El Presidente Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, anunció que agotará las vías institucionales y legales para defenderse del procedimiento de desafuero iniciado en su contra en el Congreso de Roxana Guzmán Ramírez, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo señaló como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

El Munícipe confirmó haber sido notificado por el Poder Legislativo local el pasado martes 21 de julio. Aseguró que mantendrá respeto a las instituciones y pidió a la ciudadanía no emitir juicios anticipados durante el proceso.

"Acudí al Congreso del estado, donde fui notificado de un procedimiento y se me informó que cuento con un plazo para presentar los alegatos que corresponden como siempre lo he hecho actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales aportando los argumentos y elementos que correspondan a en los tiempos establecidos", indicó.

"Como siempre lo he hecho actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales aportando los argumentos y elementos que correspondan a en los tiempos establecidos", agregó el Alcalde emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

A través de un mensaje público, sostuvo que las investigaciones no frenarán la operatividad del Municipio ni la atención a la población.

"Quiero decirles también que esta situación no detiene el trabajo del Ayuntamiento seguimos atendiendo las necesidades de nuestro municipio servicios todos los servicios públicos continúan prestándose con normalidad", afirmó.

La Fiscalía General del Estado solicitó el retiro del fuero constitucional tras documentar que la privación de la libertad de la comunicadora ocurrió el pasado 2 de junio en Nanchital. De acuerdo con el expediente ministerial, el delito derivó de una instrucción directa emitida semanas antes por el servidor público emanado de Movimiento Ciudadano.

Un testigo declaró ante la autoridad que González Martínez contactó a un presunto líder operativo del grupo delictivo "Grupo Sombra", conocido como "Shelby" o "Tommy". La agresión ocurrió luego de que la reportera obtuvo una fotografía donde el Edil aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Integrantes de la célula criminal trasladaron a la víctima al predio "El Limonar", en el Ejido Emiliano Zapata. En ese punto la golpearon, la privaron de la vida con un arma blanca, decapitaron e incineraron sus restos dentro de un contenedor metálico para enterrarlos en una fosa clandestina.

Agentes ministeriales y peritos localizaron la fosa con restos óseos, recipientes con hidrocarburo y el arma empleada en el crimen. Además, sobre el munícipe pesa una indagatoria por el delito de incumplimiento de un deber legal tras omitir la entrega del Plan Municipal de Desarrollo.

La representación social promovió simultáneamente otra solicitud de desafuero contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también perteneciente a Movimiento Ciudadano, aunque las autoridades mantuvieron bajo reserva las imputaciones de ese expediente.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que los ediles involucrados recibieron la notificación correspondiente. Ambos disponen de un plazo de siete días hábiles para comparecer o remitir sus alegatos ante la Comisión Instructora.

Una vez agotada esa etapa, la Comisión fijará la audiencia de desahogo de pruebas antes de formular el dictamen final. De aprobarse la declaración de procedencia por mayoría de votos en el Pleno, los funcionarios perderán la inmunidad procesal y quedarán a disposición de jueces de control.