Cd. de México.- Un juez federal vinculó a proceso a una ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntamente usar documentos apócrifos para tratar de excluir a una empresa del panista Ricardo Anaya de la lista de empresas "factureras".
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur procesó a María Angélica Martínez Reyes, ex Administradora de Fiscalización Estratégica 7 del SAT, por delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Martínez emitió una resolución falsa en la que determinó que la empresa Juni Serra S. DE R.L. DE C.V. había desvirtuado la sospecha de ser una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFO).
El 21 de febrero de 2018, en plena campaña presidencial, la PGR informó que desde el 26 de octubre de 2017 recibió denuncias de posible lavado de dinero, relacionados con la venta que hizo Anaya de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro.
Según esa querella, Juni Serra, propiedad de Anaya, simuló la venta de la nave industrial a Manhattan Masterplant Development por 54 millones de pesos.
La FGR más tarde archivó el caso contra Anaya por falta de elementos, pero el SAT inició un procedimiento para determinar si era sospechosa de ser una "facturera".
"María 'M', ex servidora pública del SAT, presuntamente benefició indebidamente a la empresa contribuyente Juni Serra S. de R.L. de C.V., a través de una resolución que a la postre resultó apócrifa en la que se afirmó que esa persona moral había desvirtuado la presunción de ser una empresa que factura operaciones simuladas, cuando lo cierto es que existía una diversa resolución verídica en la que se estimaba lo contrario", informó la Fiscalía.
"Es así que la imputada, aun cuando suscribió la resolución genuina en la que se tenía por no desvirtuada la presunción de que la empresa aludida era facturera, decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa en la que se decía exactamente lo opuesto, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la Federación en impedir la operación de dicho tipo de personas jurídicas".
La investigación contra la ex funcionaria fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR.
El juez de control fijó un plazo de tres meses a la FGR y la procesada para la investigación complementaria, es decir, para que acopien sus respectivos datos de pruebas que pretendan presentar en el juicio.
También determinó que Martínez Reyes lleve su proceso en libertad.
