Chihuahua, Chih.- A través de su cuenta oficial en la red social X, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua”.
Lo anterior, sostuvo la dependencia a través de dicha publicación, “por su posible participación en el delito de traición a la patria”.
La publicación oficial de la FGR confirmó el desenlace de la maratónica audiencia inicial desahogada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes dio por acreditados los elementos probatorios ministeriales y ratificó que el imputado deberá continuar bajo prisión preventiva oficiosa al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano durante los dos meses fijados para la investigación complementaria.
La acusación federal, tipificada en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, se deriva de un operativo efectuado a mediados de abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, para desmantelar un laboratorio clandestino de narcóticos.
Con base en más de un centenar de diligencias de investigación, el Ministerio Público Federal imputó a Jáuregui haber ordenado y coordinado la intervención armada de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sin facultades constitucionales, sin autorizaciones de internación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad ni licencias de portación de armamento expedidas por la Sedena, y manteniendo oculta dicha colaboración a la Federación.
La incursión clandestina quedó al descubierto la madrugada del 19 de abril, cuando volcó una unidad oficial en la Sierra Tarahumara, percance en el que fallecieron dos agentes de la CIA y dos mandos de la Agencia Estatal de Investigación.
Frente a la determinación de la autoridad judicial, la defensa legal de Jáuregui Moreno ha insistido en que el expediente de la FGR carece de pruebas contundentes que demuestren que el exservidor público ordenó o consintió la incursión de los agentes extranjeros armados.
