Chihuahua, Chih.– Con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, la diputada federal Rocío González (PAN), presentó una iniciativa para modificar la Ley del Infonavit y la Ley de Vivienda, para fortalecer los esquemas de financiamiento, subsidios y ahorro, previo para la adquisición de una vivienda, con un enfoque especial en la población en situación de pobreza.
La chihuahuense explicó que su propuesta busca restablecer un esquema de apoyo para que las personas que cuenten con un ahorro y crédito puedan acceder a un subsidio lo que les ayudaría a adquirir una vivienda adecuada, nueva o usada.
Recordó que, desde el Presupuesto de Egresos de 2019, se realizó un recorte del 70 por ciento al programa de subsidios para la vivienda, administrado por la Conavi, lo que afectó la comercialización de viviendas económicas y dificultó el acceso a una vivienda para familias de bajos ingresos.
Estados como Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Aguascalientes, dijo, recibieron la mayor parte de esos subsidios, mientras que entidades con alto rezago habitacional, como Baja California, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, fueron menos beneficiadas.
Con el restablecimiento de ese esquema de apoyo, indicó, no buscarían otorgar el valor total del inmueble, sino brindar un impulso económico a quienes ya cuentan con ahorros y crédito otorgado por las instituciones oficiales, o por medio de créditos bancarios, para concretar la compra de una vivienda adecuada.
“Se busca también que estados y municipios puedan presentar proyectos considerando a la población en pobreza sin acceso a vivienda, permitiendo una mejor distribución de los subsidios federales”, declaró.
Destacó que la iniciativa contempla, por otro lado, que tanto la vivienda como el suelo donde se construya sean adecuados, es decir, que cuenten con básicos, tales como agua potable, saneamiento, alumbrado público, seguridad, centros educativos, transporte e infraestructura y cercano a los centros poblacionales o urbanos.
Asimismo, dijo, se plantea que el presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar y a la Comisión de Vivienda no deberá ser inferior al aprobado el año anterior y de estos fondos, hasta un tercio sea destinado al programa de vivienda social y subsidios para la adquisición de vivienda.