Cuando las autoridades mexicanas detuvieron por primera vez en 2012 a Erick Valencia Salazar, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, los miembros de la banda secuestraron unas dos decenas de vehículos y les prendieron fuego en carreteras de todo el estado de Jalisco. Tres personas murieron a causa de la violencia.
Conocido como el 85, Valencia Salazar era en aquel momento uno de los dos líderes de la poderosa banda de Jalisco, junto con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, el brutal capo de la droga que fue abatido en una redada del Ejército mexicano en Jalisco el pasado febrero, lo que desencadenó de nuevo la violencia en todo el estado.
Pero el martes, cuando Valencia Salazar se declaró culpable de conspirar para traficar con drogas ante un tribunal federal de Washington como parte de la antigua cúpula del cártel, las reacciones de las bandas, si las hubo, fueron apagadas.
El año pasado, Estados Unidos designó a la banda de Jalisco organización terrorista extranjera. Y la condena de Valencia Salazar se produce tras una aceleración de las extradiciones de capos mexicanos a Estados Unidos desde 2025 bajo la presión del gobierno de Donald Trump. Muchos de estos jefes de bandas han llegado a acuerdos con las autoridades estadounidenses, lo que refleja el aumento de las amenazas al poder de los cárteles en México.
En agosto pasado, Ismael Zambada García, cofundador del influyente cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos de conspiración de narcotráfico ante un tribunal de Brooklyn, en lo que Pam Bondi, que era fiscala general de Estados Unidos en aquel momento, calificó de “victoria histórica” para el Departamento de Justicia.
Y el pasado diciembre, Joaquín Guzmán López, quien se había hecho cargo del cártel de Sinaloa después de que su padre, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, fuera condenado a cadena perpetua en Nueva York, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Seguía el ejemplo de su hermano, Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en julio.
Valencia Salazar fue extraditado a Estados Unidos junto con más de otras dos decenas de miembros de bandas mexicanas el año pasado. Esta semana admitió haber conspirado para distribuir cocaína en Estados Unidos, incluido el envío de miles de kilos de la droga cada mes al país a partir de 2010, cuando se formó el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las responsabilidades de Valencia Salazar en el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su sigla CJNG, incluían el reclutamiento de miembros de la banda y la recopilación de información sobre cárteles rivales, parte de un intento de hacerse con el control de las operaciones de narcotráfico en partes de México y en las rutas hacia Estados Unidos, según admitió en la declaración.
Cientos de miembros de bandas dependían directamente de él y cumplían sus órdenes, ya que solía ordenar actos de violencia, según una declaración de los hechos que Valencia Salazar firmó en marzo.
Valencia Salazar ascendió rápidamente en las filas del crimen organizado, y a principios de la década de 2010 era una figura clave en el narcotráfico mexicano. Con Los Matazetas, predecesores del CJNG, llamó la atención, junto con el Mencho, por una campaña muy violenta contra otra poderosa organización criminal, Los Zetas.
El ascenso del CJNG coincidió con un repunte de los asesinatos en Jalisco relacionados con el crimen organizado.
“Erick Valencia Salazar ayudó a construir el CJNG hasta convertirlo en una organización despiadada que utiliza la violencia como modelo de negocio: asesinar para tener el control en México mientras inunda Estados Unidos de veneno”, dijo el jefe de la Administración para el Control de Drogas, Terrance Cole, en un comunicado sobre la condena. Añadió que el cártel “no solo trafica con drogas mortales —incluidos el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína—, sino que propaga la violencia, el miedo y la inestabilidad a ambos lados de la frontera”.
Cole elogió el acuerdo de culpabilidad de Valencia Salazar como un paso más para responsabilizar a los dirigentes del cártel. Pero Valencia Salazar se separó del CJNG tras salir de una prisión mexicana en 2017, y su trayectoria pone de manifiesto la dificultad de acabar con la actividad de las bandas.
La excarcelación de Valencia Salazar en 2017 se atribuyó a violaciones del debido proceso. Pero suscitó sospechas en México de que el juez había sido presionado o influido por el cártel. Ese año, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su detención.
Sin embargo, Valencia Salazar, que era conocido por mantener un perfil relativamente bajo, eludió a las autoridades hasta 2022, mientras dirigía otra banda, el Cártel Nueva Plaza, y entró en guerra con el Mencho, su antiguo socio.
Está previsto que Valencia Salazar sea condenado en julio y se enfrenta a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Su abogado declinó hacer comentarios.
El fiscal general adjunto Tysen Duva, de la división criminal del Departamento de Justicia, dijo que Valencia Salazar había contribuido a convertir al CJNG en “una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas de México, que enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos”, y lo acusó de infligir un “daño inconmensurable” en el ámbito nacional y de “fomentar la violencia desenfrenada en México, a costa de la vida de las personas y de la seguridad de las comunidades”.