Chihuahua, Chih.- A dos años de haber iniciado una batalla legal para exigir que se respete su derecho a la educación superior gratuita en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Tania Román Villalba acudió este lunes al Juzgado Octavo de Distrito, donde se realizó una audiencia relacionada con el juicio de amparo que mantiene contra la institución educativa.

A las 10:45 horas, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en el cruce de las avenidas Mirador y Washington, la estudiante fue acompañada por integrantes de organizaciones sociales, quienes se manifestaron para respaldar su exigencia de que se garantice su derecho constitucional a estudiar sin que el cobro de cuotas se convierta en un obstáculo.

Román Villalba explicó que su lucha comenzó durante el semestre enero-junio de 2024, cuando interpuso el primer juicio de amparo por considerar que se vulneraba su derecho a la educación. Desde entonces, afirmó, ha promovido cuatro procedimientos judiciales sin lograr una solución definitiva que le permita continuar con su carrera de Economía Internacional.

La joven señaló que lleva cuatro semestres consecutivos sin poder inscribirse, situación que ha interrumpido su formación académica y que, de acuerdo con sus cálculos, le ha impedido concluir una carrera que ya debería haber terminado.

“Ya son dos años que no he podido continuar con mis estudios. Me han impedido la inscripción durante cuatro semestres consecutivos”, expuso al cuestionar las actuaciones judiciales y la falta de una respuesta que resuelva de fondo su situación.

La estudiante sostuvo que existen constancias que acreditan que estuvo inscrita en el séptimo semestre de la licenciatura, documentos que, a su juicio, respaldan su reclamo. Sin embargo, afirmó que las resoluciones emitidas en los distintos procedimientos no han conseguido garantizar la continuidad de sus estudios.

Como parte de su defensa, Román Villalba enumeró cuatro expedientes relacionados con su caso: el 378/2024, del Juzgado Décimo de Distrito; el 2336/2024, del Juzgado Primero de Distrito; el 1710/2025, del Juzgado Octavo de Distrito, y el 1976/2026, vinculado con la audiencia a la que acudió este lunes.

La estudiante señaló que en uno de los procedimientos la jueza del Juzgado Décimo de Distrito, Soto Morales, le concedió una suspensión definitiva y posteriormente el amparo. No obstante, aseguró que, pese a haber informado sobre el presunto incumplimiento de esa resolución, la situación académica no se resolvió.

También cuestionó la actuación del Juzgado Primero de Distrito, al señalar que, aunque se contaba con constancias de su inscripción en el séptimo semestre, el procedimiento no tuvo un pronunciamiento de fondo que, según su versión, aclarara plenamente su situación.

Afirmó que esta cadena de resoluciones y la imposibilidad de reinscribirse la han dejado en un estado de incertidumbre jurídica, mientras continúa acumulando semestres sin avanzar en su formación profesional.

La joven consideró que la prolongación del conflicto ha tenido consecuencias que van más allá del ámbito legal, pues ha afectado directamente su proyecto de vida y su posibilidad de concluir los estudios universitarios.

Ante la falta de una solución definitiva, Román Villalba y las organizaciones que la acompañan mantienen vigente una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el asunto.

Recordó que el 29 de julio de 2025 organizaciones sociales, entre ellas el Frente Democrático Campesino (FDC) y el Movimiento Retén Ciudadano, se pronunciaron sobre el caso y solicitaron que fuera revisado por el máximo tribunal del país.

La estudiante consideró urgente que la controversia sea analizada por una instancia superior, debido a que, desde su perspectiva, las resoluciones emitidas hasta ahora no han garantizado el ejercicio efectivo de su derecho a la educación superior.

Asimismo, indicó que en su momento hubo acercamientos con el rector de la UACH, con la expectativa de que se atendiera su situación; sin embargo, afirmó que las acciones posteriores no se tradujeron en una solución que le permitiera reincorporarse a las aulas.

Mientras continúa el proceso judicial, Tania Román Villalba mantiene su exigencia de que se respete el principio constitucional de gratuidad educativa y se le permita retomar sus estudios de Economía Internacional.

Su caso coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre el acceso gratuito a la educación superior y la efectividad de los mecanismos judiciales para proteger ese derecho cuando un estudiante considera que ha sido vulnerado.

Hasta que exista una resolución definitiva que atienda su situación académica, la joven permanece a la espera de una respuesta que le permita recuperar el tiempo perdido y continuar con la carrera que comenzó hace varios semestres.