La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió la Recomendación 06/2025, dirigida a Carlos Rodríguez Gómez, presidente municipal de Cadereyta, Nuevo León, por violaciones acreditadas a los derechos humanos de la periodista chihuahuense, Edith Ronquillo.
La notificación incluye al secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Rubén Aguilar Torres, luego de que el organismo determinara vulneraciones de los derechos a la libertad de expresión, libertad personal, integridad personal, una vida libre de violencia, libertad de trabajo y a la dignidad, cometidas por personal del Municipio y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Los hechos
De acuerdo con la narrativa oficial y comprobada, el 14 de marzo de 2025 Ronquillo, colaboradora del medio Brújula Noticias, acudió a cubrir la primera sesión ordinaria de Cabildo, pero personal oficial negó el acceso bajo el argumento de que la sesión ya había iniciado.
Luego del tiempo prudente de espera, intentó entrevistar al presidente municipal, pero fue interceptada por servidoras públicas. Una policía municipal le colocó esposas y la privó de la libertad por varios minutos, obligándola luego a salir del edificio.
Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, consideró que el actuar de las autoridades representa un flagrante acto de censura previa e impedimento al libre ejercicio del periodismo.
Además de que vulneraron el derecho a la libertad de expresión, las autoridades de Cadereyta vulneraron también el derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria; a la integridad personal, a través del uso excesivo de la fuerza y el derecho a la libertad de trabajo y la falta de trato digno y libre de violencia hacia una mujer periodista.
La resolución formula diversos puntos recomendatorios, entre ellos:
Brindar atención psicológica a la víctima; dar vista al órgano interno de control para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes; publicar la presente determinación en los medios oficiales del municipio; capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos, libertad de expresión y uso legítimo de la fuerza y la participación en una mesa de trabajo con periodistas, organizaciones civiles y expertos, convocada por la CEDHNL.