Chihuahua, Chih.- El proceso de reparación del daño a las víctimas de Aras está viciado de origen, ya que será el representante de la empresa quien realice el avalúo de los inmuebles con los que será creado el fondo para el pago a los afectados.

Lo anterior fue denunciado por David Anducho, una de las personas que encabeza un grupo de defraudados, quien destacó que además hay un acuerdo para que sean saldadas las deudas de clientes que representan ciertos abogados.

Al respecto, Luis Benavides, designado para ser quien realice el pago a los afectados, explicó que dicha resolución fue presentada por un juez desde el 30 de abril y que en ese momento todos estuvieron de acuerdo.

Asimismo, descartó que pueda darse prioridad a unos afectados sobre otros para el pago de la reparación del daño.

El 30 de abril un juez de ejecución, debido a la exigencia de víctimas de Aras, determinó que Benavides sería el responsable de liquidarles las reparaciones de daños, ya que han trascurrido más de dos años desde que la empresa fue declarada culpable, el 14 de diciembre de 2023.

Sin embargo los inconformes reclaman que, al ser el responsable de pagar el mismo apoderado legal de la empresa, existe un conflicto de interés.

“Él ya está solicitando disponer de los bienes asegurados por Fiscalía como si estuvieran a su disposición y pagar a discreción a ciertas víctimas de algunos abogados, sin justificar el por qué les pagarían a unos y a otros no”, apuntó David Anducho.

“Lo lógico sería que Fiscalía haga la extinción de dominio de los bienes y proceda a la liquidación de manera proporcional en un tiempo mínimo, pues ya van dos años de la sentencia y sólo se ve más enredó”.

Detalló que incluso habían dicho que todo lo recabado se iría al fondo auxiliar a víctimas, del cual no se podría sacar ese dinero, porque el fondo no paga a víctimas de fraude.

En respuesta, Benavides expuso que es comprensible que haya personas con posturas diferentes, pero que en la resolución en el caso contra la empresa quedó señalado que las partes estaban de acuerdo con que el apoderado sea quien liquide, además de que implica que participe en el avalúo de los bienes que serán vendidos para pagarles.

“No existe conflicto de interés, sino una estricta transición procesal prevista por la ley. En la primera etapa se actuó bajo el amparo del Artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como representante de la persona moral para salvaguardar el debido control organizacional y buscar una salida alterna que beneficiara indirectamente a la masa de acreedores”, expresó. Añadió que al resolver el proceso por la vía abreviada fue evitado un juicio oral desgastante.

“Una vez dictada la sentencia de disolución, la persona moral extinguió su objeto comercial. En ese momento, el juez al estar señalado en los considerandos de la sentencia de juicio abreviado me designa como ‘Liquidador Judicial’, ratificado por todas las víctimas y asesores presentes en la audiencia de ejecución del día 30 de abril de este año”, añadió.

Recalcó que fue cumplido el proceso de notificación vía personal y publicación de edictos de la resolución. “Mi lealtad procesal ya no es para con los fundadores de Aras, sino para con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), actuando como un auxiliar de la administración de justicia encargado exclusivamente de materializar la reparación del daño”, declaró. Al respecto la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso que ha dado un seguimiento puntual y efectivo al caso de la empresa Aras Business Group y que respeta las determinaciones emitidas por las autoridades judiciales dentro del proceso de ejecución de sentencia.