Cd. de México.- Un año después de la primera elección de impartidores de justicia en México, el Gobierno federal ya no pierde los asuntos de alto perfil en la última instancia del Poder Judicial de la Federación.

Créditos fiscales de la mayor cuantía, impuestos a empresarios críticos del régimen y el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial fueron fallados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del Ejecutivo federal.

La misma suerte corrieron los decretos y reformas del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cobro de contribuciones del Gobierno de la CDMX en la gestión de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum y hasta las 20 iniciativas aprobadas "fast track" por la mayoría morenista en el Senado.

Los tiempos en que la Administración Pública Federal perdía un asunto de esta relevancia parecen haber terminado. En esta nueva época también han dejado de llegar controversias y acciones de inconstitucionalidad de este calado, contrarias a los intereses del Gobierno.

El 1 de junio de 2025, un total de 881 impartidores de justicia federales fueron elegidos mediante el voto en la primera elección judicial de la historia. El primer día de septiembre asumieron sus cargos.

El Tribunal de Disciplina Judicial, uno de los órganos que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal, desde entonces ha suspendido temporalmente a alrededor de 46 funcionarios judiciales, en promedio 5 mensuales, por presuntas irregularidades o conductas impropias.

La transición al nuevo régimen de impartición de justicia no ha sido del todo tersa en el ámbito administrativo .

Desde fines del año pasado, un grupo de juzgadores en retiro volvió a las calles para protestar contra el Órgano de Administración Judicial (OAJ) porque asegura que no les ha pagado la indemnización extraordinaria a 86 de ellos y la pensión complementaria a otros 120, prestaciones previstas en la reforma.

A principios de este año, el OAJ informó de la eliminación de 561 millones de pesos en gastos de papelería, materiales de oficina y limpieza, pese a que desde hace meses juzgados y tribunales de distintos circuitos han advertido de las carencias de tóner y papel para expedir copias.

Desde el inicio de la nueva administración judicial, tres de sus integrantes de distintas jerarquías han presentado su dimisión, dos de ellos elegidos en las urnas.

En noviembre, justo dos meses después de asumir el cargo, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández se convirtió en el primer juez de elección popular en presentar su renuncia. Sólo dos meses ejerció como juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco.

Un mes después, Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del Pleno del OAJ, también renunció en medio de versiones sobre diferencias con el presidente de dicho organismo, Néstor Vargas, por adjudicaciones directas para la compra de insumos. Su cargo, sin embargo, no se disputó en las urnas.

El mes pasado también presentó su dimisión Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien hace un año fue elegido mediante el sufragio universal como Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.

La reforma judicial, que el entonces Presidente Andrés López Obrador promovió como una medida para "purificar la vida pública", ya tuvo que enmendarse nueve meses después de que los juzgadores electos asumieran sus cargos.

El 20 de mayo pasado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la reforma que, entre otras cosas, difiere la siguiente elección de 2027 a 2028 y trae de regreso las salas a la Corte con el nombre de secciones y crea una comisión coordinadora que centraliza la evaluación de los aspirantes a juzgadores.

Con esta panorámica, el ministro en retiro José Ramón Cossío, el constitucionalista Diego Valadés y el académico José Antonio Caballero, hacen un balance del PJF, a un año de la primera elección.
En algo coinciden: nada rescatable hay en la reforma original ni en sus enmiendas que entraron el vigor el pasado miércoles. No resuelven los viejos problemas de la impartición de justicia, sino que los empeoran y generan otros nuevos, apuntan.

Sin sorpresa, se quedaron con Poder Judicial.- Cossío

Para el Ministro en retiro José Ramón Cossío, no hay sorpresa: la reforma judicial siempre fue, en su opinión, una estrategia para dominar al único Poder de la Unión que no controlaba el Gobierno y su ejecución se llevó a cabo sin un diagnóstico real de por medio.

"Me parece que las reformas tuvieron, desde su origen, el intento, por quedarse con el Poder Judicial de la Federación, dominar a la función judicial en todo el País. Esto lo podemos primero intuir con la propia iniciativa, porque nunca se hizo un diagnóstico sobre los problemas de la justicia; por el contrario, lo único que se hizo fue repetir como mantra que los jueces eran conservadores, que eran 'fifís', que eran una serie de cosas que señalaba el Presidente (AMLO), pero nunca se hizo un diagnóstico de la reforma", expone.

"En segundo lugar, cuando se dio el proceso de reformas, los foros -lo único que hicieron, para lo único que sirvieron-, fue para convalidar la propia reforma; se les hicieron señalamientos sobre las dificultades de la elección, las consecuencias de ella, la posibilidad de intervención de grupos políticos o grupos delincuenciales, y todo eso se ignoró. Entonces, esto parece confirmar también la idea de la dominación".

El PJF, señala Cossío, no era perfecto, tenía muchos problemas y era sabido que necesitaba reformas, pero no las que planteó el entonces Presidente López Obrador, aprobadas por Morena y sus aliados.

El resultado neto del cambio, refiere, ha sido una deslegitimación completa de la función judicial que, con la llegada de algunos juzgadores incompetentes, podría ocasionar otro problema: la inhibición de ciudadanos para recurrir a los tribunales y la tentación de poner la justicia en manos del crimen organizado.

"Allí creo que el problema que estamos viendo es que con los espectáculos que muchos juzgadores federales y locales están dando, pues están deslegitimando todavía más la función judicial; yo me imagino que las personas, viendo sus espectáculos, dirán '¿y yo por qué llevaría a un litigio mi patrimonio, mi libertad, la tutela de mis hijos, cualquier elemento de los que suelen estar a discusión en los litigios, a personas tan incompetentes, a personas tan descuidadas, a personas, sin oficio?'", expone.

"En este momento, adicionalmente, cuando las delincuencias organizadas están cumpliendo funciones paralelas o inclusive sobre el Estado, creo que esta noticia es pésima ¿por qué? Porque las delincuencias, se sabe, esto es un tema muy delicado, que están haciendo funciones judiciales, que están haciendo, están determinando cobros, determinando pagos, etcétera. Entonces, una persona que encuentra que su caso no debiera ser llevado ante la justicia, pues puede tener la tentación, y creo que es una realidad creciente, de llevarla ante estos 'órganos de impartición de justicia', entre comillas, que son los delincuentes".

El Ministro en retiro también advierte que la falta de pago de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria a los juzgadores en retiro es un hecho que erosiona la confianza en las autoridades y el derecho mismo.

Considera como gravísimo el incumplimiento, porque deslegitima a quienes hicieron una oferta de pago -que está en la misma reforma judicial- a los jueces y Magistrados salieron el año pasado del PJF. Una situación de esta naturaleza, agrega, alienta a que particulares y otras autoridades busquen otras formas de hacer cumplir el derecho.

Otra de sus observaciones es que la reforma no estuvo enfocada en la solución de problemas cotidianos del Poder Judicial y por ello se han agravado algunos de ellos, como es el rezago en la resolución de los litigios.

Una pseudo reforma.- Valadés

La reforma judicial, con todo y sus modificaciones recientes, ocasionará una crisis en la impartición de justicia en los próximos 5 años, estima el constitucionalista Diego Valadés.

El también ex Procurador General de la República no duda en llamar "pseudo reforma" a la iniciativa presentada en 2024 por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y que estableció el voto popular como método para elegir a jueces, Magistrados y Ministros.

Y sobre la "reforma de la reforma", vigente desde hace cuatro días, considera que no resolverá ninguno de los problemas de la impartición de justicia, porque el tema crucial en el nuevo régimen jurisdiccional es que la carrera judicial se convirtió en una nueva carrera política que premia las relaciones personales y no los conocimientos.

"A lo largo del periodo presidencial de AMLO hubo gran tensión entre su Gobierno y el Poder Judicial. Los tribunales constitucionales tienden al activismo judicial y toman decisiones que se traducen en normas o en políticas públicas. Este fenómeno se produce en casi todos los países que tienen ese tipo de tribunales", dijo.

"Lo lamentable es que en México se tomó una decisión radical de sustituir a todos los juzgadores federales, excepto a quienes aceptaron las reglas del juego electoral. Esta decisión eliminó la carrera judicial y la independencia judicial, y afectó la calidad de la justicia y la seguridad de los propios juzgadores.

Con esto se afectó al Estado de Derecho. Las consecuencias apenas comienzan a verse. Con toda probabilidad harán crisis en el curso de los próximos 4 o 5 años".

El jurista sostiene que prácticamente no hay un aspecto positivo en las modificaciones al sistema de impartición de justicia y, en todo caso, sólo podría rescatarse el hecho de que ahora el tema le interesa a la opinión pública.

"Desde antes de la reforma el País padecía muchos rezagos en materia de justicia. Se habían venido atendiendo, pero no de manera sistemática. La reforma acabó con lo poco bueno que se había construido a lo largo de décadas y empeoró lo que ya estaba mal", refiere.

Con relación a problemas administrativos, como la falta de pago de indemnizaciones a juzgadores y la carencia de insumos, Valadés dice que prácticamente en toda su vida moderna México no ha contado con un organismo que defina una política para atender este tipo de necesidades.

"La reforma de 2024 agudizó esta situación porque destruyó lo que se había conseguido en cuanto a preparar cuadros muy competentes de juzgadores que se formaban mediante estudio y trabajo y se sujetaban a concursos rigurosos para ascender. Las carencias presupuestarias sólo son una expresión de esas carencias. Para salir de la crisis generada por la pseudo reforma de 2024 será necesaria una reforma efectiva construida con seriedad y profesionalismo".

El constitucionalista tampoco le da el beneficio de la duda a la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada la semana pasada por el Senado, que pospone para el 2028 la segunda elección judicial y regresa al modelo de dos salas o secciones en la Corte, entre otros cambios.

En su opinión, las modificaciones ahora vigentes no resuelven los problemas en la impartición de justicia y tampoco constituyen un reconocimiento de los errores de la reforma original, porque ésta en sí misma es un error en su totalidad.

Perdimos una inversión de años.- Caballero

José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que la consecuencia más crítica de la reforma judicial es la pérdida del capital humano -en el que invirtió el Estado mexicano durante décadas-, ya que no puede ser sustituida con votos.

Aunque dice que aún es muy temprano para una medición, el especialista indica que empieza a observarse una erosión en la calidad de los juzgadores, tras la llegada de los impartidores de justicia elegidos a través de las urnas que no cuentan con la preparación adecuada.

"El aspecto más problemático es el descontrol que generó desestructurar la carrera judicial. Porque esto tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que perdimos una inversión de años, generando capital humano. Y ese capital humano no lo vamos a sustituir con votos. Y entonces esta erosión, que ahorita la estamos viendo en hipótesis, lo más probable es que se confirme", expone.

"Empiezas a ver que hay una erosión en la calidad de los juzgadores -otra vez, es difícil medirlo, todavía es temprano-, pero empieza a haber. El problema aquí es que como la justicia está llena de silencios, muchas ineptitudes que antes no te enterabas las estás viendo ahora muy claras, porque hay mucha beligerancia dentro del propio personal".

Caballero reconoce que, tras la reforma, hoy es mucho más difícil de lo que era antes ganarle al Gobierno federal en un litigio de alto perfil, ya que la Suprema Corte s más deferente hacia los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Aunque matiza algunos puntos.

"Hay elementos que sí nos permiten ver que esta Corte es mucho más permisiva con el Gobierno federal. Lo fiscal, yo lo sacaría de la fiesta porque desde hace 15 años no se ganaba nada relevante fiscal (al Gobierno)", comenta.

"En lo general, la construcción de la Corte es primero mucho más deferente hacia el legislador y esto tiene que ver con echar abajo legislación por violaciones al proceso parlamentario. La Corte previa lo discutían, pero tenía más o menos un estándar, el estándar era si se violó o no se violó el proceso deliberativo. Esta Corte parece que no va a estar por esa labor y simplemente va a establecer que lo aprobado por el Congreso ya es vox populi vox dei. Entonces, descartando lo fiscal, sí notas la construcción de mayor deferencia hacia el Ejecutivo o en su caso hacia el Legislativo. Pero no se llega a notar todavía abrumadoramente".

A pesar de este panorama, el académico rescata que un 90 por ciento de los asuntos, varios de ellos relevantes, se votan en la Corte con la normalidad de antaño y destaca el papel de los secretarios de estudio y cuenta en esa labor.

El académico también observa que otro defecto de la reforma judicial es que, quizá por la premura con la que fue aprobada, no desarrolló un diseño administrativo para resolver algunos problemas de los órganos jurisdiccionales, como la disposición de insumos.

Tampoco observa aspectos rescatables ni soluciones a los problemas del PJF en las modificaciones a la reforma original, pues los cambios no corrigen la esencia del modelo y mantienen aspectos preocupantes como las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial -cuyas sanciones no pueden ser impugnadas-, que inhiben la independencia de los juzgadores.