Chihuahua, Chih.- Los inconformes en voz de Arturo Rodríguez que lidera al grupo inconforme indican que, por órdenes de la presidenta Municipal de Aldama, Sandra Judith Galindo Sinecio, este martes trabajadores de una empresa iniciaron ilegalmente los trabajos para instalar el denominado barandal de seguridad aun y cuando existe un documento oficial que prohíbe la instalación ya que bloque la entrada principal de las etapas uno y dos.

Con Fecha 25 de septiembre El Ayuntamiento de Aldama determinó que actualmente no existe ninguna autorización ni dictamen favorable para la instalación de una reja o barandal de seguridad en el Residencial Leones (Etapas 1 y 2) señala el informante.

El oficio número SM/162/2026, firmado por la secretaria Municipal Lic. Blanca Estela Baca, detalla las respuestas de las siguientes dependencias de Protección Civil y Desarrollo Urbano.

Coordinación de Protección Civil: Informó que en sus archivos existe un oficio (con fecha del 31 de agosto) donde se determina abstenerse de otorgar el dictamen correspondiente para dicha instalación.

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología: Informó que a la fecha no existe ninguna autorización vigente, permiso, licencia ni autorización alguna para la obra en el lugar referido.

Este martes, integrantes del grupo vecinal conocido como Leones Unidos habrían iniciado obras dentro de Residencial Leones, Etapas I y II, presentando como respaldo un escrito emitido días antes por la Presidencia Municipal de Aldama, cuya naturaleza, alcance y validez legal han sido cuestionados.

De acuerdo con los señalamientos de vecinos inconformes, existen dudas sobre la autenticidad y validez de los documentos utilizados para justificar los trabajos, por lo que solicitan a las autoridades municipales verificar su procedencia y determinar si las obras cuentan con las autorizaciones correspondientes.

La controversia no se limita a la ejecución de los trabajos. Vecinos denuncian que estas acciones podrían estar relacionadas con la intención de establecer mecanismos de control de acceso y exigir cuotas de supuesto mantenimiento a propietarios que no forman parte del grupo promotor.

Los inconformes sostienen que ningún residente debería verse obligado a pagar cantidades impuestas unilateralmente por una agrupación cuya representación y facultades administrativas son materia de controversia.

Asimismo, advierten que el uso de documentos oficiales para justificar decisiones que pudieran exceder las atribuciones expresamente autorizadas podría generar confusión entre los habitantes y dar apariencia de legalidad a medidas cuya procedencia debe ser revisada por las instancias competentes.

Ante estos hechos, los vecinos solicitan a la Presidencia Municipal de Aldama y a las dependencias competentes que informen públicamente, la autenticidad y el alcance del escrito municipal utilizado para respaldar las obras.

La existencia y vigencia de los permisos correspondientes, así como la autoridad que los expidió.

La legalidad de los trabajos iniciados y, en su caso, la suspensión de aquellos que carezcan de autorización.

El fundamento jurídico de cualquier cuota de mantenimiento que se pretenda exigir a los propietarios.

Las medidas necesarias para proteger los derechos de todos los residentes, independientemente del grupo vecinal al que pertenezcan.

Los inconformes consideran indispensable que las decisiones que afecten a la totalidad del residencial se adopten mediante procedimientos legalmente válidos, con transparencia y respeto a los derechos de los propietarios.

Piden evitar una escalada del conflicto vecinal, ya que el caso vuelve a poner sobre la mesa la disputa por la representación y administración de Residencial Leones, así como la necesidad de que las autoridades distingan entre las facultades expresamente concedidas mediante documentos oficiales y aquellas que una agrupación pudiera atribuirse por cuenta propia según expresan en un escrito.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales para que intervengan oportunamente, esclarezcan los hechos y eviten que la ejecución de obras o la imposición de cuotas genere nuevas confrontaciones dentro de la comunidad.

La exigencia central es clara: legalidad, transparencia y certeza jurídica para todos los propietarios de Residencial Leones, sin imposiciones ni cobros carentes de fundamento legal.