Chihuahua.- Uno de los principales retos para el proceso electoral 2026-2027 será impulsar la participación política de grupos vulnerados o que históricamente no han sido representados, entre ellos, personas indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, personas adultas mayores y migrantes, señaló Luis Gutiérrez Ruiz, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y presidente de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (Renacedi).
El consejero electoral destacó que el próximo 1 de octubre inicia formalmente este proceso donde la ciudadanía chihuahuense elegirá gubernatura, 33 diputaciones locales, 67 ayuntamientos y 67 sindicaturas.
Gutiérrez Ruiz destacó que el año pasado en esa misma fecha asumió la presidencia de Renacedi, por lo cual será una oportunidad para hacer coincidir los temas de Renacedi con las actividades previstas por el IEE.
Explicó que Renacedi cuenta con alrededor de 200 consejerías electorales de las distintas entidades federativas, lo que la convierte en la red de consejeras y consejeros electorales con mayor número de integrantes en el país.
De acuerdo con el consejero electoral, durante este periodo la red ha desarrollado documentos, foros y encuentros en distintas entidades del país para abordar las condiciones de participación política de grupos de atención prioritaria.
Entre las actividades realizadas durante el último año, mencionó la participación de la organización en la discusión de la reforma electoral nacional, mediante un documento en el que se planteó la relevancia de los organismos públicos locales electorales (Oples) dentro del sistema electoral.
También destacó la realización de encuentros con legisladores y autoridades electorales. Señaló que recientemente se abordaron los derechos políticos de personas con discapacidad en la Cámara de Diputados y, semanas antes, los derechos políticos de personas indígenas en el Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Como parte de los trabajos de la red, informó que también se elaboró, en coordinación con el INE, un libro en el que consejerías electorales de distintas entidades documentaron avances y retos relacionados con la inclusión política. La obra contempla experiencias sobre temas como diversidad sexual y derechos político-electorales de pueblos indígenas, entre otros.
Gutiérrez Ruiz agregó que Renacedi puso en funcionamiento una nueva página web, en la que se incorporó un mapa interactivo de México que permite consultar, por entidad federativa, medidas de inclusión, medidas de nivelación, acciones afirmativas, protocolos y guías relacionadas con la participación política de grupos de atención prioritaria.
La red, recordó, fue constituida en 2018 por iniciativa de Karla Arlett Espino, ex consejera presidenta interina del IEE y ex Secretaria Ejecutiva del INE, quien fue su primera presidenta.
Participación rumbo al proceso electoral de 2027
Respecto al próximo proceso electoral en Chihuahua, Gutiérrez Ruiz explicó que una reforma electoral estatal estableció disposiciones específicas para la participación de grupos de atención prioritaria.
En el caso de las personas indígenas, indicó que se determinó la existencia de regidurías indígenas fuera del sistema de partidos políticos, de acuerdo con sus usos y costumbres.
Para las personas con discapacidad y de la diversidad sexual, señaló que la legislación estableció que los partidos políticos deberán destinar el 2 por ciento de sus candidaturas a cualquiera de estos grupos.
El consejero consideró que esta disposición representa un reto debido a que ambos grupos quedaron contemplados dentro de un mismo porcentaje, lo que permite que uno de ellos pueda quedar sin representación en las candidaturas.
“Me parece que debió haber quedado establecida la obligación de incorporar a ambos grupos por separado”, planteó.
Añadió que el IEE tiene previstas actividades de capacitación dirigidas tanto a organizaciones de la sociedad civil como a partidos políticos. Entre ellas se contempla un foro denominado “Quiero ser candidata, candidato”, además de acciones de sensibilización y capacitación sobre los derechos de las personas que participen mediante acciones afirmativas.
El objetivo, explicó, es que la participación no se limite al cumplimiento de un requisito legal, sino que las candidaturas cuenten con condiciones para acceder a los cargos de elección popular.
Evaluación de las acciones afirmativas
Sobre el avance de los partidos políticos en materia de inclusión, Gutiérrez Ruiz señaló que el proceso electoral de 2027 permitirá comparar los resultados con los obtenidos en 2024, cuando se implementaron por primera vez acciones afirmativas en Chihuahua para personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
Indicó que dichas medidas incrementaron el número de candidaturas de estos grupos y permitieron que algunas personas ocuparan cargos públicos.
En el caso de la diversidad sexual, señaló que la presencia de personas pertenecientes a este grupo en espacios de decisión pública también contribuye a generar referentes para la sociedad y a reducir estigmas.
“Una persona trans, una persona homosexual puede ser presidenta, puede ser presidente y eso ya ayuda a generar una transformación ideológica importante”, expresó.
El consejero electoral sostuvo que uno de los principales retos para los organismos electorales y para Renacedi es enfrentar las prácticas de discriminación, los sesgos y las condiciones de exclusión que todavía existen en la participación política.
De cara al segundo año de su gestión, Gutiérrez Ruiz señaló que su objetivo es continuar generando espacios de participación, acompañamiento y capacitación para los grupos de atención prioritaria.
Consideró que la representación de consejerías electorales de todo el país implica la responsabilidad de mantener los temas de inclusión dentro de las agendas de los organismos electorales.
Destacó que Renacedi continuará con actividades orientadas a promover la participación política y a dar seguimiento a las disposiciones que se implementen durante el proceso electoral de 2027.
