En medio de algunos reclamos por la atención tardía y el recuento de daños por los ataques a balazos y con drones, pobladores desplazados de la Montaña baja de Guerrero lograron que el Gobierno estatal les prometiera seguridad permanente en la zona para evitar más narcoviolencia de "Los Ardillos".
En la cancha de la localidad de Alcozacán, Municipio de Chilapa, donde desde la semana pasada hay desplazados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, las autoridades estatales entablaron diálogos para saber las condiciones de los afectados.
Jesús Plácido, dirigente del Consejo de Pueblos Indígenas de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), aseguró que también se pidió que el Gobierno pague los daños provocados por "Los Ardillos" y que detengan a sus líderes.
"Hay más de cien viviendas incendiadas en las tres comunidades y la gente perdió sus enseres domésticos, porque sus casas fueron saqueadas", relató.
Hasta ahora, Cipog-EZ ha encontrado los cadáveres de dos policías comunitarios más, lo que suman cuatro muertos, en Tula y en Xicotlán; también señala que hay otros cuatro desaparecidos, y que 15 lugareños fueron hallados vivos tras esconderse por los ataques.
Uno de los comisarios le reclamó al subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, que la atención se registra cuatro días después de que en distintos videos y mensajes los pobladores suplicaron ser ayudados.
En ese periodo, se han registrado cuatro policías comunitarios muertos, una mujer herida, así como viviendas incendiadas y saqueadas.
"Si el Ejército no se hubiera ido...", le reclamó el lugareño.
La respuesta del subsecretario fue tajante: "Aquí no es el momento de debatir. No venimos a ningún tipo de confrontación y no permitan que haya confrontación, porque son momentos de ayudarles".
Otro de los afectados soltó un reclamo más: "¿Pero no nos van a mentir otra vez?".
"Déjanos trabajar, después debatimos porque el tiempo apremia y nunca les hemos mentido", respondió Francisco Rodríguez.
El convoy estatal que acudió al lugar estuvo compuesto por 690 soldados del Ejército, 400 elementos de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, así como cinco helicópteros.
La fuerza federal y estatal provocó que integrantes de la Organización por la Paz y la Justicia, señalados como presuntos aliados de "Los Ardillos" y quienes un día antes impidieron con un retén la movilización oficial, desbloquearan la vía a la altura de Quechultenango.
Al mismo tiempo que estaba el convoy en la zona afectada, en Chilpancingo instalaron su centro de mando en el Palacio de Gobierno la Gobernadora Evelyn Salgado, con la presencia de Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Gobernación federal, y el subsecretario federal César Yáñez.
Los dos funcionarios federales ingresaron directamente a las oficinas de la Gobernadora Evelyn Salgado (Morena) a través de un elevador privado que está en el estacionamiento del Palacio.
