Chihuahua, Chih.- Un Tribunal Federal reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incumplido con su obligación de transferir y transparentar archivos militares relacionados con la llamada "guerra sucia" y abrió la puerta a la creación de una comisión imparcial que supervise la entrega de esa documentación al Archivo General de la Nación (AGN), informó Alicia de los Ríos, quien ha buscado a su madre, del mismo nombre, desde 1978.

En entrevista, la hija de la víctima de desaparición dijo que “siempre ha apostado a hacer lo que tenga que hacer aunque el resultado parezca lejano” y con esa frase, resume los más de 20 años de lucha.

Su averiguación previa inició en 2002, en el sexenio de Vicente Fox, y desde entonces ha atravesado tres partidos y cinco sexenios sin judicialización.

Hoy ha logrado un avance histórico y es que el Poder Judicial Federal le concedió un amparo que obliga a la Sedena a abrir sus archivos militares y trasladarlos al Archivo General de la Nación (AGN).

El amparo, promovido por el caso específico de su madre, Alicia, alcanza sin embargo, todo el universo de documentos sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1975 y 1990.

"Más que nada yo me siento profundamente feliz y profundamente cansada porque pareciera que la regla es que los avances se tienen que litigar”.

Alicia de los Ríos explicó que durante estos años ha tenido que enfrentarse a dos obstáculos permanentes: entrar a los lugares donde detuvieron y desaparecieron a las víctimas, y conocer la identidad de los perpetradores.

"La gente se cansa, la gente muere durante los procesos, se enferma, se entristece, se empobrece y pues eso dificulta mucho", dijo.

Así mismo, agradeció el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos y de Artículo 19 por el derecho a la verdad.

Del 2021 al 2023, mediante otro amparo, lograron entrar al Campo Militar Número 1 y a la Base Aérea Militar Número 7, sitios que durante décadas el Ejército negó que existieran como centros de detención y ahora el reto son los papeles.

"Con que se abran -los archivos-, con eso nos damos por bien servidos. Ojalá que este proceso, el primero que los utilice de manera rápida, expedita, sea la Fiscalía General de la República, porque en esos archivos están las identidades, las órdenes, quiénes dieron las órdenes y quiénes las obedecieron".

Aunado a eso, recordó que Sedena ha contestado una y otra vez a los magistrados que ya entregó 486 cajas en 2002, pero tanto la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en su informe de 2006, como la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014, documentaron faltantes importantes de documentación militar que nunca llegó al AGN.

La negativa siempre fue por "seguridad nacional y terrorismo", aunque lo único que se pedía era que se aplicara la Ley General de Archivos y el decreto presidencial de 2019 que obliga a entregar archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y corrupción.

Un antecedente clave ocurrió en 2024, cuando el Centro Nacional de Inteligencia devolvió 300 mil documentos del CISEN que no había entregado desde 2002, también gracias a un amparo promovido junto con el Centro Prodh.

Ahora el AGN, encabezado por el historiador Carlos Enrique Ruiz Abreu, deberá implementar la sentencia.

Según la Ley General de Archivos, deberá conformar una comisión dictaminadora con dos perfiles: especialistas en archivística y especialistas en violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, en insurgencia y contrainsurgencia.

Esa comisión deberá entrar expediente por expediente al archivo histórico militar para determinar qué debe trasladarse al AGN.

El archivo ya tuvo contacto con el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, autores del informe "Las formas del silencio", quienes documentaron "malas prácticas archivísticas de obstrucción, de intimidación, de suplantación de fuentes" dentro del archivo militar.

"El caso de la contrainsurgencia no es que las fuerzas militares hayan permitido y omitido participar, al contrario, están directamente involucradas en ser perpetradores, porque tanto sus sitios militares como los propios militares participaron de manera directa, en cohecho con la Dirección Federal de Seguridad".

La historiadora celebró que aún haya jueces valientes en México.

"Creemos que todavía hay jueces valientes, jueces magistrados valientes en México, que siempre están

intentando entender la lógica desde las víctimas y no desde el poder".

Qué fue la guerra sucia

Durante el periodo comprendido entre 1964 y 1982, el Estado mexicano ejecutó una campaña sistemática de contrainsurgencia orientada a desarticular de manera ilegal a los movimientos disidentes, guerrillas campesinas y agrupaciones de izquierda urbana.

Estas operaciones represivas se centralizaron y operaron de manera continua bajo los mandatos presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Los organismos responsables de la planificación y ejecución de las detenciones, interrogatorios y operativos de campo fueron el Ejército Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la agencia de inteligencia política del régimen, de acuerdo a las denuncias presentadas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad concentró sus principales objetivos en el estado de Guerrero, enfocado en neutralizar los movimientos campesinos liderados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como en los centros urbanos del país para desmantelar organizaciones armadas clandestinas como la Liga Comunista 23 de Septiembre.

De acuerdo con las investigaciones documentadas en el informe oficial de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pastado (Femospp), estas prácticas violaron las garantías constitucionales e instituyeron métodos como la reclusión clandestina, la tortura y los vuelos de la muerte.

Las cifras oficiales recabadas por comisiones de la verdad y organismos gubernamentales de derechos humanos estiman un saldo aproximado de mil 200 desapariciones forzadas durante esta etapa de la historia contemporánea del país.

“La gente se cansa, la gente muere durante los procesos, se enferma, se entristece, se empobrece y pues eso dificulta mucho"

ALICIA DE LOS RÍOS Hija de víctima de desaparición