Chihuahua, Chih.- Pese a escuchar los testimonios de miembros de las comunidades de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo, el Gobierno del Estado negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá, estar violentando los derechos humanos de las personas indígenas tras el proyecto turístico Barrancas del Cobre, en donde además aseguraron que el Parque de Aventura no genera ganancias.
Lo anterior fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su 197o. período ordinario de sesiones, una audiencia pública, sobre el fondo del caso relacionado con el proyecto turístico Barrancas del Cobre que está en trámite, derivado de la denuncia presentada ante dicho organismo por las comunidades rarámuri de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo.
En esta audiencia estuvo presente una representación del Gobierno de México y de Chihuahua.
El pleno estuvo integrado por Edgar Stuardo Ralón Orellana (presidente), Andrea Pochak (relatora para México), Gloria Monique de Mees (relatora sobre afrodescendientes y contra la discriminación racial), Riyad Insanally (relator para los derechos de los Pueblos Indígenas), Marion Bethel (relatora sobre derechos de las mujeres) y Rosa María Payá Acevedo (relatora para los derechos de las niñas y niños).
Las comunidades informaron sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el Estado mexicano mantiene en incumplimiento. Las representantes de las comunidades indígenas narraron en ralámuli, incluyendo un testimonio al respecto sobre los graves impactos nocivos en su vida personal y comunitaria, así como en sus territorios, desde la llegada del megaproyecto turístico de Barrancas del Cobre.
Las comunidades han sostenido una lucha legal durante más de 15 años y su denuncia ante la CIDH busca que declaren la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos que el proyecto les ha ocasionado, así como su obligación de poner alto a dichos impactos, reparar los daños y respetar su derecho de participación real en las decisiones y beneficios que produce el proyecto. Asimismo, pidieron que exhorten al Estado mexicano a garantizar condiciones para una vida digna y a cumplir con las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La representante legal de las comunidades y organizaciones civiles, narró las violaciones a los derechos comunitarios que Bacajípare, Mogótavo y Huitosachi han sufrido durante las últimas tres décadas, a raíz del proyecto turístico. Denunció las presiones contra Huitosachi para que acepte que en lugar de recibir beneficios del proyecto turístico le impongan la obligación de que en su territorio sea el vertedero de aguas residuales que desecha el turismo y una planta tratadora de las mismas. Además, rechazó las razones que los representantes del Gobierno de Chihuahua usaron para “justificar” la falta de cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte.
En la etapa de preguntas y respuestas de la audiencia, la Comisionada Gloria Monique de Mees cuestionó a las autoridades del Estado mexicano si ellos beberían el agua contaminada de los ríos y arroyos que mostraron las comunidades como evidencia en un video, a lo cual el embajador ante la OEA Alejandro Encinas reconoció que esa agua no es adecuada para consumo humano. Por su parte, la representación de Contec recordó que el agua que han contaminado en diferentes momentos contenía coliformes fecales.
Luego, la comisionada Marion Bethel cuestionó: “¿Cómo es posible que un proyecto turístico tan grande no haya tenido contemplado con antelación el manejo de aguas negras residuales y desechos sólidos?”.
Los representantes del Estado mexicano no reconocieron haber incurrido en violaciones a los derechos humanos y comunitarios de las comunidades afectadas en el área de influencia del proyecto turístico; tampoco informaron a la CIDH el destino de las ganancias que genera el Parque de Aventura, indicando que el complejo turístico no genera utilidades.
“El compromiso del Estado mexicano es atender las necesidades expresadas por las comunidades, a raíz de este proyecto, el cual ha sido un desarrollo muy desigual”, reconoció el embajador Alejandro Encinas, e indicó que “en materia de consulta, los trabajos del Consejo Consultivo deben doblar esfuerzos para lograr entendimiento entre las comunidades y las instituciones”. Reconocimiento que es importante pero insuficiente para poner alto a los impactos y las violaciones de derechos humanos que el proyecto turístico ha ocasionado.
La CIDH evaluará las pruebas presentadas por las comunidades y esperan que muy pronto emita el Informe sobre el fondo declarando la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado y la manera en que debe responder para reparar a las comunidades los daños ocasionados.
