Cd. de México.- Las pequeñas máquinas tragamonedas instaladas en tiendas de barrio, fondas o locales improvisados conocidas popularmente como "habichuelas" se han convertido en una pieza discreta, pero constante dentro de la economía criminal que alimenta de nuevos reclutas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Informes de inteligencia federal consultados por autoridades de seguridad estiman que estas máquinas generan millones de pesos mensuales para grupos delictivos, no sólo a través del juego ilegal, sino también como puntos de venta de droga y, cada vez más, como espacios de reclutamiento de jóvenes.
Mandos militares involucrados en operativos contra este fenómeno describen un mecanismo gradual de enganche.
"Los juegos no requieren teléfonos, tabletas o WiFi, sólo monedas. Ahí empieza la adicción, primero por el juego. Luego vienen las deudas para seguir jugando, después las drogas para aumentar la adrenalina. En pocas semanas ese joven puede terminar dentro de la estructura criminal", explica a REFORMA un mando que participa en la ubicación y destrucción de estos minicasinos.
Las cifras de inteligencia naval reflejan la magnitud del fenómeno. Tan sólo la Secretaría de Marina reporta el aseguramiento de 2 mil 200 máquinas tragamonedas ilegales en distintos operativos realizados principalmente en el Pacífico mexicano.
Cada equipo genera entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales, según estimaciones de autoridades de seguridad. En conjunto, ese volumen podría representar hasta 33 millones de pesos mensuales para organizaciones criminales, sólo con las máquinas detectadas y decomisadas.
Para investigadores en seguridad, el universo real podría ser mucho mayor, ya que muchas máquinas se reinstalan rápidamente después de los operativos.
A diferencia de los casinos formales, las "habichuelas" operan en microestablecimientos y requieren muy poca infraestructura.
Se instalan en tiendas de abarrotes, minisúpers, bares o locales improvisados en colonias populares, donde funcionan con monedas y pagan premios en efectivo.
Su bajo costo, la facilidad para transportarlas y la ausencia de controles fiscales las convierten en un modelo ideal para estructuras criminales que buscan ingresos constantes de bajo perfil.
Mandos de seguridad advierten que estos dispositivos forman parte de una economía criminal periférica que sostiene operaciones locales de grupos delictivos.
Las tiendas donde se colocan frecuentemente son obligadas a permitir su instalación.
Propietarios de establecimientos han declarado a autoridades que aceptan suministrar electricidad y espacio a cambio de evitar represalias, entre ellas amenazas o incendios de sus negocios.
En muchos casos, los operadores de las máquinas pasan periódicamente para recolectar el dinero generado, sin dejar registros ni controles fiscales.
Especialistas en seguridad consultados señalan que estos minicasinos cumplen varias funciones simultáneas dentro de la estructura criminal.
Primero, generan flujo constante de efectivo difícil de rastrear.
Segundo, sirven como puntos de contacto entre operadores criminales y jóvenes de la comunidad.
Tercero, permiten vender droga al menudeo en el mismo lugar.
Y cuarto, funcionan como marcadores de control territorial en colonias donde los cárteles buscan consolidar presencia.
En muchas zonas urbanas del Pacífico mexicano, autoridades federales han detectado coincidencia entre la presencia de máquinas tragamonedas ilegales y puntos de narcomenudeo.
Para las Fuerzas Armadas, el retiro de estos equipos no sólo implica un tema administrativo o fiscal.
En diversos informes operativos, la Marina ha sostenido que su aseguramiento reduce puntos de reclutamiento de la delincuencia organizada, lavado de dinero y venta de droga al menudeo.
De acuerdo con datos oficiales de operativos navales, Sinaloa encabeza la lista con 828 máquinas aseguradas, lo que equivale a más de un tercio del total nacional. Le siguen Nayarit con 333 equipos y Sonora con 304.
En conjunto, estas tres entidades concentran dos de cada tres máquinas decomisadas.
Para analistas de seguridad, la distribución territorial no es casual.
Se trata de corredores estratégicos del Pacífico donde el Cártel de Sinaloa y el CJNG mantienen redes de financiamiento local, narcomenudeo y control territorial.
El peso de Sinaloa en la estadística es significativo.
Con 828 equipos asegurados, la entidad concentra alrededor del 37 por ciento del total nacional.
Fuentes de seguridad ubican el fenómeno principalmente en zonas urbanas de Culiacán, Mazatlán y municipios costeros, donde el narcomenudeo mantiene una fuerte rentabilidad.
El contexto coincide con una etapa de reacomodo interno entre facciones del crimen organizado.
En ese escenario, las "habichuelas" se convierten en una fuente de ingresos de bajo perfil frente a operaciones más visibles como el tráfico internacional de drogas.
Autoridades federales consideran que estos dispositivos forman parte de la economía periférica del Cártel de Sinaloa, especialmente en zonas donde el control social se ejerce a través del comercio local y redes comunitarias.
Nayarit aparece como el segundo foco de aseguramientos con 333 máquinas.
Fuentes federales consideran a esta entidad como zona estratégica para el CJNG, particularmente en la franja turística que conecta con Jalisco.
Uno de los casos recientes ocurrió en Bahía de Banderas, donde la Marina aseguró varias máquinas durante operativos en establecimientos sin permisos de la Secretaría de Gobernación.
El patrón detectado por autoridades se repite: máquinas instaladas sin autorización federal, efectivo en el lugar y coincidencia con puntos de narcomenudeo.
En Sonora, donde se han decomisado 304 máquinas, los operativos se concentran en municipios vinculados con rutas hacia la frontera con Estados Unidos.
Analistas consideran que estos minicasinos funcionan dentro de un ecosistema criminal más amplio relacionado con el trasiego de drogas.
El uso de máquinas tragamonedas permite a células locales financiar operaciones cotidianas sin depender exclusivamente del tráfico internacional, que suele ser más volátil y vigilado por autoridades.
Uno de los focos de preocupación para las autoridades federales es el papel de estos lugares como espacios de reclutamiento.
Mandos de seguridad explican que operadores criminales utilizan estos sitios para identificar jóvenes con problemas económicos o con adicción al juego.
El mecanismo suele ser discreto. Primero aparece la convivencia cotidiana en el local. Luego, pequeños préstamos para seguir apostando o consumir droga. Después llegan ofertas de "trabajos" informales como vigilancia de calles, transporte de mercancía o venta de droga.
Con el tiempo, algunos jugadores pasan de clientes a colaboradores periféricos de la estructura criminal.
El marco jurídico mexicano es claro.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que cualquier juego con apuesta requiere permiso de la Secretaría de Gobernación.
El reglamento de esa ley prohíbe explícitamente las máquinas tragamonedas cuando operan fuera del esquema autorizado.
Sin embargo, la aplicación de la norma ha sido irregular durante años.
Autoridades federales reconocen que la proliferación de estas máquinas se explica por vacíos de supervisión local, corrupción municipal y la capacidad de intimidación de los grupos criminales.
Cuando fuerzas federales intervienen, los operativos suelen sustentarse en dos argumentos.
Primero, la operación sin permiso federal.
Segundo, la posible relación con delincuencia organizada. Este segundo elemento es el que permite que los casos escalen del ámbito administrativo al penal.
Aunque cada máquina genera ingresos relativamente modestos comparados con el narcotráfico internacional, su gran número y dispersión las vuelven atractivas para los grupos criminales.
La lógica es similar a la de otras economías ilícitas de baja escala: pequeños flujos constantes de efectivo que, sumados, representan millones de pesos.
Para la Marina, el combate a las "habichuelas" forma parte de una estrategia de asfixia financiera de bajo perfil contra las organizaciones criminales.
No se trata de operativos espectaculares, sino de erosionar gradualmente las economías locales que sostienen la operación cotidiana de los cárteles.
La expansión de estas máquinas continúa siendo detectada por autoridades.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde la Fiscalía General del Estado aseguró 98 máquinas tragamonedas ilegales durante una serie de 12 cateos realizados en establecimientos comerciales.
Las acciones fueron realizadas con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil estatal.
De acuerdo con la investigación, los dispositivos operaban sin autorización federal y estaban vinculados con indagatorias por delitos contra la salud y presuntos esquemas de extorsión en la región.
Durante los cateos, las autoridades identificaron distintos negocios donde las máquinas funcionaban al margen de la regulación establecida por la Secretaría de Gobernación.
El caso de Michoacán refleja que el fenómeno no sólo persiste, sino que continúa expandiéndose a distintas regiones del país.
Para mandos de seguridad, el desafío no es únicamente decomisar las máquinas.
El verdadero reto consiste en desmontar la red económica y social que permite que, tras cada operativo, nuevas "habichuelas" vuelvan a aparecer en la esquina siguiente.
En colonias populares, bares, tiendas o pequeños locales, estos minicasinos siguen operando como discretos nodos de efectivo, control social y captación de jóvenes.
Para las autoridades federales, detrás de cada máquina no sólo hay un juego ilegal.
Hay una puerta de entrada a la economía criminal que sostiene a algunas de las organizaciones delictivas más poderosas del país.
ENGANCHAN A JÓVENES CON CASINOS Y DROGAS
En colonias populares ubicadas en los límites de Guadalajara y Zapopan, el reclutamiento de adolescentes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurre a plena vista, entre negocios de barrio, maquinitas tragamonedas clandestinas y redes de narcomenudeo que operan como primer punto de contacto con los jóvenes.
"Don José", nombre ficticio para proteger su identidad, relata que durante meses observó cómo grupos ligados al crimen organizado instalaron máquinas de casino en su pequeño negocio y en otros establecimientos de la zona. A cambio de permitirlas, los comerciantes recibían una especie de "protección".
"Yo llegué a tener hasta ocho maquinitas. A nosotros no nos pagaban dinero, sólo nos decían que nadie iba a venir a cobrarnos piso ni a molestar el negocio. Lo único que teníamos que hacer era darles luz", cuenta.
De acuerdo con su testimonio, estos espacios se han convertido en una trampa para adolescentes de entre 12 y 17 años que llegan atraídos por la posibilidad de ganar dinero rápido.
"Todos los chavos vienen con la ilusión de ganar dinero fácil", explica. "Pero entre ellos hay criminales que traen decenas o hasta centenares de monedas de cinco pesos para operar las máquinas".
El mecanismo, según el comerciante, consiste en simular ganancias para incentivar a los menores.
"Cuando un chavo se queda sin dinero, estos sujetos le prestan monedas para que siga jugando. Luego les dicen que ganaron hasta 500 pesos y les enseñan monedas o billetes como si el casino se los hubiera dado. Ninguno de los muchachos ve realmente el pago, pero le creen al adulto", relata.
Con el paso del tiempo, la dinámica cambia. El juego se mezcla con el consumo de drogas.
"Para que aguanten más tiempo les dan cigarros con metanfetamina, lo que llaman basuco. Los chavos creen que es un cigarro normal, pero ya es droga", afirma.
Según el testimonio, la combinación entre el juego y las sustancias genera una dependencia que facilita el control de los menores.
"Empiezan por el casino, luego por la droga para mantenerse despiertos y eufóricos, y después sólo se quedan con la droga. El casino ya es sólo un pretexto", dice.
Una vez enganchados, algunos adolescentes desaparecen del barrio.
"Yo he visto pasar decenas de jóvenes por mi negocio y muchos ya no regresan. Simplemente desaparecen", lamenta.
En la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades y especialistas en seguridad han documentado que el CJNG utiliza diversos mecanismos para captar adolescentes, desde redes de narcomenudeo y promesas de dinero rápido hasta el uso de videojuegos, redes sociales o casinos clandestinos.
Los jóvenes reclutados suelen iniciar como "halcones", vigilando movimientos de policías o grupos rivales, y posteriormente son incorporados como vendedores de droga, choferes, mensajeros o incluso sicarios dentro de la estructura criminal.
Para comerciantes como "Don José", el fenómeno se ha vuelto cotidiano y peligroso.
"Nosotros estamos amenazados. A mí me obligaron a poner las máquinas. Y uno ve cómo se llevan a los muchachos, pero no puedes decir nada", concluye.
