CDMX.- La reforma judicial está provocando una desbandada nunca vista de juzgadores federales, que están dejando a los tribunales más importantes del País en manos de secretarios.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) registró al 8 de enero un total de 329 plazas vacantes, 136 por ciento más lugares desocupados que los 139 que existían el 12 de octubre, cuando el Senado realizó la "tómbola" para determinar los puestos que serán sometidos a voto popular en junio de este año.

"Un número relevante de personas juzgadoras tomaron la decisión de ejercer su derecho de jubilación o retiro anticipado, ante la posibilidad de un nuevo ejercicio de la función jurisdiccional con independencia disminuida y en riesgo", explicó Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal y Magistrada de carrera.

La situación es particularmente grave en los tribunales colegiados de circuito, que son la última instancia de todos los litigios del País, en todas las materias y especialidades, salvo los que llegan a la Suprema Corte de Justicia y la materia electoral. En octubre, había 114 plazas vacantes, para el 11 de diciembre ya eran 206, una semana después, llegaron a 232, y para iniciar el año suman 293, que son el 31 por ciento del total de 939 magistraturas.

"El Consejo de la Judicatura ha tenido que habilitar personas secretarias en funciones para garantizar la operación de los tribunales hasta la toma de protesta de quienes resulten electas por voto popular en 2025", agregó López Benítez.

Los Magistrados y Magistradas, con décadas de experiencia, están aprovechando las facilidades que empezó a ofrecer el CJF el año pasado para acceder a su pensión complementaria, incluida la eliminación de la edad mínima de 65 años para obtenerla, y están optando por hacerlo antes de que se aplique el descuento salarial ordenado por la reforma.

El descuento, por el que ningún juzgador podrá percibir más de los 2 millones 68 mil pesos netos anuales de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aplicará en cuanto terminen de litigarse los amparos contra la reforma.

Jean Claude Tron Petit, que por décadas fue uno de los Magistrados que más impulsó la transparencia y apertura de los tribunales federales al escrutinio público, fue uno de los que optó por el retiro, dejando vacante su plaza.

"Me jubilé por todo lo sombrío que ya se veía el horizonte, y porque ya estaba cansado", dijo Tron.

Algunos casos pendientes en tribunales colegiados incluyen amparos de Grupo Elektra contra créditos fiscales por los ejercicios de 2009 y 2010, que suman 6 mil 920 millones de pesos.

También revisiones contra amparos concedidos por jueces que declararon inconstitucional la reforma reglamentaria de 2023 para prohibir nuevas máquinas tragamonedas en casinos y que ordenaron autorizar naipes y ruleta en esos sitios.

Ante la ola de retiros, 69 de los 309 tribunales colegiados están funcionando con dos secretarios y un solo Magistrado titular, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Puebla está operando con tres secretarios, situación casi nunca vista desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal en 1995.

Dos de los cuatro Plenos Regionales, que fijan jurisprudencia para los tribunales de todo el País, también funcionan actualmente con vacante, luego de la salida de los Magistrados Héctor Lara González, Adriana Campuzano y Rosa María Galván, todos de larga trayectoria en el Poder Judicial.

Previamente, la situación más seria de vacantes de Magistrados se había presentado a finales de 2020, cuando había 121 puestos sin ocupar, no solo por jubilaciones, sino también por problemas operativos en los concursos de oposición para elegir juzgadores, que en 2018 se sumaron a un escándalo por venta de exámenes.

Esas vacantes, sin embargo, fueron cubiertas rápidamente a mediados de 2021, con dos concursos de los que salieron 99 ganadores. Ahora, ya no es posible, pues el voto popular es la única manera de designar jueces y Magistrados.

En los tribunales donde conviven Magistrados titulares y secretarios en funciones, estos últimos no siempre se sienten cómodos contradiciendo el criterio de quien, formalmente, es su superior jerárquico.

Quienes han dejado sus cargos, están impedidos para litigar durante dos años ante los tribunales del circuito al que estaban adscritos, por lo que la academia podría ser el destino inicial de muchos de ellos.

El ex Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien se hizo famoso cuando era juez al bloquear varias de las reformas legales del sexenio pasado, anunció su renuncia el 31 de octubre con un mensaje que resume el ánimo que prevalece entre los miembros de la carrera judicial.

"Considero que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 es contraria a los valores de la República y la división de Poderes", expresó Gómez Fierro.

Las vacantes de jueces de Distrito, en tanto, eran 25 en octubre y se habían mantenido estables, pero también hubo algunos retiros y renuncias a fin de año, dejando en 36 los puestos actualmente disponibles.

Para jueces y juezas es más difícil acceder a la jubilación, pues la mayoría no tiene la antigüedad necesaria de 25 años en el Poder Judicial, por lo que la renuncia y el pago de una liquidación es la única opción para dejar el cargo.

El problema electoral


La Constitución ordena que, en junio de 2025, tienen que cubrirse todas las plazas vacantes en juzgados de distrito y tribunales de Circuito, pero solo se puede elegir la mitad de los mil 700 cargos de juez y Magistrado.

El problema son las plazas que no salieron sorteadas para esta elección, pues aun si el titular se retiró después de la tómbola del 12 de octubre, por ahora no están incluidas en los comicios.

Si no se les incluye en la boleta, dichas plazas podrían quedar a cargo de secretarios hasta septiembre de 2027, cuando tomarán posesión los ganadores de las siguientes elecciones.

Las plazas que sí salieron sorteadas para 2025, y que ahora están vacantes, no son problemáticas, pues la única diferencia es que en la boleta no aparecerá un titular en funciones compitiendo para mantener su cargo.

En noviembre, Gómez Fierro estimó que solo 15 Magistrados y 18 jueces en funciones aceptaron participar en la elección de 2025, pero no hay confirmación oficial de esos datos, que solo se conocerán en definitiva en febrero, cuando el Senado envíe al Instituto Nacional Electoral (INE) las listas finales de candidatos.

Para el Gobierno de la 4T, la existencia de múltiples vacantes durante varios años podría no ser vista como un problema que amerite atención, de entrada, porque los secretarios en funciones de jueces y Magistrados tienen más experiencia que muchos de quienes llegarán como titulares tras ganar la elección de 2025.

En este sentido, la consejera López Benítez considera que puede ser mejor que los secretarios queden a cargo, y no personas electas por voto popular, pero sin la preparación para ejercer adecuadamente la función, lo que puede poner en riesgo a todo el sistema.

En el sexenio pasado, de hecho, el Gobierno alentó el crecimiento de vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que no forma parte del Poder Judicial, y cuyos Magistrados son designados por el Ejecutivo, con ratificación del Senado.

En enero de 2023, ya estaban vacantes 52 de las 174 magistraturas regionales del TFJA, y desde enero de 2024, solo están ocupados 11 de los 16 lugares de su Sala Superior.

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la estrategia de permitir la acumulación de vacantes para nombrar, a mediados de 2023, a 78 nuevos magistrados del TFJA, la mayoría afines a Morena, buena parte de los cuales ya fueron ratificados.

Casos relevantes


Aunque son poco conocidos por el público, los tribunales colegiados resuelven todos los días casos de la mayor importancia, en sentencias definitivas que solo excepcionalmente pueden ser revisadas por la Suprema Corte.

Algunos casos más: un amparo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), contra los decretos de López Obrador para regularizar autos chocolates por 2 mil 500 pesos; otro de la empresa china Nuctech, que impugna el contrato de 612 millones de dólares asignado en 2023 por el Ejército a la estadounidense Rapiscan, para renovar los equipos de inspección a vehículos en 21 aduanas fronterizas.

En Ciudad Victoria, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito debe resolver si libera el buque Zhen Ge, retenido por el SAT por un supuesto adeudo fiscal de mil 616 millones de pesos, caso que ha generado un litigio internacional contra México iniciado por Luxemburgo.

En Toluca, el proceso contra Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, está nuevamente en manos del Primer Tribunal Colegiado Penal, luego de que la Corte ordenó en octubre pasado dar participación en el caso a familiares del candidato presidencial priista.

En este tribunal, el único Magistrado titular que aún labora, y quien está a cargo del nuevo proyecto del caso Aburto, es Jorge Montellano Iturralde. Los otros dos puestos están a cargo de secretarios.

Otro asunto a estas alturas ya sin implicaciones prácticas, sino más bien simbólicas, tiene pendiente sentencia en un tribunal colegiado: los nuevos libros de texto gratuitos para el polémico modelo educativo de la 4T, impuestos por el Gobierno en el ciclo escolar 2023-2024, cuyo proceso de elaboración fue declarado inconstitucional en agosto de 2023 por la jueza Yadira Mena, al amparar a la Unión Nacional de Padres de Familia.

Incluso la propia elección judicial está a revisión en un tribunal colegiado, en este caso, de Morelia, que desde el 20 de diciembre recibió un recurso del INE para impugnar la suspensión definitiva en la que el juez Sergio Santamaría ordenó a los comités de Evaluación de los tres Poderes detener el proceso de selección de candidatos.