Con los comicios en puerta, el Congreso de la Unión se alista para aprobar con prisas la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum que busca posponer para 2028 la elección judicial y cumplir con los plazos que exige la ley para la entrada en vigor de las reformas electorales.

Se espera que el próximo jueves, la Comisión Permanente avale un periodo extraordinario para procesar la reforma constitucional y enviarla a los Congresos locales, a fin de cumplir con el artículo 105 de la Constitución.

Este precepto establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Además, prohíbe que durante el mismo se realicen modificaciones legales fundamentales en materia electoral.

De acuerdo con la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral 2027 iniciará la primera semana de septiembre próximo, fecha en la que el Consejo General del INE llevará a cabo su primera sesión formal para dar inicio a los comicios.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que para cumplir con el plazo de 90 días establecido por la Constitución, el periodo extraordinario para discutir y aprobar las modificaciones propuestas por la Presidenta deberá llevarse a cabo entre el 20 y 30 de mayo.

La ruta que el también presidente de la Junta de Coordinación Política negocia con los coordinadores parlamentarios plantea la recepción y turno de la iniciativa presidencial en la sesión de la Comisión Permanente, el próximo jueves.

Ese mismo día, se llevaría a cabo la votación de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones y la distribución del dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras.

La propuesta plantea que la iniciativa del Ejecutivo sea dictaminada el 26 de mayo, con el objetivo de que al día siguiente, se instale formalmente el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y ese mismo día, se lleve a cabo la discusión y votación de la reforma en el pleno.

Tras su aprobación será remitida al Senado que, tras avalar la reforma, deberá remitirla a los Congresos locales, en donde deberá logra el aval de por lo menos 17 de ellos para que sea declarada reforma constitucional y enviada al Ejecutivo federal para su publicación y posterior entrada en vigor.

Ayer, la Presidenta anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para aplazar la elección judicial a 2028 y empatarla con una eventual consulta de revocación de mandato, luego de que en marzo pasado, fracasó en su intento de que se aprobara una reforma a la Carta Magna para que el ejercicio de revocación de mandato pudiera adelantarse a 2027, con la finalidad de que fuera concurrente con la elección intermedia federal.

El proyecto, cuya redacción final aún no se conoce, retrasa la elección judicial, originalmente establecida programada para llevarse a cabo en 2027, al domingo 4 de junio de 2028.

Ese año deberán elegirse cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; 463 magistrados de circuito; 386 jueces de distrito, y, en el ámbito local, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados.
La propuesta del Gobierno federal también plantea cambios en materia de modificaciones al modelo de votación, reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación.