La investigación arqueológica en México se redujo casi a la mitad en una década.

La propia Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoce que la caída no se explica sólo por la pandemia. Su titular, Francisco Mendiola Galván, la atribuyó a las restricciones normativas de la Secretaría de Hacienda y a los recortes presupuestales.

Los proyectos arqueológicos y paleontológicos validados en el País pasaron de 394 en 2016 a 192 en 2026, con corte al 15 de octubre. Si se cuenta sólo la investigación arqueológica, sin los proyectos de conservación que hasta 2019 se sumaban al total, la caída fue de 276 proyectos en 2016 a 150 en 2025, 46 por ciento.

Mendiola expuso este diagnóstico unas semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobara, el pasado 11 de noviembre, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que propuso para el INAH 5 mil 603 millones de pesos.

El documento no permite saber cuánto de ese monto se destinará a la investigación arqueológica, pues los recursos para los proyectos se distribuyen dentro del propio Instituto.


"Esto ha ido a la baja de una manera muy notoria, casi el 50 por ciento para el año 2026", dijo Mendiola el 23 de octubre en el Coloquio de Antropología e Historia Regionales de El Colegio de Michoacán, en Zamora.

Mendiola presentó las cifras del Sistema Institucional de Proyectos (SIP), la plataforma en la que se registran y validan todos los proyectos del Instituto. Pero advirtió: "la realidad es otra".


Puso como ejemplo la Dirección de Estudios Arqueológicos, que registra en promedio entre 15 y 20 proyectos en el SIP.

"Hubo una situación compleja por todas las restricciones normativas de la Secretaría de Hacienda, en donde uno o dos proyectos se van a realizar o se están realizando de los 20 que se habían propuesto", explicó Mendiola.

Si bien la caída de 2020 se explica por la pandemia, en los años siguientes la cantidad de proyectos no repuntó: osciló entre 172 y 209, lejos de los 363 de 2019.

"Las restricciones hacendarias, y aparte el filtro de la Secretaría de Cultura, han desestimulado, han incentivado de manera muy baja la integración de proyectos de investigación", sostuvo el funcionario, sin dejar de mencionar los "recortes presupuestales" y una "burocracia altísima" que desalienta a los investigadores.

En su presentación, la Coordinación sostiene que "el creciente déficit presupuestario en el Instituto, aunado a la política gubernamental de austeridad", ha generado "incertidumbre en el financiamiento para la investigación", lo que "en cierta medida ha motivado el desinterés por llevar a cabo proyectos de investigación arqueológica, paleontológica y subacuática que son motivados por un interés científico, en particular de aquellos que requieren trabajos en campo".

Los proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología y sus direcciones bajaron de 106 en 2016 a 69 en 2026, y la Subdirección de Arqueología Subacuática pasó de 14 proyectos en 2019 a sólo dos en 2024.

Alcanzar 'los siete cielos'

Para que un proyecto reciba recursos debe superar siete niveles del SIP: captura, visto bueno, aprobación, revisión, autorización, validación y proyecto validado. Según los Lineamientos del sistema, publicados en febrero de 2024, la parte académica concluye en el tercer nivel. Los cuatro restantes son revisiones administrativas y presupuestales, con plazos que, sumados, superan los dos meses.

"Hay mucha crítica, dicen 'los siete cielos': llegar al séptimo es difícil para algunos proyectos específicos", reconoció Mendiola, quien informó que el Instituto analiza reducirlo a cinco niveles.

En entrevista, el arqueólogo José Luis Punzo Díaz, investigador del Centro INAH Michoacán, lo describe como un juego de serpientes y escaleras: "De repente te bajan otra vez todo".

La eliminación del SIP ha sido una demanda de los investigadores quienes en la carta difundida en junio pasado, donde reiteraban su exigencia de mesas de trabajo, acusaban que la burocracia administrativa tenía secuestrada a la institución.

Efraín Flores, dirigente del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD), reconoce que el Instituto requiere instrumentos para rendir cuentas, pero advierte que el SIP tiene "una serie de condiciones que muchas veces para un buen sector de los investigadores resultan engorrosos, lentos o altamente burocráticos".

"Los proyectos pueden tener un retraso hasta de más de medio año. Incluso actualmente hay algunos proyectos que apenas recibieron hace poco su aprobación, pero no han podido ser administrados, por ejemplo, los recursos para el personal", señala en entrevista.

El principal nudo, explica, está en la aprobación de Hacienda a través de la Secretaría de Cultura, cabeza del sector.

Flores propone que los niveles funcionen "como peldaños", de modo que un error en el quinto o sexto paso se corrija ahí y no obligue a regresar al primero, algo que, dice, "lo único que provoca es que se desincentive el ingreso de los proyectos de investigación".

"La Secretaría de Hacienda y todo el reglamento que se genera a partir del Gobierno federal no está enfocado a proyectos de investigación como los que llevamos a cabo en el Instituto", considera Punzo.

Achaca también a las reglas de Hacienda los pocos días de trabajo de campo y la dificultad para comprobar gastos.

"Me parece que son siete días que se tienen autorizados de campo, o seis días autorizados de campo continuo. Entonces eso, para un proyecto de arqueología, pues no funciona", explica.

Incluso, dice, comprobar el gasto en gasolina o en comidas en comunidades alejadas a veces consume más tiempo que la parte de investigación.

Hoy es "prácticamente imposible" mantener proyectos de formación con estudiantes, porque, a decir suyo, "es muy difícil generar campamentos, condiciones de alimentación para los muchachos".

Y cuando hay fondos externos para comprar equipo, los trámites ante el Instituto, la Unidad de Gobierno Digital y Hacienda pueden agotar los plazos.

"Aunque a veces tienes el recurso, pues no lo logras. Y eso es una lástima", agrega.
Para Flores, el límite de días de campo viene de la normativa de austeridad.

"La misma ley de austeridad marca ciertos límites y condiciones para el trabajo de campo, cosa que el INAH no debería aplicar, porque las temporadas de campo (...) requieren a veces meses en campo", señala. Hay excepciones, pero "hay que estar justificando todo el tiempo". La restricción, precisa, rige desde los últimos dos sexenios.

Contratar por servicios

Parte de los arqueólogos que trabajan en los proyectos no ocupa una plaza sino que se contrata mediante la partida 33901, que el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal define como "subcontratación de servicios con terceros".

"Se cruza el asunto de las partidas, la 33901, que es el contrato por servicios. Y bueno, pues se está pretendiendo regresar al Capítulo 1000, que tiene otra forma de contratación, porque la 33901 es compleja ante la burocracia impuesta por la Secretaría de Hacienda", explica Mendiola.

El Capítulo 1000, en cambio, es el de servicios personales, que según el mismo Clasificador agrupa "las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios" y prestaciones. Volver a él permitiría al Instituto contratar directamente a ese personal, en lugar de pagarle como prestador de un servicio.

"Ojalá y se regrese a la contratación directa de los arqueólogos del Capítulo 1000, que creo que eso sería un beneficio sobre todo para el sector que es el más desvalido, creo yo, de los trabajadores.

"Normalmente son muchachos jóvenes, (...) muchos de ellos van iniciando sus carreras, y creo que es muy importante que cuenten con mayor seguridad y que sea más fácil su contratación", opina Punzo, integrante del Consejo de Arqueología.

Flores agrega que las plazas también dependen de Hacienda.

"Tenemos un problema grave con las plazas, porque las plazas en investigación (...) están reguladas por la Secretaría de Hacienda. Hay diversas disposiciones y circulares que ralentizan la posibilidad de sacar a concurso las plazas", señala.

Según el dirigente sindical, el personal que no tiene plaza "en una muy, pero muy buena parte" se emplea en los proyectos de salvamento ligados a las obras de infraestructura.

Crece el salvamento

Mientras la investigación por interés científico disminuye, los salvamentos arqueológicos, que se realizan ante obras de infraestructura, aumentan. De acuerdo con las cifras de la Coordinación, entre 2021 y 2025 los proyectos de salvamento pasaron de 26 a 58 y los de interés científico bajaron de 123 a 92.

En los Centros INAH, el salvamento creció de dos proyectos a 29.

Mendiola lo atribuye a una demanda "a nivel federal, estatal, municipal y de privados" que "se ha incrementado de manera exponencial, casi", con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, Vivienda para el Bienestar y el Tren Interoceánico.

El propio Instituto admite un subregistro: el SIP contabiliza 221 salvamentos en cinco años, cuando los Centros INAH reportaron alrededor de 550.

Punzo matiza que el salvamento no le resta recursos a la investigación científica.

"Los proyectos de salvamento arqueológico y los proyectos de rescate están financiados por terceros. No se financian con el dinero de los proyectos de investigación del INAH", aclara.

Agrega que el problema es que la bolsa para los proyectos de investigación del instituto "se ha reducido y se han complejizado las normas para poderlo ejercer".

Cuatro arqueólogos para el Plan Michoacán

De los 347 arqueólogos del Instituto, 171 están adscritos a los Centros INAH de los estados y el resto trabaja en áreas centrales, sobre todo en la Ciudad de México, según cifras que Punzo presentó en el mismo coloquio.

Otras instituciones suman alrededor de 100 arqueólogos más.

"Tenemos un universo de menos de 500 arqueólogos en el País contratados con una plaza de base para atender esta problemática", advierte Punzo.

El sindicato, anticipa Flores, buscará impulsar un reordenamiento de los investigadores en el País, porque "hay estados que tienen apenas uno o dos y otros que tienen muchos".

En México hay 67 mil 42 sitios arqueológicos registrados hasta diciembre de 2025.

En Michoacán son cuatro arqueólogos y con ellos el Centro INAH atiende 2 mil 132 sitios arqueológicos registrados y las obras del Plan Michoacán: ampliaciones carreteras, 82 mil Viviendas del Bienestar, Sembrando Vida en 300 mil hectáreas y caminos artesanales.

"Es una tarea inconmensurable para cuatro personas que estamos en el estado de Michoacán, y hay estados donde la situación es todavía más compleja", expone Punzo.

Además de inspecciones, salvamentos y rescates, los arqueólogos atienden denuncias, dictámenes periciales, museos comunitarios, docencia y divulgación.

Punzo apunta que algunas obras ni siquiera pasan por el INAH. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) interviene este año 369.5 kilómetros en 95 caminos artesanales, "en el cual no hay ninguna solicitud de nada, no tenemos información completa", denuncia el arqueólogo, quien documentó afectaciones directas a vestigios.

La otra amenaza es el aguacate, que ocupa 183 mil 711 hectáreas en el estado. El proyecto PERSEA analizó 549 sitios arqueológicos en 48 municipios: 33 por ciento está dentro de una huerta y 22 por ciento a menos de 100 metros.

En Tingambato, las huertas rodean la zona arqueológica y una olla para riego excavada junto a ella resultó más grande que su plaza central, en predios a los que los arqueólogos no tienen acceso, según el investigador.

Menos visitantes

A la caída en la investigación se suma la de la visita pública. En 2025, los espacios del INAH recibieron 9 millones 900 mil 450 visitantes, 38 por ciento menos que los 16 millones de 2019, según las cifras que expuso la Coordinación.

Mendiola habló de "la baja evidente de visita pública en zonas arqueológicas", que atribuyó a "causas de orden multifactorial".

Para el dirigente del SNPICD, el Instituto debe recuperar los llamados recursos autogenerados, los ingresos por la entrada a zonas arqueológicas y museos y por otros servicios, que se depositan en la Tesorería de la Federación.

"Desde hace varios años ya no se dispone por parte de la institución de los famosos autogenerados", señala Flores, quien pidió al Congreso, a Hacienda y a la Presidencia reconsiderarlos, "incluso la ampliación presupuestal".