Chihuahua.- “Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. ¿Y aun así Morena me señala a mí?”. Los verdaderos traidores a México son los que pactaron con el crimen organizado y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días, señaló la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, al distinguir las diferencias entre el caso de la gobernadora de Baja California y el suyo.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria respondió a las declaraciones de la presidenta de México, quien afirmó que las circunstancias de ambas gobernadoras eran distintas, después de la difusión de grabaciones relacionadas con Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Tiene razón. Son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras”, expresó Campos Galván, quien acusó que desde Palacio Nacional pretendieron involucrar nuevamente a Chihuahua para desviar la atención de los señalamientos contra una integrante de Morena.

De acuerdo con la gobernadora, los audios exhiben que la mandataria de Baja California buscó acercamientos con una agencia extranjera para obtener protección personal, ante una presunta investigación en Estados Unidos, el retiro previo de su visa y la posibilidad de una extradición.

Campos Galván afirmó que durante las conversaciones ofrecieron información relacionada con la seguridad nacional a cambio de impunidad, conducta que calificó como “traición a la patria”. Agregó que su acusación parte del reconocimiento de la autenticidad de los audios por parte del propio Gobierno de Baja California.

Posteriormente, sostuvo que el Gobierno Federal mantiene protegidas a personas vinculadas con acusaciones o investigaciones de autoridades estadounidenses. Dentro de sus señalamientos mencionó los casos de Baja California y Sinaloa, al piloto de Ismael “El Mayo” Zambada y al gobernador Rubén Rocha Moya. “Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura”, declaró la titular del Ejecutivo estatal, quien responsabilizó a las autoridades federales por mantener criterios distintos cuando las acusaciones involucran a integrantes de Morena o a representantes de partidos de oposición.

Campos Galván pidió al Gobierno Federal aplicar la ley sin distinciones partidistas y romper cualquier vínculo con organizaciones delictivas. “Rompan el pacto con el crimen”, exigió, tras advertir que la falta de acciones genera consecuencias en la seguridad, la confianza pública, la inversión y la creación de empleos.

También criticó los posicionamientos difundidos durante las conferencias matutinas de Palacio Nacional, los cuales calificó como maniobras discursivas y cortinas de humo que ya no logran ocultar las acusaciones ni convencer a la ciudadanía.