente imputados de algún delito.