Chihuahua.- Édgar Hermán Escárcega, hermano de la magistrada Nancy Escárcega y quien fue sentenciado dos veces por el delito de secuestro, podría contar con un doble tráfico de influencias, por un lado el de la propia juzgadora y por otro el de su esposo, Francisco Sánchez, quien actualmente es diputado local, advirtió Ernesto Avilés, vocero de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados.

“Este caso tiene una trascendencia muy relevante, no solamente porque es el ingreso de nuevos magistrados, sino por la percepción de que podría haber influyentismo y, por otro lado, una situación ilegal”, expresó Avilés durante una entrevista.

Recordó que la magistrada Escárcega ha sido una figura pública que se ha proclamado como "incorruptible", lo cual —dijo— agrava aún más el escenario. A ello le suma que su esposo, Francisco Sánchez, es actualmente diputado local, lo que ha generado dudas sobre una posible presión política o institucional desde dentro y fuera del Tribunal.

“No sabemos exactamente qué ocurrió, pero qué bueno que el Tribunal de Disciplina decidió iniciar una investigación. Es una señal de que está actuando con responsabilidad”, agregó.

Avilés también advirtió sobre un posible desacato judicial en este caso, ya que habrían ignorado decisiones de jueces de amparo, lo que en su opinión refleja una preocupante tendencia entre diversas autoridades estatales y federales.

“Ojalá no nos acostumbremos a que las autoridades desobedezcan las órdenes de un juez de amparo. Durante la reforma judicial, muchos amparos fueron ignorados por el Ejecutivo, el Legislativo y otras instancias. Ya lo vimos antes con el caso en El Cien del Agua, donde ni siquiera las Fuerzas Armadas respetaron suspensiones judiciales”, recordó el abogado.

Lo más grave, aseguró, es que el hermano de la magistrada, a pesar de tener dos condenas por secuestro, habría accedido a beneficios procesales o penitenciarios que la ley expresamente prohíbe para delitos de esa naturaleza.

“La ley es clara: las personas sentenciadas por delitos graves, como el secuestro, no pueden acceder a beneficios. Que esto haya ocurrido genera una gran incertidumbre dentro de la comunidad jurídica”, dijo.

Además, Avilés criticó la falta de capacitación de algunos jueces que habrían participado en las audiencias del caso, cometiendo errores procesales que podrían haberse evitado si hubieran respetado el marco legal.

“Hay un banco de legalidad que te dice exactamente lo que debes o no hacer. El papel del Consejo de Disciplina es justamente velar porque los jueces se apeguen a la normatividad. Si el hermano de una magistrada con poder dentro del Consejo accede a beneficios ilegales, el mensaje institucional es sumamente negativo”, advirtió.

Desde la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados, que representa al gremio legal organizado del estado, también han hecho un llamado a mantener un diálogo permanente y respetuoso con el Poder Judicial, especialmente con la magistrada presidenta y los demás integrantes del Tribunal de Disciplina y del Consejo de Administración.

“Nosotros somos la voz de los justiciables. La ciudadanía accede a la justicia a través del foro legal, y es nuestro deber ser intermediarios legítimos ante las autoridades. Por eso, pedimos una comunicación constante, transparente y con voluntad de mejorar el sistema”, sostuvo Avilés en representación del organismo.

El abogado también afirmó que Dario Machuca Alvarado, presidente de la Federación, está dispuesto a ofrecer el respaldo institucional para coadyuvar en la solución de este y otros conflictos que pongan en riesgo la integridad del sistema judicial en el estado.