En el documento, dirigido a la Gobernadora del Estado, el Fiscal General, el Secretario General de Gobierno, el Director de Seguridad Pública Estatal y el Presidente Municipal de Aldama, los residentes exigen operativos permanentes y efectivos de seguridad, la intervención inmediata de instancias estatales o federales, así como una investigación real sobre la falta de atención a denuncias previas.
También solicitan protección para los vecinos que han denunciado y advierten que no aceptarán continuar viviendo bajo amenazas ni abandono gubernamental.
Además de la problemática de seguridad, los vecinos señalaron la existencia de un conflicto interno dentro del fraccionamiento.
De acuerdo con su versión, existen dos grupos claramente diferenciados: uno que representa aproximadamente el 60 por de los colonos, quienes aseguran cumplir con el reglamento y sostener el funcionamiento del residencial, y otro grupo estimado en un 30 por ciento al que califican como disidente, conflictivo e irresponsable.
Según los denunciantes, este grupo antagónico no paga cuotas de mantenimiento ni el servicio de agua, y recientemente habría realizado una asamblea paralela para autonombrarse comité y administradores, acto que el grupo mayoritario desconoce por considerarlo irregular.
Los vecinos explicaron que dicha asamblea presenta múltiples inconsistencias, entre ellas la participación de personas que no cuentan con escritura pública, lo cual —afirman— contraviene el reglamento, donde se establece que solo se considera a quien posee escritura.
Asimismo, señalaron que el mismo reglamento indica que solo cuando estén escrituradas las dos terceras partes de las viviendas puede celebrarse una asamblea formal, condición que, aseguran, no se ha cumplido.
Indicaron que durante años han pagado una cuota anual de mantenimiento de 3 mil 500 pesos, cantidad que consideran baja, y que pese a ello han sido acusados de malos manejos por el grupo disidente, el cual se ha negado sistemáticamente a cubrir sus obligaciones.
Finalmente, los vecinos reiteraron que adquirieron sus viviendas bajo el régimen de condominio, con reglas claras establecidas en sus escrituras públicas, y pidieron a las autoridades intervenir tanto en el tema de seguridad como en la legalidad de la administración interna, antes de que el conflicto escale a mayores consecuencias.
