La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) agotará todas las diligencias legales necesarias para lograr el resarcimiento del daño patrimonial por 98.6 millones de pesos ocasionado a los chihuahuenses, dentro de la carpeta de investigación que involucra al exgobernador y senador de la República, Javier Corral Jurado, así como a otros dos imputados, informó el titular Abelardo Valenzuela Holguín.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de continuar asegurando bienes a nombre del exmandatario estatal, luego del reciente aseguramiento de una cabaña en la Sierra Tarahumara, el fiscal Anticorrupción señaló que todas las actuaciones las realizan bajo control judicial, conforme a lo establecido en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Precisó que, al igual que en el caso de los otros dos imputados dentro de la misma carpeta, han llevado a cabo aseguramientos de bienes y cuentas bancarias, como parte de una estrategia legal orientada a garantizar la recuperación de los recursos públicos que, de manera irregular, fueron desviados para beneficiar a un particular.

“El interés principal de la Fiscalía es que que regrese a los chihuahuenses lo que indebidamente distrajo, desvió y dispuso con recursos que pertenecen al Estado”, expresó.

El fiscal recordó que el daño patrimonial fue detectado originalmente por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una denuncia técnicamente sólida y posteriormente confirmado por la FACH durante el desarrollo de la investigación ministerial, lo que permitió que un juez de Control encontrara los elementos suficientes para librar órdenes de aprehensión y medidas de aseguramiento.

El viernes la FACH aseguró un inmueble propiedad de Javier Corral Jurado, identificado como el condominio denominado “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida, en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi.

El aseguramiento fue el viernes 16 de enero, por elementos de Anticorrupción, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un juez de Control, y consistió en la anotación de la medida cautelar en la clave catastral correspondiente, con el objetivo de impedir que el bien sea transmitido, enajenado o gravado mientras continúan las indagatorias.

De acuerdo con la Fiscalía, este inmueble forma parte de la declaración patrimonial del imputado y se suma a otros aseguramientos realizados dentro de la carpeta 3050/2024, incluso en otras entidades federativas como Morelos, específicamente en el municipio de Tepoztlán.

Valenzuela subrayó que el Ministerio Público Anticorrupción está facultado para realizar diversas diligencias sobre los bienes asegurados, con el fin de que puedan servir para la eventual recuperación del daño patrimonial, el cual asciende a 98.6 millones de pesos pagados por trabajos que, además de no contar con entregables, presentan evidencia de haber sido realizados por la propia Secretaría de Hacienda estatal.

Indicó que existen testimoniales, declaraciones judiciales y documentación suficiente que detallan la forma en que celebraron el contrato millonario, el cual calificó como irregular.

Agregó que todos los amparos promovidos por los imputados, tanto contra las órdenes de aprehensión como los aseguramientos, han sido resueltos en su contra, y que actualmente la Fiscalía cuenta con una suspensión definitiva, en la que reconocen a la Secretaría de Hacienda como víctima directa y, en consecuencia, a los chihuahuenses como afectados por tratarse de recursos estatales de libre disposición.