Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, afirmó que el Estado no puede esperar a que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Luisa González Ábrego tenga disposición o tiempo para atender la crisis de desplazamiento, y señaló que la falta de presencia de dependencias federales también agrava la situación en las comunidades.
Luego de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván cuestionó la ausencia de la presidenta municipal y su falta de coordinación con el Gobierno estatal, De la Peña reconoció que establecer comunicación con la autoridad municipal es complejo. Sin embargo, aseguró que la administración estatal mantendrá su presencia en la zona y atenderá directamente a las familias afectadas.
“Así como no podemos esperar a que haya una intervención directa de las dependencias federales, pues tampoco nos podemos sentar a esperar a que la alcaldesa tenga deseo o tiempo de atender lo que pase en su municipio”, declaró. Añadió que la instrucción de la gobernadora es no dejar solas a las personas desplazadas y que el Estado continuará trabajando para resolver los problemas derivados de esta situación.
El funcionario atribuyó parte del fenómeno a las acciones u omisiones del Gobierno federal en la región. Explicó que, además de la violencia relacionada con grupos del crimen organizado, cuya atención corresponde al ámbito federal, las familias también abandonan sus comunidades por la falta de servicios y suministros básicos.
Como ejemplo, mencionó que los camiones de Liconsa han dejado de ingresar a algunas localidades para abastecer las tiendas, mientras que también falta presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de otras dependencias. Dijo que algunas personas entrevistadas por personal estatal explicaron que salieron hacia ciudades más grandes para conseguir alimentos y productos indispensables, aunque quedaron registradas como desplazadas.
De la Peña sostuvo que el Gobierno estatal no ha esperado la intervención federal para atender estos casos. Detalló que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría General de Gobierno (SGG) acude a las zonas afectadas, entrevista individualmente a las personas, levanta un censo e identifica sus necesidades para canalizar la ayuda mediante una mesa interinstitucional coordinada por la dependencia a su cargo, con participación de la CEAVI.
Sobre los señalamientos de que las autoridades carecen de información suficiente acerca del desplazamiento forzado, el secretario dijo que su oficina genera datos de manera permanente mediante las entrevistas y los censos. Consideró que la gobernadora pudo referirse a otro asunto cuando mencionó que la anterior administración de la Fiscalía no le proporcionaba información.
“Así como no podemos esperar a que haya una intervención directa de las dependencias federales, tampoco nos podemos sentar a esperar a que la alcaldesa tenga deseo o tiempo de atender lo que pase en su municipio”
Santiago De la Peña Grajeda, Secretario general de Gobierno
El funcionario también reconoció que, aunque el Estado ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)y de la Guardia Nacional (GN), hace falta mayor presencia en la región. Afirmó que el objetivo de la atención no consiste únicamente en auxiliar a quienes abandonaron sus comunidades, sino en restablecer las condiciones para que puedan regresar a sus hogares y evitar que el desplazamiento se vuelva permanente.
