El 65.5 por ciento de ocho mil 189 directivos, docentes y autoridades educativas de primaria y secundaria consultados por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) consideró negativo el impacto de los teléfonos celulares en las escuelas, resultado que servirá de base para construir una regulación estatal mientras la SEP analiza a nivel nacional nuevas reglas para su uso.

El estudio abarcó tres mil 288 planteles de los subsistemas estatal y federal, y además reveló que 39.9 por ciento considera prioritario mantener la prohibición durante la jornada escolar.

La consulta denominada “Estrategias que promuevan un entorno escolar seguro” fue aplicada a supervisores, jefes de enseñanza, directores, subdirectores y docentes de dos mil 428 primarias y 860 secundarias. Del total de participantes, 77 por ciento correspondió al nivel primaria y 23 por ciento a secundaria, con representación de escuelas de distintas regiones de Chihuahua.

En la valoración sobre el impacto de los celulares, 46.8 por ciento respondió que ha sido “más negativo que positivo” y 18.7 por ciento lo calificó como “predominantemente negativo”, para alcanzar el 65.5 por ciento. Otro 25.4 por ciento consideró equilibrados sus beneficios y problemas, mientras sólo alrededor del 9 por ciento ubicó su efecto dentro de las dos categorías positivas contempladas por el instrumento.

El estudio muestra además que las restricciones ya operan en una parte importante de las escuelas: 44.6 por ciento de los consultados respondió que el celular está completamente prohibido durante toda la jornada, 20.5 por ciento señaló que únicamente puede utilizarse con fines pedagógicos y bajo supervisión, y 17.1 por ciento indicó que existe un reglamento, aunque su aplicación es irregular. En otro 11.8 por ciento de los casos no existe una política específica.

Sobre el uso que los estudiantes dan actualmente a estos dispositivos, 47.8 por ciento respondió que en sus planteles no está permitido utilizarlos durante la jornada; entre quienes sí tienen acceso, 27.9 por ciento identificó principalmente entretenimiento, como redes sociales, videojuegos, videos o música; 12.3 por ciento reportó un uso mixto académico y personal y apenas 6 por ciento señaló como función principal el apoyo a actividades escolares.

Carmen Julia Aguirre Santana, secretaria técnica de la Dirección General de Seech, explicó que la principal conclusión es que el dispositivo pierde valor educativo cuando su utilización ocurre sin acompañamiento docente. “El uso de los celulares en las instituciones escolares es negativo, no tiene una influencia positiva, a no ser que esté acompañado del uso académico del maestro”, señaló.

Sin embargo, los resultados no apuntaron únicamente hacia la prohibición. Aunque 39.9 por ciento eligió mantenerla como acción prioritaria, otro 26.9 por ciento pidió establecer un reglamento estatal claro y uniforme y 21.7 por ciento consideró necesario fortalecer la participación de madres, padres y tutores. El resto optó por capacitación docente para el uso pedagógico de dispositivos y programas de ciudadanía digital.

El secretario de Educación y Deporte (SEYD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, afirmó que el Estado no pretende dejar las restricciones a criterio de cada plantel, sino construir una política transversal y homogénea que determine cuándo y bajo qué condiciones pueden utilizarse celulares y otras herramientas, incluida la inteligencia artificial. “No necesariamente estamos en una campaña de prohibición”, expresó, sino en establecer reglas para un “uso ético de la tecnología”.

La discusión estatal coincide con la iniciativa abierta por el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en julio una serie de foros con docentes, familias, especialistas y autoridades para elaborar una propuesta de regulación sobre tecnologías, plataformas digitales y redes sociales para niñas, niños y adolescentes, que posteriormente será presentada al Congreso de la Unión. Hasta ahora no existe una prohibición federal general del celular en las escuelas, aunque el Gobierno de México reportó que 16 entidades ya adoptaron restricciones en educación básica.

Gutiérrez Dávila indicó que Chihuahua ya instaló mesas de trabajo para elaborar su proyecto de reglamento y que los resultados de la consulta local serán contrastados con lo que determine la federación.

Aclaró que el Estado buscará evitar una armonización automática o un “copy paste” de las disposiciones federales, debido a las diferencias existentes entre las escuelas y regiones de Chihuahua.