El activista agrario Eraclio “Yako” Rodríguez consideró que el abatimiento de los acuíferos del estado ha generado un ecocidio, producto de cientos de concesiones y pozos ilegales que permitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las últimas tres administraciones federales.

La extracción excesiva de agua provocó que en Namiquipa crecieran de 16 mil a 42 mil las hectáreas de riego por bombeo; y en Riva Palacio, de 980 a nueve mil 355 hectáreas, en beneficio, principalmente, de productores menonitas.

Pese a este crecimiento desbordado de la extracción de agua subterránea, dijo Rodríguez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende invertir alrededor de seis mil millones de pesos en subestaciones para seguir energizando pozos ilegales, producto de actos de corrupción de los que acusó a la hoy diputada Brenda Ríos y a su esposo Alex Lebaron, exdelegados de Medio Ambiente y de la Conagua.

El también exdiputado federal mostró un documento oficial de la Conagua donde enlistan 395 constancias para la extracción de agua en Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa, todas tramitadas de forma irregular en unos cuantos años.

El documento es la respuesta que, el 30 de enero de 2015, dio Alex Lebaron, como director local de la Conagua en Chihuahua, a una consulta de Hugo Alberto Niebla Mendoza, jefe de la Dirección Comercial Norte de la CFE, para conocer el estatus jurídico de los pozos y concesiones otorgadas por la autoridad a cargo de la gestión de las aguas nacionales.

En este, Lebaron reconoce que existen las boletas de inscripción a registros de las concesiones, sin la documentación que pruebe la forma en que fueron entregados dichos permisos, cuando cada vez era menor la disponibilidad de agua.

En realidad, afirmó “Yako” Rodríguez, todos esos permisos fueron tramitados con sumas que fueron de los 12 mil 500 a los 25 mil dólares, con los que los concesionarios del agua pagaron a funcionarios federales de la Conagua, Comisión Federal de Electricidad y jueces, para tener los aprovechamientos que mantienen en la actualidad y han sido la causa del ecocidio en el estado.

Explicó el activista que, tras pleitos legales por la operación de esos pozos, se dieron resoluciones judiciales en las que los jueces ordenaron otorgar las concesiones de acuerdo a la disponibilidad de agua, por lo que llegaron a expedirse títulos para pozos con un volumen de un metro cúbico cada uno.

Sin embargo, gracias a la corrupción en la Conagua, que también alcanzó a los jueces, luego eran revisadas esas resoluciones y les otorgaron títulos para extracción de hasta un millón 400 mil metros cúbicos por pozo al año, cuando el promedio en el estado es de 340 mil metros cúbicos por pozo.

“Es una barbaridad, es una explotación ilegal e irracional de los recursos naturales”, dijo Rodríguez, quien consideró que lo más grave es que ahora la exdelegada de Medio Ambiente que posibilitó esa trama de corrupción, Brenda Ríos, antes del Partido Verde, hoy sea diputada local, sólo que por Morena, mientras su marido era el encargado de la Conagua.

Más energía de CFE para pozos ilegales

El descontrol en la extracción de agua, generado por la corrupción en la entrega de concesiones, se suma a la sequía padecida los dos últimos años y a la explotación de las aguas superficiales.

Eso, señaló el líder de El Barzón en una amplia región del estado, ha llevado a una devastación ambiental que padecen con mayor intensidad la mayoría de los productores que no tienen acceso al crédito ni a apoyos gubernamentales, concentrados en unas cuantas manos, a través de los consejos nacional y estatal agropecuarios, que representan los intereses de los productores ricos.

Ante esa devastación y grave situación que enfrentan los campesinos del sector social afectados en sus cosechas, no hay apertura de los gobiernos estatal o federal para cuando menos dialogar y buscar alternativas que les permitan la subsistencia.

En la actualidad, informó, a esos pozos abiertos por la corrupción, la CFE busca satisfacer la demanda para extracción de más agua, cuando prácticamente todos los acuíferos del estado en zonas productivas están abatidos o muestran déficit desproporcionados.

En Riva Palacio, señaló, la CFE pretende invertir mil 500 millones de pesos en una nueva subestación que atienda la demanda de pozos para la extracción de más agua del subsuelo, situación que existe en Bachíniva, Ascención y Janos, donde la paraestatal contempla mayor infraestructura a pesar de la demostrada irregularidad con la que es explotada el agua en Chihuahua.

“Sí tienen cerca de seis mil millones de pesos para invertir en más subestaciones para electrificar más pozos, pero no para apoyar la producción agrícola de los que más lo necesitan; si tienen para eso, pero no para construir hospitales, para mantenimiento de carreteras, para atender otras verdaderas necesidades”, declaró.

Agregó que los productores no están en contra de que la CFE construya más subestaciones e invierta más infraestructura, pero sí están en contra de que sea para regularizar esa operación de pozos que surgió de la corrupción en la Conagua y que ha provocado el abatimiento de los mantos freáticos y pone en riesgo la viabilidad del estado.

Ese saqueo de los recursos naturales, consideró, comenzó desde principios de los años 2000 y fue agudizándose en la última década, igual con Felipe Calderón que con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador como presidentes de la República; de la misma forma, jamás atendieron estos graves problemas los gobiernos de César Duarte, Javier Corral y el actual encabezado por Maru Campos.

Ni en el sexenio que terminó de López Obrador, dijo, fue atendido este reclamo de los campesinos de Chihuahua, ante el robo del agua descarado, del que se beneficiaron funcionarios de la Conagua y de la CFE, que hicieron negocios tan jugosos que ni los más acaudalados productores del campo han logrado.

Agricultura de riego disparó gasto de acuíferos

“Yako” Rodríguez presentó la situación que enfrentan los municipios de Namiquipa y Riva Palacio, para dar un ejemplo de cómo ha evolucionado la agricultura sostenida exclusivamente con agua del subsuelo, en una región donde más ha crecido el problema de los pozos ilegales, a los que la CFE pretende garantizarles energía, a pesar del demostrado déficit que tienen los acuíferos Baja Babícora y Santa Clara, similar a la que enfrentan más de 30 de los 61 que existen en Chihuahua.

En Namiquipa, la superficie agrícola total ha decrecido de 115 mil hectáreas que había en el año 2003, a 86 mil hectáreas cultivables hasta el año pasado. Sin embargo, las hectáreas de riego por bombeo hace 20 años eran 16 mil, mientras que casi 100 mil eran de temporal y en la actualidad las de riego son 42 mil, más del doble, mientras que las de temporal son apenas 43 mil.

Es decir, la superficie regada con agua del subsuelo creció más del doble, mientras que la temporal cayó a menos de la mitad de hace dos décadas.

En Riva Palacio, con más de 50 mil hectáreas cultivables en 2003, de las que sólo 980 eran de riego y el resto de temporal; ahora la superficie agrícola disminuyó a 38 mil, pero la que demanda extracción de agua del subsuelo creció a nueve mil 355, casi 10 veces más.

Todo este crecimiento ha sido notablemente irregular y ha beneficiado exclusivamente a menonitas y a grandes empresarios, que además cuentan con acceso privilegiado a los apoyos gubernamentales.

En cambio, otros productores que no tienen ese acceso al agua ni al financiamiento o a cualquier otro subsidio, habrán de perder este año más de tres mil 360 millones únicamente en no poder producir 800 mil toneladas de maíz y otras 80 mil toneladas de frijol. Ante el cambio de administración federal, consideró, tampoco hay esperanzas de que sean atendidos los reclamos de los productores campesinos para buscar alternativas que sirvan para paliar los daños ambientales y mejorar las condiciones de producción agrícola en Chihuahua.

Por ello, Rodríguez llamó a que las autoridades estatales y federales abran espacios de diálogo con los productores de forma urgente, como único camino para hacer sostenible el vital sector primario de la entidad y generar condiciones más dignas y equitativas para quienes trabajan la tierra y se encargan de producir los alimentos más importantes de los hogares.