Habitantes de San Jerónimo Palantla, comunidad indígena del Municipio de Chilapa de Álvarez, acusaron a integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de violencia, desapariciones y desplazamientos ocurridos durante más de una década en la Montaña baja de Guerrero.
Los pobladores sostienen que la violencia comenzó en febrero de 2015, cuando rechazaron incorporarse al sistema de seguridad impulsado por la CRAC-PF, organización comunitaria surgida bajo el argumento de enfrentar al grupo criminal de "Los Ardillos", con fuerte presencia en la región.
"Todo fue por no sumarse", afirmó Constantino Nava Calvario, ex comisario de San Jerónimo Palantla y actual líder del movimiento.
De acuerdo con testimonios recabados en la comunidad, desde entonces, se registran al menos 15 asesinatos relacionados con el conflicto, entre ellos una mujer embarazada y otra víctima que había acudido previamente a exigir justicia ante autoridades estatales.
Además, los habitantes denunciaron desplazamientos forzados, detenciones comunitarias, desapariciones y amenazas permanentes.
"Nos hicieron una propuesta que nosotros rechazamos, por esa respuesta nos comenzaron a golpear y nos masacraron a cinco compañeros, entre ellos una mujer que estaba con tres meses de embarazo", relató Nava Calvario.
El ex comisario recordó que, a finales de 2014, integrantes armados de la recién creada CRAC-PF comenzaron a ingresar a esta comunidad para convocar a reuniones y pedir respaldo contra "Los Ardillos".
"Andaban en las calles del pueblo, ya traían sus armas y la gente se espantaba", narró.
Según su versión, el 8 de febrero de 2015 representantes comunitarios volvieron a insistir en que el pueblo se integrara al sistema de seguridad y justicia alternativa. Tras negarse, ocurrió el primer multihomicidio.
"Ellos tenían apenas un mes con ocho días de haberse integrado como comunitarios y nos fueron a matar a cinco compañeros", acusó.
El ex comisionario señaló que, además de los homicidios, 28 hombres, mujeres y niños fueron retenidos y trasladados a Ayahualtempa, comunidad identificada como bastión de la CRAC-PF.
"Ahí nos acusaron de ser delincuentes y narcotraficantes, cuando no teníamos ni armas para defendernos", sostuvo.
De acuerdo con su testimonio, los retenidos permanecieron varios días incomunicados y posteriormente fueron obligados a firmar documentos comprometiéndose a no denunciar los hechos.
"Tardaron tres días en darnos de comer", afirmó.
El conflicto ocurre en una de las regiones más violentas de Guerrero, donde durante años organizaciones comunitarias, grupos de autodefensa y células criminales han disputado control territorial, rutas y poder político.
En la zona operan grupos ligados a "Los Ardillos", organización criminal señalada por homicidios, desapariciones, extorsiones y ataques contra comunidades indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Sin embargo, habitantes de San Jerónimo Palantla sostienen que, contrario al discurso público del CIPOG-EZ y la CRAC-PF, ellos no fueron víctimas directas de "Los Ardillos", sino de las propias guardias comunitarias que buscaban expandir su estructura regional.
Por las agresiones registradas en más de una década, los pobladores aseguran que existen denuncias penales y al menos 60 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
Tras los primeros ataques, señalaron, hubo reuniones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), autoridades estatales y el Ayuntamiento de Chilapa, aunque sostienen que nunca hubo justicia para las víctimas.
"Quedaron de que no habría más agresiones, pero nadie dijo nada de nuestros cinco muertos", reprochó Nava Calvario.
Exige Huitzapula buscar a desaparecidos
Familias de la comunidad de San Pedro Huitzapula, del Municipio de Atlixtac agradecieron al Gobierno el envió de fuerzas de seguridad y exigieron la búsqueda de un funcionario desaparecido, así como justicia en el caso de personas asesinadas.
"Lo que nos está pasando es una realidad, es una realidad y no estamos diciendo cosas falsas de lo que no está pasando en el pueblo", dijo a través de un video una mujer que reafirmó que sí fueron incendiadas viviendas en ese poblado.
El grupo de familias piden que en su comunidad se construya un Hospital regional y un banco del Bienestar. Asimismo, exigen que el Congreso local apruebe que su comunidad se convierta en un nuevo Municipio.
De acuerdo a la versión del Gobierno del Estado, desde este jueves, arribaron a esa zona un convoy del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal para reforzar las tareas de seguridad.
