Chihuahua.- La capital del estado es el municipio con más investigaciones por el delito de discriminación en el periodo comprendido del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2026, al acumular 228 de las 457 indagatorias a nivel estatal, lo que representa el 49.89%.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el lapso de cinco años y medio, el segundo municipio con más casos de discriminación es Ciudad Juárez con 100 carpetas de investigación, equivalentes al 21.88% del total.

Otras localidades con casos son Cuauhtémoc, con 54; Parral, 14; Nuevo Casas Grandes, con 14; Delicias, 12; Ascensión, cinco; Jiménez, cinco; Guerrero, cuatro; Janos y Camargo, tres cada uno; Casas Grandes, Madera, Balleza y Aldama, con dos.

Además, Meoqui, Rosales, Santa Bárbara, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Guachochi tienen una carpeta cada uno.

La estadística muestra además que 2025 ha sido el año con la mayor incidencia de este delito, al cerrar con 128 expedientes en los diversos municipios, lo que implica un alza del 312.9% respecto al 2021, año con el menor número de casos.

El año pasado 59 de las indagatorias fueron iniciadas en la ciudad de Chihuahua; 34, en Juárez; 10, en Cuauhtémoc; cinco en Parral; cuatro en Delicias; tres en Nuevo Casas Grandes y Ascensión; dos en Camargo y una en Jiménez, Guerrero, Janos, Casas Grandes, Madera, Meoqui, Santa Bárbara y Bocoyna.

Respecto a otros años, 2022 cerró con 43 carpetas; 2023, con 86 y 2024, con 93. Mientras que al finalizar el primer semestre de 2026 ya suman 76 casos, de los cuales 46 están en Chihuahua y 16 en Ciudad Juárez.

Aunque El Diario consultó sobre la cantidad de sentencias condenatorias obtenidas en dicho periodo, la Fiscalía no proporcionó datos al respecto.

En archivos periodísticos fue posible rastrear al menos dos casos en los que jueces de Control dictaron vinculación a proceso por este delito, no obstante, ninguno de ellos fue en la capital (donde hay más denuncias) y tampoco hay información sobre alguna condena posterior.

El primero corresponde a un caso de 2021, investigado por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente (FDZO) que, en noviembre de 2022 logró obtener un auto de vinculación a proceso en contra de Antonia E. C. y Víctor Manuel S. J. por su probable responsabilidad en el delito de discriminación.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público argumentó que el 2 de octubre de 2021, en el municipio de Guerrero, los imputados refirieron ofensas e insultos respecto a la preferencia sexual de la víctima, al tiempo que lanzaron piedras al vehículo de su propiedad; acto que fue presenciado por diversos testigos.

Para sostener su acusación, la representación social presentó el informe pericial en materia de psicología, en el que quedó asentado que las conductas de los imputados causaron un severo trastorno a la víctima.

El segundo caso documentado fue dado a conocer por esta casa editora el 28 de noviembre de 2024, cuando un juez de control penal dictó auto de vinculación a proceso contra Francisco José V. F., inspector escolar que abusó de su posición jerárquica para realizar actos discriminatorio hacia la directora de una telesecundaria en el poblado de Santo Tomás, municipio de Guerrero, por el simple hecho de negarse a tomar una cerveza con él.

Los datos de prueba expuestos por la representación social detallan que desde ese rechazo, el imputado comenzó a vigilarla y hacer señalamientos peyorativos sobre su persona, aprovechándose de su puesto como superior jerárquico.

El indiciado utilizaba frases vejatorias para referirse a la víctima ante terceras personas y utilizó su cargo de inspector para violentar sus derechos laborales, impidiéndole realizar reuniones con los padres de familia.

El MP también presentó un documento en el que un médico hizo del conocimiento que el acusado incluso acudió en septiembre de 2023 a la institución médica en la que trabaja para cuestionarles sobre las incapacidades que le daban a Reyna, con motivo del cáncer que padecía en ese momento.

De acuerdo con las leyes penales, la discriminación es cometida cuando atentan contra la dignidad humana o intenten anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud.

La discriminación puede cometerse provocando o incitando al odio o a la violencia, negando a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; al vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas o por negar o restringir derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada.

Este delito es sancionado con penas de seis meses a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y una multa económica de 50 a 200 días. La penalidad aumenta en una mitad cuando el que comete dicha conducta es un servidor público. Además, le podrán imponer suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción establecida en la sentencia.