El vocero de la Federación de Colegios de Abogados, Ernesto Avilés Mercado, comentó que a partir del primero de septiembre habrá una suspensión de plazos legales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de acuerdo con las notificaciones que han recibido los empleados de los juzgados, lo que calificó como una situación que va a afectar a más del 70 por ciento de los asuntos que son llevados en el Poder Judicial del Estado (PJE).

Explicó que el anuncio no ha sido realizado de manera oficial, pero fue a través de empleados del Poder Judicial que fueron enterados de que este plazo será para que los nuevos jueces y magistrados estén en condiciones de empezar sus funciones.

El jurista recalcó que los más afectados por esta medida serán los ciudadanos que tengan asuntos en proceso y los litigantes, que dependen de que cada caso avance.

“Lo que nos han dicho es que serían 10 días los que quedarán suspendidos, esto no aplicaría para los procesos penales, pero para todos los demás sí habrá una afectación, porque estamos hablando de los casos civiles y familiares, tan sólo los familiares representan el 70 por ciento de los asuntos del Tribunal”, dijo.

Apuntó que para los litigantes suspender los plazos, además de que atenta contra los derechos de los justiciables en el sentido que la justicia debe ser rápida y expedita, resulta un daño en sus operaciones, ya que ellos dependen de que los asuntos avancen para entregar resultados a sus representados.

“Los abogados litigantes dependemos totalmente de que el Tribunal opere de manera adecuada”, externó.

“Esto lo vemos como algo negativo, porque ni en la pandemia tomaron medidas así, además de que suponen que quienes llegan a los cargos tienen la capacidad de empezar de lleno en las labores y es que las instituciones deben estar por encima de los proceso de elección y de los acomodos que realizarán”, añadió.

La carga de trabajo para los 270 jueces que tomarán posesión el próximo 1 de septiembre es cercana a los 80 mil casos, ya que hay en proceso cerca de 30 mil asuntos sumados a los 50 mil que en promedio llegarán en el segundo semestre del año y que deberán resolver antes de diciembre en su gran mayoría, como ha ocurrido en el histórico de los tres años anteriores.

Al respecto, Avilés mencionó que con suspender los plazos lo que también ocurrirá es que haya aún más asuntos acumulados, por lo que las complicaciones podrían ser aún mayores. (Orlando Chávez / El Diario) [email protected]