Chihuahua, Chih.- De enero a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha recibido 372 quejas contra autoridades estatales siendo las autoridades educativas (Secretaría de Educación y otras) y la Fiscalía General del Estado (FGE), las principales con 93 y 86.
Posteriormente están la Secretaría de Salud con 17, al igual que el Desarrollo Integral de la Familia; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado obtuvo 13 y las Juntas municipales de agua y saneamiento también.
Pensiones Civiles del Estado registró once, la Secretaría General de Gobierno cinco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tres y la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda una respectivamente.
En cuanto a los organismos autónomos y otras autoridades estatales el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua con diez, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua cinco, el Ichitaip dos, la Universidad Autónoma de Chihuahua una, el Congreso del Estado una y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez una.
Aunado a eso y en lo que respecta a las autoridades municipales, Chihuahua ocupa el número uno con 30, la de Juárez el segundo con 26 y de ahí siguen Parral con seis, Delicias con cinco, al igual que Cuauhtémoc, Camargo y Guerrero tres cada una, Rosales y Meoqui dos respectivamente.
Con una sola están: Julimes, Matamoros, Morelos, Saucillo, Aquiles Serdán y Ascensión.
Las autoridades federales señaladas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con 25; la Guardia Nacional cinco, el ISSSTE cinco, la SEDENA cuatro, la SEP tres, la Secretaría del Bienestar también, el Poder Judicial una, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una, la Comisión Federal de Electricidad una y la Procuraduría Agraria una.
Los principales actos violatorios específicos son el prestar indebidamente el servicio público, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones (extorsión), empleos, cargos o comisiones, la violación al principio de interés superior de la niñez, acciones o prácticas de violencia contra la mujer, lesiones, entre otros.
Además, este organismo realizó 998 gestiones, brindo mil 864 asesorías, lo que representa un incremento de 102 acciones respecto al mismo periodo del año anterior.