El ex presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova y la ex magistrada electoral Janine Otálora advirtieron que son ilegales los nombramientos que realiza Morena de "coordinadores" de la transformación, porque representan actos anticipados de campaña.

Reclamaron que rumbo a la elección del 2027 nuevamente haya un fraude flagrante a la ley y se ignore el impacto que hay en la equidad de la contienda.

Lamentaron que las actuales autoridades electorales sean omisas e ignoren la realidad, ante el inicio del proceso electoral el próximo 10 de septiembre.

Durante el Seminario "Proceso Electoral 2026-2027: equidad en la contienda", Lorenzo Córdova alertó que la elección en Morena de los "coordinadores", que a la larga serán los próximos candidatos a las gubernaturas, profundizan condiciones de inequidad en las elecciones del próximo año, al igual como ocurrió en las presidenciales del 2024.

Córdova afirmó que ya no se aplican las reglas establecidas para regular las precampañas, surgidas en la legislación a raíz del proselitismo adelantado que realizó Vicente Fox durante tres años, cuando era gobernador de Guanajuato y aspiraba a la candidatura presidencial del PAN en el año 2000.

"Los tiempos electorales ya se acabaron, desde 2023, hace 3 años, se autorizó, se avaló, por parte de las autoridades electorales lo que hoy en día sabemos es una burla flagrante a la ley.

"¿O de veras creen que los 3 coordinadores de la Transformación que ayer fueron designados, más los que se sumen hoy y mañana, y luego los que vengan del PAN y del PRI, que ya están en sus procesos internos, son realmente figuras ajenas a la competencia electoral?", cuestionó sobre el objetivo de los partidos para elegir tales figuras con varios meses de anticipación.

Puso en duda que el INE vaya a actuar y niegue el registro a quien hizo actos anticipados.

"Se atreverá el Consejo General del INE a decir, y luego el Tribunal a decir, perfecto, qué bueno que nombraste estos coordinadores, nada más que esto les impide ser candidatos, porque serían actos anticipados de campaña. No lo sé, no creo", sostuvo en el seminario, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Recordó que en la legislación electoral se creó la figura de las precampañas como un mecanismo temporal, para que los partidos desarrollaran sus procesos internos y pudieran procesar sus candidaturas.

Esto, precisó, consideró tiempos definidos para todos los partidos, a fin de evitar que el proselitismo anticipado colocara a algunos contendientes en una situación de ventaja.

"¿Cómo estamos hoy en día? Nuestra preocupación es que, a partir, no de reformas legales, sino una serie de prácticas y, sobre todo, de cambios de criterio y de condescendencia de las autoridades electorales, hoy el tema de la equidad en las condiciones de la competencia nuevamente debe ser objeto de discusión y de análisis público", sostuvo ante los tiempos adelantados que se presentan especialmente en Morena.

Relató Córdova que en 2024 mucha gente le expresó que hubo fraude en los resultados, a lo que él respondió que no lo hubo, sino que fueron las elecciones más inequitativas de los últimos 20 años debido a los actos anticipados de campaña.

Sobre el mismo tema de la elección de candidatos en Morena, con el nombre de "coordinadores de la Transformación", la ex magistrada Otálora recriminó que la actuación del Tribunal Electoral ha generado una verdad paralela a la realidad legal que se vive en el país.

"Varias sentencias del Tribunal Electoral de la Sala Superior han creado desinformación en todo el país y nos han hecho llegar a la situación que estamos hoy en día, de una flagrante violación a la ley ante una apatía total. Y, obviamente, son los procesos adelantados", planteó en dicho seminario.

Explicó cómo a lo largo del tiempo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, órgano al que pertenecía hace algunos meses, poco a poco fue tolerando y justificando, en medio de diversas contradicciones, la realización de procesos internos para elegir candidaturas fuera de los tiempos de ley.

Una de las primeras premisas fue que los procesos internos del 2023-2024 no tenían carácter electoral, a pesar de que quienes se inscribieron en ellos ya habían hecho pública su intención de obtener una candidatura a la Presidencia de la República.

Además, dijo, toda la organización de los procesos la llevaron a cabo los partidos políticos y se realizaron encuestas o elecciones entre la ciudadanía.

Dijo que el Tribunal sentenció que no eran electorales, pero al mismo tiempo reconoció que podrían desbordar los límites constitucionales y legales, y tener una incidencia en la equidad en la contienda.

Advirtió que ello significó una primera contradicción, porque supuestamente no eran procesos electorales, pero sí podían incidir en el proceso.

"Y aquí llegamos a la figura del fraude a la ley, que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación. Y la gravedad del fraude a la ley es que estas conductas pervierten la necesidad democrática de observancia de las normas sancionadas por una mayoría, tras un debate parlamentario", remarcó.

Agregó que esas actitudes son totalmente contrarias a la vida democrática y se han replicado como normas, en vez de observar las leyes que buscan garantizar que la ocupación del poder político y del Gobierno sean resultado de una participación ciudadana real.

"¿Qué hizo la Sala Superior con estas sentencias? Fue escribir en la historia democrática de México una verdad paralela a la realidad legal", condenó.

La ex magistrada, que votó en contra de dichas resoluciones, afirmó que el Tribunal terminó validando procesos paralegales con esos procesos adelantados, con una argumentación jurídica a modo.

"Finalmente es una manipulación de la información pública ante la ciudadanía, con una finalidad de desinformar y de llegar tres años después a una repetición en todo el país a nivel de gubernaturas de estos procesos adelantados, que son un total fraude a la ley", afirmó.

Finalmente, planteó cómo es que el Tribunal Constitucional contribuye a la desinformación y a la creación de situaciones paralelas.
"¿Qué sucede en una democracia cuando la desinformación como manipulación de la verdad legal proviene de un Tribunal Constitucional que tiene la última palabra en el espacio político electoral?", cuestionó.